La Iglesia amenaza en el Congreso para frenar el nuevo Código Civil

Por Natalia Coronel y Santiago Eguía, para InfoNews

Sacerdotes, legisladores y académicos revelan en una investigación de INFOnews cómo opera la institución católica para influenciar la decisión en el Congreso y detener la reforma en la que trabajaron jueces y especialistas de todo el país, a pedido del Ejecutivo. Las amenazas y sus presiones en los despachos. Los números.

La reforma del Código Civil y Comercial despertó rechazo en instituciones religiosas que intentan impedir la evolución de los derechos familiares. Como ocurrió en los 80 con el divorcio y más recientemente con el matrimonio igualitario, prejuicios y objeciones se convierten en amenazas directas para dirigir el voto de los representantes e impedir el divorcio exprés, la fertilización asitida, el alquiler de vientres y la adopción por parte de homosexuales.

Una investigación de INFOnews demuestra la vigencia del poder de la institución católica y el intento de coacción sobre el poder político. Legisladores, sacerdotes y especialistas analizan cómo opera este vínculo y cómo mutó en los últimos años.

Los métodos de la Iglesia: El sacerdote Nicolás Alessio, expulsado por manifestarse a favor del matrimonio igualitario, se encuentra en las antípodas de la jerarquía eclesiástica y asegura que “el Obispado va a usar todas las estrategias posibles, sobre todo las que tienen que ver con alianzas políticas con sectores de poder, desde los jueces, los partidos políticos y grandes grupos empresarios para impedir esta ley y todas las que consideren molestas”.

El párroco hizo pública su disidencia con la cúpula y como consecuencia, hasta hoy, tiene prohibido dar misa. “El Episcopado reprime y castiga para hegemonizar un pensamiento. No va a permitir, de ninguna manera, una pluralidad de diversos puntos de vista que sería lo más natural en temas que son tan complejos como lo es la reforma del Código Civil”.

En este sentido también se expresó la ex diputada nacional Cecilia Merchán: “Hay una constante búsqueda de los sectores conservadores y de la Iglesia católica de torcer el voto del poder político”. La legisladora recordó que cuando se estaba debatiendo la ley de matrimonio igualitario -aprobada en 2010-, todos fueron muy presionados. “Ese sometimiento lo hacen hablando, por ejemplo en las misas, mal de los representantes. Decían que teníamos el diablo en el cuerpo y persuadían a la gente con esos disparates”, señaló. 

Stella Maris Córdoba, diputada nacional por Tucumán del Frente para la Victoria, sostuvo que "el lobby de la Iglesia Católica siempre ha sido muy fuerte". "Fui alumna de un colegio católico durante la dictadura. Me considero cristiana, aunque hoy tengo una mirada crítica sobre aquellos años. Nunca me sentí tan agredida por defender una idea como en el debate sobre matrimonio igualitario. En el caso del Código Civil, se van a poner en contacto primero con los diputados y senadores de la Comisión Bicameral, pero como siempre, seguramente, sus representantes convocarán en cada distrito a los diputados y senadores para expresarles lo que piensa la Iglesia sobre cada tópico". (Accedé a la entrevista completa).

El senador cordobés Luis Juez remarcó la fuerte influencia vicaria sobre la sociedad en su provincia y, por ende, sobre los votos. “Cuando manifesté mi apoyo a la ley de matrimonio igualitario, empecé a padecer el posicionamiento de la Iglesia. La amenaza fue que iba a perder las elecciones a gobernador. Voté a favor no solo de una ley, sino de mis convicciones y así me fue, perdí”, señaló.

Sin embargo, no todos los legisladores tienen claridad sobre sus convicciones. Juez recordó el caso del senador Ramón Mestre, que después de haberse pronunciado a favor reculó de manera inesperada. “Me llamó la noche anterior a la votación y me dijo que en sus manos tenía una encuesta que decía que el 70 por ciento de la población de Córdoba estaba en desacuerdo con la ley. Terminó guiándose por las estadísticas y yo por lo que creo justo. Fue un cagón”, subrayó. INFOnews intentó comunicarse con Mestre y no obtuvo respuesta. 

Pero el caso del senador Mestre no es el único. Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, (FALGBT) señaló: “En reuniones que tuve con muchos legisladores, nos contaban que efectivamente había visitas y amenazas de parte de la Iglesia católica. Incluso a un senador de una provincia del centro norte del país, el Obispo le había dicho que si votaba a favor de la ley de matrimonio igualitario él se iba a encargar, desde su púlpito, de que no lo eligieran nunca más para ningún cargo”.

No menos escandaloso fue el caso de una senadora patagónica que durante el transcurso de la sesión donde se votó la ley, en el Senado, tenía a los líderes de las distintas iglesias evangélicas de su provincia en su despacho vigilando a ver qué iba a hacer. “Al inicio del debate, había expresado su posición favorable pero después de recibir tanta presión y chantaje terminó absteniéndose”, recordó.

