EL EX TITULAR DE LA SIDE DURANTE LA GESTIÓN MENEMISTA, ALEGANDO UNA RECOMENDACIÓN MÉDICA, SE NEGÓ A PRESTAR DECLARACIÓN INDAGATORIA ANTE LOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL ORAL FEDERAL 2, EN EL MARCO DEL JUICIO QUE SE LLEVA ADELANTE POR EL ENCUBRIMIENTO DEL ATENTADO A LA AMIA.
"Por recomendación de mis médicos, no voy a declarar", aseveró ayer a la mañana el ex funcionario, de 77 años, quien, luego, al responder la requisitoria de sus datos personales por parte del Tribunal, dudó y, finalmente, no pudo dar cuenta de su número de documento nacional de identidad.
La semana pasada, a instancias de un informe de peritos médicos, los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilli habían rechazado un planteo de la defensa de Anzorreguy, que había pedido excluirlo del debate por razones de salud.
De este modo, ayer a la mañana, Anzorreguy asistió por primera vez al juicio oral y público que se ventila desde el 6 de agosto pasado por el encubrimiento del atentado a la Amia, en los Tribunales Federales de Comoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro.
Luego de que se negara a declarar, el TOF2 procedió a leer las declaraciones que el ex funcionario había presentado por escrito durante la instrucción de la causa, en las que deslindaba cualquier tipo de responsabilidad en relación a la denominada “pista siria” y al presunto pago de 400 mil dólares para acusar a policías bonaerenses.
Allí, el ex titular de la Side durante el gobierno del turco mufa se defendía diciendo que, “durante toda la investigación” del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994, había puesto “a disposición todo” lo que tenía a su alcance, acorde con la orden que le había impartido el entonces presidente.
“No me correspondía investigar a mí la actividad que realizaba el juez (en alusión a Juan José Galeano), ni para qué usaba el dinero, ni para qué necesitaba viajar a un determinado lugar. Sólo evaluaba las posibilidades fácticas de cumplir sus requerimientos”, señalaba Anzorreguy en uno de los escritos.
En este sentido, sostenía que, a los pocos días de ocurrido el ataque, había recibido “expresa orden” del ex presidente de facilitarle al juez “todos los recursos” que fueran necesarios para que pudiera avanzar con el proceso para identificar a los responsables del ataque.
“Mi actuación fue la debida”, insistió en remarcar Anzorreguy e indicó que el hecho de que “el manejo de fondos (por parte de la ex Side) fuera secreto, no quiere decir que fuera ilegal; lo demás, se trata de fábulas absurdas”. De hecho, consignó que los 400 mil dólares habían sido solicitados por el entonces juez Galeano "para proteger a Carlos Telleldín y su familia".
Además, en distintos tramos de sus escritos, el ex titular de la Side aludió a la Ley de Inteligencia vigente al momento del atentado y la investigación judicial, y sostuvo que esa norma establecía que la Secretaría de Inteligencia debía actuar como “auxiliar” de la Justicia.
Por otro lado, de la lectura de sus testimonios se pudo escuchar que, en su momento, Anzorreguy también negó cualquier tipo de vinculación con el empresario de origen sirio Alberto Jacinto Kanoore Edul, vinculado al ex presidente oriundo de La Rioja y sobre quien apuntaba la denominada “pista Siria”.
En el marco de esta causa, Anzorreguy es uno de los trece acusados, entre los que se cuentan el ex presidente Carlos Menem; el ex juez del caso, Juan José Galeano; el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja; y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.
Con la audiencia de ayer finalizó la instancia de las indagatorias de los acusados, con lo cual la semana próxima comenzará la etapa testimonial.
Sin embargo, antes, el Tribunal deberá resolver si hace lugar o no a planteos realizados ayer por la defensa de los ex fiscales para que no se cite como testigo en este proceso a los ex policías Juan José Ribelli, Mario Barreiro e Irineo Leal.
Es que, tras la finalización de la lectura de las declaraciones de Anzorreguy durante la instrucción, el TOF2 anunció que, en la audiencia del próximo jueves, se abriría la etapa de las testimoniales con la presencia del ex comisario Juan José Ribelli, algo que, ahora, deberá ser revisado o ratificado por el Tribunal.
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