LA SALA I DE LA CÁMARA FEDERAL CONFIRMÓ ESTE JUEVES EL PROCESAMIENTO DE LA EX PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER POR CONSIDERARLA JEFA DE UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA EN EL MARCO DE LA CAUSA POR PRESUNTO FRAUDE Y DIRECCIONAMIENTO EN LA OBRA PÚBLICA DURANTE SU GOBIERNO A FAVOR DEL EMPRESARIO LÁZARO BÁEZ.
En uno de sus párrafos más duros, el fallo destaca que Cristina Fernández de Kirchner "habría tenido un marcado interés en asegurar que la maniobra defraudatoria cometida desde el gobierno anterior -de su marido, Néstor Kirchner-, continuara ejecutándose durante su gestión".
Los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero también confirmaron el procesamiento sobre el propio Báez y sobre Julio de Vido, José López y Carlos Kirchner, el hombre que enviaba el ex presidente a negociar con intendentes los términos en que se iban a direccionar las obras públicas. Pero además, los camaristas incluyeron a Abel Fatala, ex número dos de López, entre los procesados.
Los camaristas confirmaron además los embargos trabados sobre los principales imputados, por 10.000 millones de pesos para cada uno. Con este escenario, la ex presidenta quedó más cerca de otro juicio oral y se empieza a construir en el horizonte la posibilidad del temido "doble conforme", dos condenas que podrían llevarla a prisión, aún teniendo fueros como senadora nacional.
En el fallo -de 151 páginas- Bruglia sostuvo que "los expedientes de obra pública en los que intervinieron las empresas de Lázaro Báez, donde las obras eran solventadas con recursos del Estado nacional, estuvieron signados por numerosas irregularidades".
Para el magistrado quedó demostrada "una evidente maniobra, con múltiples abusos y anomalías en la contratación, que aparecen reiteradas dentro de un prolongado lapso temporal -coincidente con una misma administración de gobierno-, y signada por la gestión de un único ministro del área encargada de la implementación y el control de la obra pública, esfera ésta donde se verificaron la maniobras aquí imputadas".
Por su parte, Ballestero argumentó que más allá de la presencia reiterada de compañías de Báez al tiempo del proceso licitatorio, que habría permitido trastocar los valores de la contratación, las empresas de presunto testaferro de Néstor Kirchner "exhibían una ficticia capacidad para desarrollar la obra".
Ballestero explicó que el perjuicio para el Estado de estas maniobras fue doble porque se adjuntaban certificados de capacidad de contratación que no sólo eran insuficientes para justificar su contratación, sino que en su reiterado uso en diversos procesos licitatorios reducía aún más la real potencialidad de la empresa para hacer frente a la obra que se le adjudicaba, como quedó en evidencia con el sinfín de rutas que dejó inconclusas.
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