Paulón señala que en el escenario parlamentario la Iglesia operó en dos niveles: “Públicamente, con la senadora Liliana Negre de Alonso, miembro del Opus Dei y fervorosa opositora a la ley, y también con Patricia Fadel, mandato cumplido, que no declaraba en público como Negre de Alonso, sino que ‘armaba’ el rechazo a la ley en forma privada. Ambas fueron las legisladoras que organizaron la resistencia. En Diputados, Cynthia Hotton, también con mandato cumplido, fue la que más salió en los medios, pero el trabajo político lo hizo Fadel”, afirmó.

Alessio describió la metodología que aplica la jerarquía de eclesiástica: “Las amenazas se realizan de manera muy sutil, no hace falta que haya documentos. Este tipo de premios y castigos a veces son simplemente una llamada por teléfono: 'Estimado legislador, usted sabe que su posición tendría consecuencias en un electorado que es sensible a los temas de la fe'. O sea, es muy difícil que esto se pueda comprobar a través de documentos o cosas por el estilo”. Además, reafirma la imposición de la institución: “Que hay presiones es indudable, porque la Iglesia no duda en usar cualquier método con el fin de que se obedezca ciegamente su doctrina”.

Pragmatismo: Por otro lado, están los que se consideran militantes católicos. Tal es el caso del diputado nacional del PRO, Alfredo Olmedo. El polémico legislador recordado por sus exabruptos de tinte discriminador, dice que “por suerte en Salta el 98 por ciento de la población cree en Dios, lo que implica que están de acuerdo con la línea de la Iglesia y a la hora de votar prefieren elegir a un legislador católico, como yo”.

Olmedo asegura a este medio: “Tengo reuniones asiduas con el cardenal Jorge Bergoglio y el obispo José María Arancedo, pero no necesito que me hagan lobby porque estoy de acuerdo con ellos”.

Similar es el caso del senador por la UCR, Oscar Aguad, a pesar de mantener sintonía con las reglas de la Iglesia afirma que no se siente “un representante de esa institución, pero la jerarquía católica está en todo su derecho a opinar”.

Consultados por INFOnews, el vicepresidente de la Corporación de Abogados Católicos y el secretario ejecutivo del Equipo Episcopal para la Vida de la Conferencia Episcopal Argentina, Andrés Tello, expresaron sus oposiciones en general y solicitaron que no se apruebe como "un trámite express" (Accedé a la posición de la Iglesia y su documento).

Según Paulón, el lobby de la iglesia Católica, “es una maquinaria aceitada, que se pone en marcha sesuda y planificadamente”. Y recuerda: “Cuando el kirchnerismo pierde la mayoría en el Senado, la única condición que pone Negre de Alonso era la presidencia de la Comisión de Legislación General, por donde, justamente, pasaron la ley de matrimonio igualitario y, este año, la de identidad de género, y por donde eventualmente pasaría la del aborto. Es decir, que la estrategia es ocupar lugares de decisión, a través de legisladores fieles”.

Sobre la polémica alrededor de la reforma al Código, Paulón asevera: “Estoy seguro de que la Iglesia está dispuesta a imponer la mayor presión para que el proyecto sobre la reforma no salga”.

En rigor, el Episcopado ya habría hecho llegar una carta al presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez y al vicepresidente Amado Boudou donde expresan su descontento con la reforma, en especial con los puntos que tienen que ver con la familia.

Si de números hablamos, el sociólogo del CONICET, Juan Esquivel, realizó un estudio junto a su colega Juan Marco Vaggione sobre la influencia de las convicciones religiosas en las decisiones parlamentarias y sobre las interacciones de los legisladores con instituciones y actores religiosos. La investigación, señala que el 65 por ciento de los legisladores nacionales se declara creyente en Dios. El 60 por ciento es católico y el 46 por ciento se considera “muy religioso”. Sólo un 26 por ciento declara “no tener religión”. “Pero a pesar de la impronta religiosa, en un extenso sector de senadores y diputados, la mayoría afirma que votaría a favor de los proyectos democratizadores que rechaza la Iglesia. Eso lo notamos con la aprobación de leyes que antes eran impensadas”, sostiene Esquivel.

Pese a la insistencia y el poder que históricamente tiene la Iglesia para impedir legislaciones que consideren no adecuadas a su doctrina, la realidad es que en los últimos años se pudieron aprobar leyes que hacen a la ampliación de los derechos de las personas.

“La Iglesia continúa presionando y actuando, pero a pesar de eso, logramos seguir avanzando. Por lo tanto, creo que están a la defensiva y con su gran poder debilitado”, enfatiza Merchan.

A pesar de todo, Argentina se caracteriza por tener una sociedad que avanza y que apuesta a la ampliación de sus derechos, aún bajo de la presión de sectores que comulgan con el status quo.