Nueva demanda contra el Decreto Clarín por inconstitucionalidad

Damián Loreti advierte que el DNU busca que el multimedios gane tiempo ante un eventual fallo adverso por la Ley de Medios.

 

Damián Loreti

El sábado a la madrugada, el abogado Damián Loreti terminó de redactar la demanda por inconstitucionalidad que interpondrá la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) redactado por los abogados de Clarín y firmado por Mugrizio Macri, que crea un fuero especial para las empresas periodísticas de la ciudad de Buenos Aires.

 

La Cositmecos, que encabeza el gremialista Horacio Arreceygor (sindicato de televisión), planteará ante la justicia nacional que el DNU de Macri viola numerosos artículos de la Constitución (los artículos 31, 116, 126 y 75 incisos 12 y 19), y que también desconoce apartados clave de leyes de fondo, sancionadas por el Congreso, como el Código Civil, el Código Comercial, la ley de Concursos y Quiebras, el Estatuto del Periodista, la ley de Contrato de Trabajo, la ley de Sociedades Comerciales, la legislación que regula la Comisión Nacional de Valores, entre otras normas trascendentes que tienen plena vigencia para todo el país. Incluso en la ciudad autónoma.

 

Loreti es un abogado especializado en la normativa vinculada a los medios. Miembro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), docente de la materia Derecho a la Información de la UBA, es también el director de la maestría en Estudios Interdisciplinarios en Servicios de Comunicación Audiovisual en esa misma universidad. En el año 2009, Loreti dedicó muchísimas horas a la redacción del anteproyecto de Ley de Medios. El resto es historia. La propuesta, tras la participación de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, fue aprobada por el Parlamento y convertida en la ley 26522. "Plantearse una reforma para darle más oxígeno al pluralismo y la diversidad en los medios de comunicación, como también impulsar reformas en el Poder Judicial, genera enfrentamientos con los sectores más conservadores de cada uno de esos espacios", evalúa Loreti.

 

El abogado especializado en comunicación siguió con interés el debate que generó el paquete de propuestas de cambios para el Poder Judicial. Como miembro del CELS, participó de la audiencia en la que el organismo de Derechos Humanos reclamó modificaciones para la reglamentación de las medidas cautelares. Las sugerencias del CELS fueron incorporadas al proyecto impulsado por el gobierno. "Nosotros tratamos de incidir, y se logró, en sumar algunas cosas que hicieran más flexibles las condiciones de acceso para la obtención de la medida cautelar. Porque el CELS muchas veces interpuso cautelares, sobre todo para la obtención de un recurso efectivo en la protección de derechos", dice Loreti a modo de balance.

 

Antes de enumerar todos los artículos de la Constitución, de leyes fundamentales de alcance federal, de la Carta Magna de la Ciudad y de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos con rango constitucional que viola el DNU del procesado jefe de gobierno, Loreti se interesa por el objetivo político-jurídico de la iniciativa macrista.

 

Para Loreti, el gobierno de la Ciudad decidió facilitarle al Grupo Clarín un escenario legal que le permita seguir ganando tiempo. Su sospecha es que el DNU de Macri permitiría a Héctor Magnetto y sus abogados aprovechar la controversia en torno a la competencia –local o federal– que se abrirá en este caso para retardar el inminente fallo de la Corte Suprema sobre la cuestión de fondo de la Ley 26.522: el debate sobre la constitucionalidad de los artículos sobre desinversión y tope de licencias.

 

"En el terreno de las hipótesis, con este DNU funcionando y en vigencia, cabría la posibilidad de que alguien fuera al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y pidiera someterse a la competencia de la ciudad. Luego pediría que la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial, antes de resolver la apelación a la Corte, se inhiba y mande el expediente sobre la cuestión de fondo al máximo tribunal de la Ciudad. Si eso ocurre, mientras se discute la competencia –un proceso en el que la Corte Suprema va a terminar declarando la inconstitucionalidad del DNU–, va a pasar tiempo. Porque debatir la competencia implicaría retardar el fallo de fondo para intentar que pasen las elecciones. Que la cautelar que suspende la adecuación para el Grupo Clarín dure más", plantea Loreti con el tono de quien está haciendo una advertencia.

 

Tras revisar al detalle el DNU firmado por el ex hijastro de Flavia Palmiero, y sobre todo el anexo que lo acompaña, Loreti comprobó una larguísima lista de inconsistencias, contradicciones, incumplimientos y violaciones a buena parte de la arquitectura jurídica del país. El decreto también permitiría incumplir resoluciones del INADI en materia de discriminación. Lo mismo con el decreto que prohíbe la publicación de avisos clasificados que promuevan la prostitución (el famoso rubro 59 de Clarín). De todos los horrores jurídicos que encontró Loreti el que más lo sorprendió es lisa y llanamente un acto de mala fe. Se trata de una burda omisión al citar, en el anexo del DNU, el artículo 13 inciso 3 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (el Pacto de San José de Costa Rica).

 

Ese artículo dice textualmente: "No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones". Loreti muestra su descubrimiento con una sonrisa incrédula. "Cuando ese artículo aparece citado en el texto del anexo del decreto, falta la palabra ‘particulares’. Con esa omisión le están rebajando el estándar a la propia Convención Interamericana sobre Derechos Humanos por vía de un DNU. Eso es algo muy serio", subraya.

 

La ausencia de la palabra "particulares" no es inocente. Busca ocultar que la gestión de Clarín y La Nazión en Papel Prensa, que perjudicó a los diarios de la competencia, puede ser catalogada como una restricción indirecta al derecho de expresión. Por otro lado, y en relación con las campañas que está lanzando Clarín para generar temor entre sus empleados, el abogado recordó que la Cositmecos firmó un convenio con el AFSCA, con la supervisión del Ministerio de Trabajo, que garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo y las condiciones laborales para el personal de los medios que sean adquiridos por nuevos licenciatarios una vez que se complete el proceso de adecuación.