DAMIAN LORETI, UNA DE LAS PERSONALIDADES ACADÉMICAS MÁS DESTACADAS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN, ADVIRTIÓ QUE "TODA DECISIÓN QUE ADOPTEN" LAS NUEVAS AUTORIDADES DE LA AFSCA "RESULTA CONTRARIA A LAS REGLAS QUE EXIGE LA CONVENCIÓN AMERICANA PARA REGULAR MATERIAS VINCULADAS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN", LO QUE IMPLICARÍA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL PARA EL ESTADO ARGENTINO.
El pasado 24 de diciembre, efectivos de la Policía Federal realizaron un allanamiento dispuesto por el juez Julián Ercolini en la sede de la AFSCA y desalojaron a Martín Sabbatella, quien era el titular del organismo hasta que el ejecutivo impuso un decreto que lo expulsó del cargo. A partir de ese momento, diferentes voces se manifestaron en contra de la controvertida medida del gobierno de derecha encabezado por el procesado presidente Mugrizio Macri.
Damián Loreti, abogado por la UBA y doctor en Comunicación por la Universidad Complutense (Madrid, España), cuestionó la intervención a la AFSCA y la AFTIC porque “se viola la ley para poner partidarios políticos que vendrían a hacerla cumplir y a poner fin a la 'rebeldía' de las autoridades legalmente nombradas”.
Loreti, uno de los principales redactores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) recordó las consideraciones que obran en el Informe anual 2009 de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la OEA (Organización de Estados Americanos), a cargo por entonces de Catalina Botero Marino, y que fue publicado en el 2009.
"La Relatoría aconsejaba lo que la Ley 26.522 de SCA, sancionada meses antes, había previsto. Exactamente lo opuesto a la política que el nuevo gobierno ha llevado adelante desde su asunción”, explica el también vicepresidente de Amarc (Asociación Mundial de Radios Comunitarias).
"Es importante contemplar un órgano colegiado cuyos miembros sean elegidos a través de un proceso de designación transparente, que permita la participación ciudadana y guiado por criterios de selección previos y objetivos de idoneidad. También debería establecerse un estricto régimen de inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de interés para asegurar la independencia tanto del gobierno como de otros sectores vinculados a la radiodifusión. Es necesario aclarar que deben ser funcionarios autónomos que sólo están sometidos al imperio de la ley y la Constitución", señaló.
"Además, es conveniente prever plazos fijos de duración de los mandatos que no coincidan con los plazos de duración de los mandatos de quien participa en su designación y que se contemplen renovaciones parciales escalonadas de sus miembros. Asimismo, deberían preverse mecanismos de remoción de los integrantes que sean transparentes, que sólo procedan ante faltas muy graves previamente establecidas en la ley, y que aseguren el debido proceso, en especial, la revisión judicial, para evitar que se utilicen de modo arbitrario o como represalia ante decisiones adoptadas”, finalizó Loreti.
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