El operativo tuvo lugar en la compañía Taeda SA, ubicada en la localidad de Eldorado, y se trató de una inspección de situación previsional de los empleados, informó hoy el organismo.
A partir de una denuncia realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el juez federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, ordenó el allanamiento a la empresa que el año pasado facturó unos 19 millones de pesos.
"Dado que Taeda SA (integrada por Rolando Jorge Ranger, Enrique Ranger y Susana Ranger) se resistió a la inspección en procedimientos anteriores, la Justicia dispuso que el Escuadrón 10 de Gendarmería Nacional se ocupe de cercar el predio y así evitar la fuga de personas hacia campos linderos", informó la dependencia nacional a través de un comunicado de prensa.
Según constataron los inspectores de la AFIP, los 71 trabajadores relevados no estaban declarados por el empleador y realizaban sus tareas bajo condiciones de sometimiento.
De acuerdo a lo indicado, en este caso la evasión previsional supera los $ 100.000 mensuales. "Dentro de la documentación secuestrada, se destacan pagarés firmados en blanco que los empleadores le hacían firmar a los trabajadores, para que no los denuncien o no abandonen el trabajo", consigna el comunicado.
Además, el organismo tributario señaló que "se constató que los trabajadores debían abonar los alimentos y las vestimentas provistos por los empleadores, que se les descontaba de sus salarios".
Para la AFIP, los titulares de la firma "serían los responsables directos de los trabajadores relevados por el hecho de que los mismos estaban prestando servicios para la empresa, en su predio, desarrollando actividades propias del objeto social de dicha compañía".
La normativa de procedimiento tributario contempla como presunción general que las remuneraciones no declaradas pueden ser consideradas como ganancia neta imponible en el Impuesto a las Ganancias y base para determinar ventas netas omitidas en el Impuesto al Valor Agregado.
Se ha relevado documentación relacionada a firmas proveedoras prácticamente exclusivas de la firma allanada, insolventes y con un deficiente cumplimiento fiscal que "a priori estarían siendo utilizadas para ahuecar la base imponible".
Con un minucioso trabajo, concluye el parte de prensa, "se han corroborado los incumplimientos a las obligaciones de los Recursos de la Seguridad Social, se ha demostrado la existencia de personal no declarado y se han individualizado a los distintos empleadores y trabajadores".
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