El texto, firmado por jueces, académicos y funcionarios del área, y publicado ayer en Tiempo Argentino responde al comunicado lanzado la semana pasada por la corporación judicial, donde se pedía al Gobierno que no presione a los jueces. "No nos sentimos representados por el contenido", afirma la solicitada.
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Más de doscientos magistrados y funcionarios judiciales de distintos fueros de todo el país firmaron una solicitada en la que rechazaron el comunicado emitido la semana pasada por la Junta Federal de Cortes, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura.
En el texto, los jueces, fiscales, defensores y funcionarios de la justicia que firman sostienen que, aunque forman parte de dichas organizaciones, "no nos sentimos representados por el contenido del comunicado" y los mueve "el propósito de reconciliar al Sistema de Administración de Justicia con la ciudadanía".
La solicitada "rechaza los términos expresados por las entidades mencionadas" -entre las que también estaba la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial-, y tiene como firmantes a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; a la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez; al juez de casación Alejandro Slokar; al presidente de la Cámara del Crimen, Gustavo Bruzzone; y al fiscal de Cámara Jorge Auat, entre otros.
"Sostenemos que la independencia del Poder Judicial es un principio cardinal del sistema republicano, que no debe entenderse limitado a la relación que debe existir entre los poderes del Estado", afirman, y señalan que "los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e -incluso- deben ser independientes de las organizaciones que los representan".
En otro pasaje, el texto afirma que "los jueces cumplen una función esencial en el sistema democrático" y, por tanto, "el debate democrático sobre las decisiones judiciales acerca el sistema de justicia a la sociedad, y enriquece la calidad de las respuestas jurisdiccionales".
Además de los magistrados, la solicitada lleva la firma de rectores de unas veinte universidades nacionales y decanos de varias facultades. Arturo Somoza (Cuyo), Fernando Tauber (La Plata), Carolina Scotto (Córdoba), Ernesto F. Villanueva (Jauretche) y Gustavo Lugones (Quilmes) son algunos de los titulares de las casas de altos estudios que acompañaron.
Asimismo, el documento continúa aclarando que "la falta de cobertura de cargos vacantes en el Poder Judicial es un problema estructural del servicio de justicia, que afecta en definitiva a toda la comunidad. La responsabilidad por este déficit es compartida por todas las instituciones que se encuentran representadas ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, y no de una en particular".
Por otra parte, afirman que "la recusación de magistrados es el mecanismo procesal establecido en la legislación vigente para asegurar un eficaz servicio de justicia y garantizar la imparcialidad de las decisiones judiciales".
Finalmente, la solicitada dice que "el Poder Judicial debe velar por el irrestricto respeto a la facultad de cada provincia de darse sus instituciones y regirse por ellas de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Constitución Nacional. Lo contrario importa una vulneración al principio republicano de la división de poderes".
Esta justicia se parece mucho más a la que nosotros queremos.
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