EN MEDIO DE LAS CRÍTICAS GENERALIZADAS A LA REFORMA DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL QUE IMPULSA EL RÉGIMEN MACRIFASCISTA TRAS FORZAR LA RENUNCIA DE ALEJANDRA GILS CARBÓ, LA IGLESIA CATÓLICA SUMÓ LA SUYA. EN UNA CARTA FIRMADA POR VARIOS OBISPOS, ENTRE ELLOS EL NUEVO TITULAR DEL EPISCOPADO, OSCAR OJEA, Y REPRESENTANTES DE LOS CURAS VILLEROS PIDIERON QUE NO SE ELIMINE EL PROGRAMA DE ACCESO A LA JUSTICIA DE LOS SECTORES MÁS VULNERABLES.
Al rechazo generalizado que cosechó el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, que el régimen macrifascista presentó el miércoles en el Congreso para quitarle autonomía al organismo tras forzar de la procuradora general, se sumó ahora la Iglesia Católica. Varios obispos solicitaron en una carta en la que sobresalen las firmas del flamante presidente del Episcopado, Oscar Ojea, y el cardenal Mario Poli, y que fue refrendada también por representantes de los curas villeros, que el nuevo proyecto no elimine el programa de acceso a la Justicia, denominado Atajo, ya que implicaría “una mala señal” y pondría en riesgo el “trabajo realizado” y “la institucionalidad obtenida”.
“Advertimos que el proyecto deroga la existencia de Direcciones Generales y Procuradurías”, dice el escrito enviado al presidente del Senado, Federico Pinedo; a los presidentes de Bloque Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey; y al presidente de la Comisión de Justicia, Pedro Guastavino. El texto lleva la firma de los obispos Poli (Buenos Aires), Ojea (San Isidro), Marcelo Colombo (La Rioja), Fernando Maletti (Merlo-Moreno), Gabriel Mestre (Mar del Plata), Carlos Tissera (Quilmes) y Oscar Miñarro (auxiliar de Merlo-Moreno).
En la carta, los obispos hacen foco en que la dirección de Acceso a la Justicia, conocida como ATAJO, “viene trabajando junto a las parroquias en la atención cotidiana de personas en situación de vulnerabilidad” de barrios carenciados. El mismo texto fue enviado también por el cura Lorenzo de Vedia, más conocido como el padre "Toto", que forma parte del colectivo de curas villeros.
“La supresión de dicha área implica una mala señal para el trabajo realizado y para la institucionalidad obtenida, además del riesgo de dejar en la discrecionalidad la continuidad de dicha política para una futura gestión, dejando a los sectores más desprotegidos frente a la ley”, remarcaron los obispos, que por el contrario pidieron “resaltar” la figura de esta dirección en el texto de la nueva ley.
El programa ATAJO busca acercar la Justicia a los barrios de mayor vulnerabilidad social para garantizar la “participación igualitaria en el sistema de administración de la Justicia”. Funciona a través de las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia, que por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires están ubicadas en las villas 21-24 (Barracas), 31 (Retiro), 1-11-14 (Bajo Flores), el barrio Mitre (Saavedra) y la villa 20 (Lugano).
Los obispos elogiaron los resultados obtenidos por Atajo y remarcaron que por primera vez “funcionarios y empleados judiciales tienen presencia en estos barrios”. Por este motivo, consideraron importante “mantener y fortalecer dicha política”.
“Entendemos que la desaparición de dicha área importará un claro perjuicio para las personas que viven en los barrios pues -a esta altura- cumple una función esencial”, remarcaron los religiosos.
Al mismo tiempo que los obispos pidieron que la reforma del Ministerio Público Fiscal no elimine el programa ATAJO, la procuradora general hasta diciembre, Alejandra Gils Carbó, llegó al Vaticano, convocada por el Papa Francisco, para participar de un congreso de juezas y mujeres fiscales contra la trata de personas. "Desde la Justicia es muy importante porque tenemos la responsabilidad de llevar alivio y soluciones a los problemas sociales", afirmó la funcionaria sobre el encuentro.
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