MARCOS LEVÍN, DUEÑO DE LA VELOZ DEL NORTE, RECIBIÓ EN SALTA UNA PENA DE 12 AÑOS DE PRISIÓN POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD.
En el marco del primer juicio oral del país que enfocó en primer plano la responsabilidad del sector empresario en el terrorismo de Estado, el Tribunal Oral Federal de Salta condenó a Marcos Levín, propietario de la empresa de transportes La Veloz del Norte, a 12 años de prisión.
Levín fue hallado culpable de los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados en el secuestro en enero de 1977 de Víctor Cobos, entonces empleado de la empresa y delegado de la UTA. Por los mismos delitos recibieron también una condena de 12 años los expolicías Víctor Hugo Bocos y Víctor Hugo Almirón, mientras el exoficial Víctor Cardozo fue condenado a ocho años de cárcel.
Los querellantes, el propio Cobos y la Asociación Encuentro Memoria Verdad y Justicia de Salta habían solicitado 20 años de cárcel para Levín, que era presidente de la Federación de Empresarios Salteños del Transporte (Festap) y propietario de la firma más importante del sector en Salta. "Se valió de la estructura represiva para disciplinar a sus empleados y obtuvo beneficios de las autoridades dictatoriales, como ampliar rutas comerciales", indicó la querella.
Ya antes del golpe de 1976, la Festap pidió a la policía provincial que aplicara a los gremialistas la llamada ley antisubversiva, que habilitaba a las fuerzas armadas y de seguridad a reprimir la violencia política. En enero de 1977 el dueño de La Veloz denunció en una comisaría de Salta un supuesto fraude a su empresa y entregó una lista de una veintena de trabajadores supuestamente involucrados en la maniobra. Al menos 16 empleados fueron detenidos y obligados a confesar bajo tortura, según las denuncias.
Sin embargo, solo el caso de Cobos llegó a juicio debido a que por ser sindicalista se lo admitió como una persecución política. Las denuncias restantes esperan un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia para saber si llegarán a juicio oral.
Al día de hoy, otros nueve empresarios están procesados por su complicidad con la dictadura cívico-militar y a cinco se les dictó sobreseimiento o falta de mérito, entre ellos el dueño del ingenio Ledesma, Pedro Blaquier, y el director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, en fallos que están apelados. La Corte Suprema de Justicia debe aún pronunciarse sobre las apelaciones a la falta de mérito que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal otorgó a Blaquier en la causa que investiga su responsabilidad en unos 400 secuestros de "las noches de los apagones", entre el 20 y el 27 de julio de 1976.
Los restantes imputados son accionistas o ex directivos de la siderúrgica Acindar, la Comisión Nacional de Valores, las automotrices Ford (caso en el que está próximo el inicio del juicio oral) y Mercedes Benz, el establecimiento yerbatero Las Marías, la cementera Loma Negra, Minera Aguilar y Papel Prensa. Hay además investigaciones recién iniciadas como la que puso el foco en la represión a trabajadores de Molinos Río de la Plata, que entonces pertenecía al grupo Bunge y Born.
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