LOS NACIONALISTAS CATALANES CRUZARON EL RUBICÓN EN SU PUGNA POR SEPARARSE DE ESPAÑA. EN LA SESIÓN DE AYER DEL PARLAMENTO CATALÁN, LA MAYORÍA CONFORMADA POR LA CUP Y JUNTOS POR EL SÍ APROBÓ LA LEY DEL REFERÉNDUM, EL INSTRUMENTO LEGAL POR EL CUAL EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT, CARLES PUIGDEMONT, CONVOCARÁ LA ANUNCIADA Y CONTROVERTIDA CONSULTA DEL 1º DE OCTUBRE, QUE EXPUSO A LA PENÍNSULA A LA MAYOR CRISIS POLÍTICA INSTITUCIONAL DESDE LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA.
La llamada "Ley del referéndum" abre la puerta a que el jefe del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, firme de inmediato la convocatoria oficial a la consulta soberanista que prometió hace un año y que abrió una crisis institucional de final imprevisible.
El Gobierno central de Mariano Rajoy considera inconstitucional el referéndum y asegura que impedirá su celebración. Se espera que recurra tanto la ley como la convocatoria a la consulta y que el Tribunal Constitucional suspenda ambas cautelarmente.
Incluso antes de la votación, el Gobierno dio ya un primer paso y pidió hoy al Constitucional que recurra las actuaciones del Parlament catalán contrarias a sentencias previas y que estudie una posible responsabilidad penal de quienes admitieron a trámite la ley.
La polémica norma fue incluida a último momento en el orden del día del Parlament y aprobada por la alianza Juntos por el Sí, integrada por partidos independentistas que sostienen el Gobierno de Puidgemont y por el partido antisistema Cup tras una maratónica sesión de 12 horas.
El procedimiento de urgencia elegido para aprobarla motivó ya desde la mañana airadas quejas de los diputados opositores, que a lo largo del día denunciaron diversas irregularidades en el procedimiento. Inclusive los letrados del parlamento alertaron que la ley choca con el Constitucional, pero los independentistas ignoraron la advertencia.
"Estamos viviendo el pleno más esperpéntico desde la restauración de la democracia", definió el líder del PP de Rajoy en Cataluña, Xavier García Albiol. "Están situando a este Parlament fuera de la legalidad", acusó por su parte Inés Arrimadas, jefa de la oposición y líder del partido liberal Ciudadanos.
En medio de la tensión, tanto el PP de Cataluña como los socialistas regionales anunciaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos de los diputados. Ambos grupos parlamentarios y el de Ciudadanos se ausentaron en la votación como protesta.
La ley instaura "un régimen jurídico excepcional" para regular y garantizar el referéndum e incluye la pregunta que se planteará el 1º de octubre: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?".
Establece además que el resultado será vinculante. Si gana el "sí" a la independencia, se abriría "un proceso constituyente". En uno de sus aspectos más polémicos, la norma se presenta como "ley suprema" que prevalece sobre cualquier otra que la contradiga.
El Parlamento aprobará también en los próximos días otra norma clave conocida como "ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana". Pretende garantizar la legalidad durante el periodo comprendido entre la supuesta celebración del referéndum y la aprobación de una Constitución catalana en caso de que gane el "sí".
La convocatoria del referéndum y el rechazo del Gobierno central abre lo que algunos analistas consideran la crisis institucional más grave de las últimas décadas en España y plantea un escenario imprevisible para las tres semanas que restan hasta el 1º de octubre.
Mientras Puigdemont ha dejado claro que seguirá adelante con el plan soberanista pese a las impugnaciones de la Justicia, el Gobierno de Rajoy insistió en que tiene "todo preparado" para impedir la consulta, pero no aclaró aún con qué herramientas lo hará.
Una vía posible es la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que en una situación extrema permite adoptar "las medidas necesarias" para hacer que una Comunidad Autónoma cumpla con sus obligaciones e incluso intervenir parte de sus competencias.
Otra es acudir a la Ley de Seguridad Nacional, que busca "proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos". Aplicada al caso catalán, permitiría al Estado nombrar funcionarios que asuman el control de la Policía regional y los empleados públicos e incluso sustituir a funcionarios políticos.
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