EN EL RÉGIMEN MACRIFASCISTA ADMITEN QUE SÓLO PODRÍAN ABRIR UN EXPEDIENTE, PERO LA CONSTRUCTORA QUIERE INMUNIDAD.
En la justicia federal creen poco probable que el régimen fascista de Mugrizio Macri logré resultados positivos en su intento de lograr que Odebrecht le entregue la información sobre las coimas que pagó en Argentina, porque la constructora exige a cambio inmunidad para los implicados y garantía de continuidad de sus negocios en el país, y cualquier promesa o atisbo de negociación por parte de los funcionarios nacionales sería ilegal.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, anunció el lunes que "ante la falta de avances del Ministerio Público Fiscal se convocó a Odebrecht a dar información a la Oficina Anticorrupción sobre los delitos cometidos en el país". Además, adelantó que ayer habría una reunión de la infornicable Laura Alonso con directivos de la empresa, a quienes exigirá que entreguen la documentación.
Garavano explicó que el régimen avanza por su cuenta debido a que "la Justicia, por diversas razones y, además, por algunos obstáculos de la Procuración General no ha podido develar la información" de Odebrecht sobre las coimas por 35 millones de dólares que admitió haber pagado en el país. Reveló así las sospechas de que Alejandra Gils Carbó está detrás del freno del acuerdo judicial y de la difusión de información que solamente afecta a funcionarios macristas.
En ese sentido hay que leer la jugada del macrifascismo de salir a instalar la idea de un acuerdo. Más allá del discurso anti corrupción, la Rosada intenta marcarle la cancha a Gils Carbó y los fiscales que investigan el capítulo argentino del Lava Jato, a quienes responsabilizan por la difusión de los dichos del arrepentido Meirelles contra Gustavo Arribas.
Es que la posibilidad de un acuerdo del régimen con Odebrecht al estilo de los que firmó en Brasil o Estados Unidos no existe. "Lo del gobierno es una fantochada, un acuerdo con el Poder Ejecutivo es ilegal", resumió una fuente de la justicia federal.
En EEUU, por ejemplo, el acuerdo se cierra con el Departamento de Justicia, que engloba las funciones que aquí tienen el Ministerio de Justicia y la Procuración General. Es por eso que en allí sí el gobierno es parte de los acuerdos (como sucedió con Odebrecht u otros casos relevantes como el Fifa Gate) y puede ofrecer inmunidad y continuidad de negocios a cambio de multas -que suelen ser multimillonarias- y la confesión y aporte de pruebas de parte de los implicados.
"En Argentina el Poder Ejecutivo no tiene autorización legal para hacer eso, están queriendo hacer lo mismo que en Estados Unidos pero sin respaldo legal", explicaron desde los tribunales de Comodoro Py. "No hay ninguna ley que habilite al Gobierno a hacer un acuerdo de reducción de penas o de inmunidad. El Ejecutivo no puede arrogarse funciones judiciales, está en la parte pétrea de la Constitución Nacional", agregaron.
Al respecto, la ley del arrepentido, que en octubre del año pasado fue aprobada por el Congreso para incluir delitos de corrupción, contempla que el beneficio sólo puede ser otorgado por el juez y el fiscal de la causa (lo que debe ser luego aprobado en el juicio), y que el Estado sólo puede ofrecer protección a los arrepentidos.
Fuentes del régimen admitieron que el acuerdo con Odebrecht es casi imposible porque no pueden garantizar ninguna de las exigencias que los ejecutivos pretenden conseguir antes de aportar la información: inmunidad, protección y continuidad de los negocios. Al menos eso le pidieron a los fiscales y jueces que investigan las causas locales.
La única alternativa es que los empresarios entreguen la información de buena voluntad o en base a algún acuerdo político extraoficial con el régimen para no afectar la continuidad de sus contratos de obra pública en el país. Acaso por eso en la Oficina Anticorrupción (OA) hicieron trascender que si la firma no entrega la información impulsarán sanciones administrativas "fuertes".
Incluso, las fuentes gubernamentales relativizan la capacidad de acción de la OA si consigue la información de Odebrecht, y sostienen que se limitaría a abrir un expediente administrativo, profundizar la investigación y entregarla a los fiscales. En definitiva, muy poco para las exigencias de los directivos de la constructora.
Lo que sí lograría el régimen en el caso de presentar una denuncia es ser parte de las causas y poder acceder a toda la información del expediente. En la Rosada aseguran que no tienen esa documentación y creen que si lo logran podrán deschavar la supuesta maniobra de los fiscales de solo ventilar la información de los arrepentidos que afecta al macrifascismo.
Como sea, no sólo el régimen está complicado para llegar a un acuerdo. En la justicia federal creen que Odebrecht no terminará aportando nada porque la ley del arrepentido local no contempla la eximición de prisión que piden y ni siquiera garantiza el recorte de las penas, si no es aprobado en el juicio. Es por eso que muchos en Comodoro Py recuerdan que en su visita a Argentina, el juez Sergio Moro explicó a funcionarios y jueces que no alcanzaba con la ley del arrepentido y que Argentina necesita una reforma completa del sistema de lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
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