LA CÁMARA DE DIPUTADOS LE DIO MEDIA SANCIÓN Y GIRÓ AL SENADO EL PROYECTO DE LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIA, QUE INCORPORÓ MODIFICACIONES RESPECTO DEL DICTAMEN DE MAYORÍA QUE HABÍA SIDO APROBADO EN GENERAL LA SEMANA PASADA.
La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado en revisión el proyecto para penar la Responsabilidad Empresaria de personas jurídicas. La alianza de derecha Cambiemos no pudo imponer un artículo para que las empresas involucradas en hechos de corrupción anteriores a la sanción de la ley puedan lograr acuerdos de colaboración directamente con el procurador del Tesoro, que es nombrado por el Poder Ejecutivo.
El artículo 37, vinculado con el caso Odebrecht, cayó en una votación en la que obtuvo 87 votos afirmativos contra 131 negativos de la mayoría de la oposición. Establecía que las personas jurídicas podrían "solicitar el acogimiento voluntario en un acuerdo administrativo de colaboración eficaz por hechos anteriores a la sanción de la presente ley", con intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación. El oficialismo intentó infructuosamente que se aprobase una versión alternativa del artículo que propuso la socialista Alicia Ciciliani, en el cual incorporaba la participación de la Sindicatura General de la Nación y la creación de una comisión bicameral para investigar la corrupción asociada a Odebrecht, pero el argumento reglamentario para votarlo no prosperó.
En la discusión del polémico artículo 37 hubo fuertes cruces y los miembros de la bancada oficialista, encabezados por la desquiciada Elisa Carrió y su perrito faldero, Fernando Sánchez, de la Coalición Cínica, buscaron relacionar la discusión con el reciente pedido de un fiscal para detener al ex ministro y ahora diputado Julio De Vido. "Para recuperar lo robado es necesario esto", sostuvo Carrió, mientras Sánchez argumentó que “hay cuatro causas penales que investigan a funcionarios del gobierno anterior por el pago de coimas a Odebrecht que hoy están ausentes”, en referencia a De Vido, que no estuvo presente en la sesión de ayer.
Como respuesta, Rodolfo Tailhade (Frente para la Victoria-PJ) dijo que “lo que quieren es negociar las 4 o 5 causas en la que está implicado el presidente Macri”.
“No me va a correr con la corrupción Sánchez. Lo único que falta es que me corra él con la corrupción que se va a trabajar con (Gustavo) Lopetegui y (Mario) Quintana a la Jefatura de Gabinete”, agregó.
Por su parte, Margarita Stolbizer (GEN-1Pais) coincidió con Graciela Camaño (Frente Rejuntador) en que el acuerdo administrativo propuesto en el artículo 37 es inconstitucional y cuestionó al oficialismo. "Nos quieren mostrar que los únicos preocupados por la corrupción son ellos", dijo la diputada de la cara de concha afligida.
En tanto, Guillermo Carmona (FPV-PJ) también expresó que ese artículo consagraba "una flagrante violación de la Constitución y del proceso penal" y resaltó que la alianza fascista Cambiemos además estaba "blanqueando el accionar ilegal del ministro de Justicia (Germán) Garavano, que ya se juntó con los directivos de Odebrecht".
Luego de alrededor de una hora en que el debate estuvo trabado por el artículo 37, el jefe del bloque del PRO, Nicolás Massot, tuvo que reconocer que no había habido acuerdo para zanjar la discusión reglamentaria sobre si se podía tratar el artículo 37 alternativo que proponía Ciciliani. El oficialismo anunció que intentará incluir esa normativa en una ley aparte.
El tratamiento en particular de la ley -que había sido aprobada en general el miércoles 28 de junio- demandó casi seis horas y contó con una decena de cuartos intermedios con los diputados en sus bancas, durante los cuales se discutían nuevos cambios que surgían del debate. Los artículos más controvertidos fueron, entre otros, el 1 el 5, el 8, el 9, el 20 y el 37, referidos a sanciones, atenuantes y agravantes. Todos ellos tuvieron votaciones nominales a pedido del bloque del Frente para la Victoria-PJ, que votó por la negativa los artículos en los que no se aceptaron sus modificaciones. El Frente de Izquierda rechazó todo el articulado.
La sesión empezó con la rediscusión del artículo 1 de la ley, que había caído antes del cuarto intermedio de la semana pasada. Con 183 votos afirmativos contra 5 negativos y 16 abstenciones el artículo 1 fijó finalmente como objeto de la Responsabilidad Empresaria los "delitos previstos en el Código Penal de la Nación producidos por personas jurídicas privadas sean de capital nacional o extranjero con o sin participación estatal", según leyó Mónica Litza (Frente Rejuntador-UNA). La nueva redacción tuvo el respaldo de Cambiemos y también del FPV-PJ, en tanto que el Bloque Justicialista se abstuvo porque quería otra versión que propuso el salteño Néstor David.
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