Los allanamientos, llevados a cabo por la fiscalía de instrucción número 43, a cargo del fiscal Carlos Velarde, fueron realizados en las últimas horas en oficinas del Ejecutivo porteño y de La Usina Producciones, firma del periodista y candidato a diputado por la alianza Cambiemos.
El escándalo desatado tras la denuncia que implica a una empresa perteneciente al periodista deportivo y candidato a diputado por el frente Cambiemos, Fernando Niembro, por un contrato millonario con el Gobierno de la Ciudad parece agravarse.
Ayer, efectivos policiales llevaron a cabo una serie de allanamientos en las oficinas del Ejecutivo porteño y de La Usina Producciones, firma del periodista y candidato del PRO.
Los cinco procedimientos fueron realizados por la fiscalía de instrucción 43, a cargo del fiscal Carlos Velarde, luego de que el funcionario judicial, el viernes último, realizara un requerimiento al juez de instrucción Roberto Ponce, quien autorizó allanamientos u órdenes de presentación para avanzar en el sumario abierto para averiguar si se cometió el delito de“administración fraudulenta”.
En tanto, ayer a la mañana el abogado Antonio Liurgo ratificó y amplió la denuncia que días atrás presentó contra el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y el periodista deportivo Niembro.
Al ampliar la denuncia, Liurgo aportó datos y documentación relacionada con Aldana Meza (entre ellos su situación fiscal), a quien en 2014 Niembro habría cedido cuotas de la firma “La Usina Producciones S.R.L.”
Días atrás, cuando promovió la acción penal, el abogado pidió el “allanamiento” y el “inmediato secuestro de documentación” de la Dirección de Compras y Contrataciones del gobierno porteño.
Las fuentes consultadas dijeron que Ponce “autorizó las medidas de pruebas requeridas por Velarde”, pero dejó en manos del fiscal -quien tiene delegada la instrucción de la causa- la forma y oportunidad para llevarlas a cabo.
El denunciante consignó en su presentación incial que Niembro “se habría beneficiado en forma irregular mediante contratación directa (del gobierno porteño) a la empresa ‘La Usina Producciones S.R.L.’, por una suma que se aproxima a los 20.000.000 de pesos”. Asimismo, sostuvo que se utilizó el argumento de la “premura” para realizar contrataciones sin licitación pública.
Liurgo pidió al juez que cite a declarar como testigos a Eisler, a la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Gabriela Alegre y al auditor del gobierno porteño Eduardo Epzteyn, pero según informaron fuentes judiciales, hasta ayer a la mañana en la causa “no hubo ninguna otra presentación” que no fuera la del letrado.
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