EN UN COMUNICADO DE LA CANCILLERÍA, EL GOBIERNO CALIFICÓ COMO "UNA BURDA OPERACIÓN POLÍTICO-MEDIÁTICA PARA INTERFERIR EN EL PROCESO ELECTORAL" LA AUDIENCIA REALIZADA POR LA CIDH SOBRE LA “SITUACIÓN DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LA ARGENTINA”.
El Gobierno, a través de los ministros de Justicia, Julio Alak, y de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, denunció "una burda operación político-mediática para interferir en el proceso electoral" argentino, orquestada por sectores vinculados a la oposición y al Grupo Clarín, en referencia a la audiencia que realizó hoy en Washington la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la "situación de la independencia judicial en la Argentina".
La audiencia, anunciada la semana pasada en el diario Clarín y reproducida ayer por el portal web de ese matutino, fue solicitada por las organizaciones Poder Ciudadano, Cippec, Asociación por los Derechos Civiles y Unidos por la Justicia, a las que el Gobierno vinculó con la oposición.
Alak anunció que el Gobierno se presentará a la justicia federal para que determine si el pedido de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicitaron organizaciones civiles argentinas, para que se investigue la supuesta injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial, violó la veda electoral en vigencia.
"El Gobierno considera que es una forma encubierta de violar el código electoral, en tiempos de veda, y que el pedido fue pensado como una manera de impactar negativamente al Gobierno en la opinión pública", explicó el ministro de Justicia en la Casa Rosada.
Antes de que hablara Alak, Timeran leyó una declaración en la que sostuvo que "el Gobierno argentino denuncia que dicha audiencia fue una burda operación político-mediática para interferir en el proceso electoral argentino orquestada por sectores vinculados a la oposición y al Grupo Clarín".
"Como es de público y notorio conocimiento, en pocas horas se celebrarán en nuestro país elecciones generales, en cuyo marco se elegirá al nuevo Presidente de la República, entre otros importantes cargos electivos en el orden nacional y provincial", enfatizó.
En esa línea, dijo que "consecuente con sus obligaciones internacionales y su compromiso con la democracia y los derechos humanos, la Argentina ha rechazado la referida convocatoria a esa audiencia por considerarla inaceptable, inadmisible e improcedente".
Asimismo, recordó que "hace más de un mes la embajadora ante la OEA, Nilda Garré, se comunicó con el secretario General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para explicarle las implicancias negativas de que la OEA trate un tema que forma parte del debate electoral a 48 horas de las elecciones nacionales".
Timerman reveló también que "ante la negativa de la Comisión de postergar unos días la realización de la audiencia es que me vi obligado a enviar una carta a la Comisión de la OEA anunciando que la Argentina no participaría de una audiencia con un claro objetivo de interferir en el proceso electoral”.
"Cabe resaltar que la Argentina ha participado en más de 300 audiencias desde el año 2003 siendo ésta la primera vez que se ve obligada a no presentarse", detallo el canciller, quien insistió en que "es preocupante si los miembros de la Comisión no se han percatado de la clara direccionalidad política de las asociaciones peticionantes y sus objetivos político-mediáticos".
"Sería muy grave si la Comisión decidió a sabiendas igualmente participar de la operación mediática contra el gobierno argentino", aseveró y analizó que "llama poderosamente la atención que esa Comisión" haya decidido igualmente convocar a la audiencia para un tema que "no requiere un trato urgente, una resolución inmediata o una acción para evitar un perjuicio irreversible".
En esa dirección, sostuvo que "no es ajeno a esta lamentable actitud el tema del financiamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Toda vez que se acepta dinero de fuentes privadas o de países no americanos, sin que los Estados miembros de la OEA tengan el derecho de decidir el destino del mismo".
"Este sistema de financiamiento -puntualizó-, criticado por nuestros países, convierte a la Comisión en instrumento de intereses políticos que nada tienen que ver con los Derechos Humanos y que sirven a los objetivos de países y grupos políticos que buscan interferir en los asuntos internos de nuestros países", añadió el titular de la diplomacia argentina.
¿Quiénes son los grupos que solicitaron la audiencia?
La diputada nacional por el PRO, Laura Alonso, fue Directora Ejecutiva de Poder Ciudadano inmediatamente antes de postularse como candidata; Unidos por la Justicia tiene como director académico a Germán Garavano, ex Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires y referente del mismo partido político y Álvaro Herrero asesor del candidato opositor Sergio Massa y miembro de Poder Ciudadano; Alejandro Carrió, abogado del grupo mediático opositor Clarín, es el vicepresidente de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); y Nicolás Ducoté, Subsecretario de Asuntos Públicos del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la actual gestión del candidato presidencial Mugrizio Macri (PRO), es referente y miembro del Consejo de Fundadores de CIPPEC.
"A través de este accionar, los solicitantes han pretendido, infructuosamente y con argucias utilizar una herramienta que brinda el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para introducir un debate político durante la veda electoral que rige de acuerdo con la normativa del Estado argentino", explica el comunicado de Cancillería.
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