LO ACORDARON CAMBIEMOS Y EL PERONISMO. LAS COMPAÑÍAS CORRUPTAS NO SERÁN SANCIONADAS SI TENÍAN UN PROGRAMA DE INTEGRIDAD.
La última visita de la infornicable Laura Alonso al Congreso dio resultado: acompañada por expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), exigió suavizar la ley penal para empresas aprobada en Diputados y los senadores de todos los bloques le dieron el gusto.
Acordaron un dictamen en la comisión de Justicia y Asuntos Penales y el miércoles 27 lo harán en el recinto. La última palabra la tendrán los diputados, que también fueron visitados por Alonso y los especialistas del organismo al que Macri quiere sumarse.
El consenso fue gestado por los senadores Rodolfo Urtubey (FPV-PJ) y el macrifascista Ernesto Martínez, supervisados de cerca por Federico Pinedo, y lograron que nadie se les plante.
Martínez leyó el dictamen y dejó claro que los tres reclamos de la OCDE fueron cumplidos: se limitan los delitos aplicables a empresas, las multas no se vinculan a su facturación y podrán salvarse si cuentan con un programa de integridad, conocido como compliance.
La titular de la Oficina Anticorrupción no consiguió el "artículo Odebrecht", que permitía a ejecutivos de la brasileña confesar ante la Procuración del Tesoro las coimas que pagó en el país. Fracasó en Diputados, insistió en el Senado, pero la ignoraron.
La preponderancia del compliance fue el punto más y promete más discusión en el recinto. Era parte del proyecto original, enviado por Macri a Diputados hace un año, pero los propios representantes de la alianza de derecha Cambiemos lo excluyeron cuando supieron que Odebrecht lo tenía y de nada sirvió.
El dictamen del Senado establece que los jueces podrán eximir de pena a las empresas que apliquen esos programas si, además, hayan denunciado "espontáneamente" un delito en sus compañías en una investigación interna. Asimismo, suma dos artículos para detallar los aspectos claves del compliance, con definiciones generales tales como "un código de ética o de conducta", "reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos" o "capacitaciones periódicas".
Mario País, del FPV-PJ, advirtió sobre la laxitud de estos términos y pidió que al menos se les exija a las empresas su implementación, si luego se las puede eximir de pena. "La causal de exención no puede quedar bajo arbitrariedad de interpretación. Si no son elementos adecuados y suficientes podemos verlo en el recinto", concedió su par Urtubey. Martínez aceptó el pedido, pero advirtió que las pequeñas empresas tal vez no puedan afrontar muchas exigencias. "Es que hay que adaptarlas a su tamaño", insistió País.
El proyecto mantiene el programa de colaboración eficaz, similar a la delación premiada que rige en Brasil y le permitió a los jueces investigar el escándalo del Lava Jato. El resto de los cambios no tuvo mayor discusión. Las sanciones ya no serán por facturación sino entre dos y cinco veces el beneficio obtenido por el lícito. Y la suspensión de actividades no excederá los 10 años.Las penas se reducirán a delitos contra administración pública, cohecho nacional e internacional y "balances e informes falsos agravados", un último pedido de la OCDE.
Los senadores corrigieron además los últimos agregados de la massista Graciela Camaño en la caótica sesión de Diputados, que agravan las penas por corrupción y declaraban su imprescriptibilidad. Esto no correrá pero sí habrá agravantes. "Se van a elevar los mínimos pero diferenciando según la carga política del delito. Y las multas serán también de 2 a 5 veces el beneficio obtenido por el delito", anunció Martínez, artífice de ese retoque. Todos estaban de acuerdo.
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