UNA ONG LE INFORMÓ AL GAFI SOBRE LAS POLÍTICAS QUE ARGENTINA REALIZÓ EN FAVOR DE QUE SE BLANQUEE DINERO DEL TRÁFICO DE ARMAS, DROGAS O EVASIÓN FISCAL.
Ante las políticas favorecedoras d el lavado de dinero que aplicó Mugrizio Macri en Argentina, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) envió una nota al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), uno de los principales organismos antilavado a nivel mundial.
En esta presentación, CIPCE manifestó su preocupación por la situación del Estado argentino en esta materia, a raíz de las medidas adoptadas durante el año. En primer lugar, en relación a que los familiares de funcionarios puedan adherirse al blanqueo de capitales, la organización sostuvo que "el Poder Ejecutivo está otorgando una amnistía por delitos económicos, cuando los legisladores habían prohibido esto expresamente".
Esto va en línea con la visión de la Unidad de Información Financiera en materia de delitos tributarios, ya que el presidente de la UIF manifestó públicamente "una postura preocupante en relación a la persecución de la evasión fiscal y la fuga de capitales", explicó el organismo. Para demostrarlo, citó en su carta declaraciones textuales de Mariano Federici.
Para poner esto en un contexto más amplio, CIPCE presentó un resumen de algunas de las medidas adoptadas durante los meses pasados, tales como la designación de profesionales con conflictos de intereses, los despidos masivos de trabajadores, los recortes de funciones de la UIF y la ausencia de una Evaluación Nacional de Riesgo que la UIF debe hacer, entre otras cuestiones.
En 2014, Argentina pudo salir de las listas grises de países que no cumplen con sus obligaciones internacionales en prevención del lavado. Con las políticas que se están desarrollando actualmente, entendemos que existe un claro riesgo de regresar a ese estado de situación. Por eso, el CIPCE solicitó al GAFI que intime al Poder Ejecutivo argentino a que cumpla verdaderamente los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos.
El CIPCE surgió en 2003 como una alianza entre el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).
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