EN UNA REUNIÓN CON FUNCIONARIOS, LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR PIDIERON, AL MENOS, MODIFICAR LA NORMATIVA, PERO NO TUVIERON ÉXITO.
Los corredores inmobiliarios apuran una presentación judicial para frenar la Ley de Alquileres que comenzó a aplicarse esta semana y les impide cobrarle comisión a los inquilinos.
"Pedimos que derogaran la norma, pero se negaron y reformarla tampoco quieren", comentó Omar Porta, vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios después de una reunión con funcionarios porteños.
La Ley de alquileres entró en vigencia desde el lunes y si bien se esperaba la presentación de amparos del Colegio y algunos corredores en forma individual, hasta ahora no acudieron a la Justicia. "Estoy firmando una acción de inconstitucionalidad que vamos a presentar en los próximos días", adelantó Héctor D´Odorico, presidente del Colegio.
Después del abrazo a la Legislatura realizado antes de ayer los corredores pensaban reunirse con el vicejefe de Gobierno, pero finalmente la cita fue con Juan Maquieyra, titular del Instituto de la Vivienda. "Nos fuimos un poco decepcionados porque nos dijeron que iba a estar Santilli", dijeron.
"Quedamos en hacer una mesa de negociación, pero hacerlo sobre una ley que existe es difícil", explicó Porta, que será candidato por el oficialismo para reemplazar a D´Odorico. El lunes marcharán a la Quinta de Olivos e intentarán que Mugrizio Macri los reciba, algo que parece difícil.
De todas formas en los últimos días los Correrdores recibieron una pésima noticia en el amparo que llevan adelante para no tener que cumplir las comisiones máximas que marcan la ley. Es una respuesta a la causa que iniciaron Inquilinos Agrupados y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) contra el Colegio por el cobro abusivo de comisiones inmobiliarias.
El Fiscal General de la Ciudad, Luis Cevasco dictaminó nuevamente a favor de ACIJ y de Inquilinos Agrupados y ahora es el Tribunal Supremo de Justicia el que debe decidir. El Dictamen fiscal argumenta que CUCICBA sostenía una interpretación jurídicamente errónea sobre los efectos del nuevo Código Civil y Comercial en relación a las normas arancelarias locales, y en particular concluyó que la Legislatura de la Ciudad es la institución facultada para dictar leyes que limiten los honorarios profesionales de los corredores.
"El dictamen del Ministerio Público Fiscal es un adelanto de que va a ser en vano que se presenten en la justicia porque en primer y segunda instancia ya tuvimos fallos a favor y el TSJ seguramente va a fallar en el mismo sentido", se ilusionó Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados.
Los dueños de inmobiliarias aprovechan las recorridas que realizan los funcionarios porteños por la Ciudad para llevarle el reclamo del colegio y les trasmiten su preocupación por el futuro del sector.
En el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) no piensan igual. "La ley es inconstitucional porque el artículo 1351 del nuevo CC determina las reglas de corretaje. El Código Civil fue creado por el Congreso. La Ciudad no puede modificar ni la ley de corretaje ni la ley de alquileres. Un poder legislativo de rango inferior no puede modificar una normativa que emana de un poder legislativo de rango superior", explicó Jorge Rizzo, titular del CPACF.
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