Mauricio Macri decidió anular la ley porteña que protegía a las empresas recuperadas por sus trabajadores durante la crisis económica y social que desembocó en la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001.
Según el Boletín Oficial 3818, publicado el viernes, el jefe de gobierno porteño dejó sin efecto la Ley 4008, que prorrogaba hasta 2017 el régimen de protección a 29 fábricas recuperadas que funcionan en la Ciudad y que emplean a más de 2000 obreros gráficos, textiles, gastronómicos, madereros y de otras ramas de actividad que, desde fines de los ’90, ocuparon sus puestos de trabajo para evitar que los patrones vaciaran las plantas fabriles.Esas fábricas, que comenzaron a ser ocupadas en todo el país durante los últimos años del menemismo, fueron protegidas en la Ciudad de Buenos Aires a partir de 1999, con la sanción y promulgación de la Ley 238, que dispuso declarar todas esas unidades productivas de “utilidad pública”, para expropiarlas con fondos públicos.
La norma ordenaba al Estado porteño que, para garantizar ese mandato, se presentara en todos los juicios de quiebra contra esas fábricas, para evitar su cierre y el despido de sus trabajadores. Esa intervención estableció un primer plazo de vigencia por cinco años, que sólo podía ser extendido por una nueva ley que fuera votada por la Legislatura.
Con el veto del hijo bobo de Franco Macri, entonces, esas empresas corren serios riesgos ante los embates judiciales de sus ex propietarios, quienes las abandonaron tras dejarlas vaciadas y quebradas y ahora, en plena producción gracias a la intervención de sus trabajadores, podrían hacerse de nuevo con ellas, con riesgo concreto de pérdida de miles de fuentes de trabajo.
Esta nota, que ustedes están leyendo el lunes 26 de diciembre, está siendo escrita el domingo 25. Tal vez porque nos invade el espíritu navideño, por hoy -solo por hoy- nos vamos abstener de mandar a Mugrizio Macri a la reputísima madre que lo parió.
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