El Gobierno le pidió a la Justicia que proteja a Stiuso

Puso a disposición del juez federal Luis Rodríguez “todos los recursos” para garantizar la seguridad del ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, quien semanas atrás denunciara amenazas en su contra y solicitara protección para sus hijas en el marco de causas que tramitan ante el juzgado a cargo de ese magistrado.

En una presentación efectuada ayer mediodía, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, señaló que “sin perjuicio de que el nombrado ha rechazado la custodia oportunamente ofrecida, resulta necesario extremar todos los recaudos posibles para brindarle la máxima protección estatal”.

Asimismo, ofreció la posibilidad de incluir al ex funcionario en el Programa de Protección a Testigos e Imputados, que depende de la cartera a su cargo.

La presentación agrega que el Art. 79 del Código Procesal Penal de la Nación establece que “desde el inicio de un proceso penal hasta su finalización, el Estado nacional garantizará a las víctimas de un delito y a los testigos convocados a la causa por un órgano judicial el pleno respeto” del  derecho a “la protección de la integridad física y moral, inclusive de su familia”.

Alak indicó que, por lo tanto, “el Poder Judicial de la Nación es el único poder del Estado que tiene la potestad de adoptar las medidas protectivas necesarias para garantizar la integridad física de las personas intervinientes en el proceso”.

Asimismo, recordó “las recientes declaraciones del asesor letrado de Antonio Stiuso,  Santiago Blanco Bermúdez, efectuadas a través de medios masivos de comunicación, en las cuales manifestó que su cliente está siendo víctima de ‘amenazas’ y ‘hechos de violencia’”., al tiempo que, en  virtud de esos antecedentes, ofreció a la Justicia la “más amplia y absoluta disposición de todos los recursos con que cuenta el Poder Ejecutivo Nacional” para proteger al ex agente.

“Por último, se pone a disposición también la posibilidad de incluir al nombrado Antonio Horacio Stiuso dentro del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, dependiente de la cartera a mi cargo, en los términos y condiciones previstos por la Ley 25.764”, indicó el ministro en el escrito.