El ministerio público fiscal de la provincia inició actuaciones en torno a los incendios de bosques que se produjeron sobre la cordillera, confirmó la funcionaria de esa repartición con asiento en El Hoyo, Débora Fernanda Barrionuevo.
Sobre el más importante de los siniestros, que "se localiza en proximidades de Cholila, la fiscalía inició de oficio una actuación el día dos del inicio del foco, pero sin resultado hasta el momento ya que no se pudo determinar ni siquiera la supuesta intencionalidad", explicó la funcionaria con sede en El Hoyo, localidad que queda en el centro de la comarca andina del paralelo 42, cerca del límite con Río Negro.
"Hemos iniciado las actuaciones y nos hemos entrevistado con pobladores sin resultado hasta el momento, incluso haciéndonos eco de denuncias o sospechas que se transmiten a través de las redes sociales", indicó Barrionuevo, quien también confirmó el inicio de la investigación en torno al otro incendio que se produjo en el cerro Currumahuida el sábado, sin resultado de ningún tipo y en espera de las pericias cuya remisión se estima llevará un tiempo, ya que se está aún en etapa de extinción.
Donde sí existieron avances en la investigación es sobre el incendio que se produjo y se extinguió en la zona de El Desemboque el 30 de Enero, donde se sospecha de dos menores de 8 y 12 años.
“La intencionalidad en ese incendio quedó probada y están dos chicos señalados como posibles autores pero no está probada su autoría”, explicó.
En apariencia, todo lo que tienen los investigadores son testimonios de que los menores fueron observados en el lugar donde luego comenzó el incendio, pero nadie los vio encender fuego "y son solo comentarios" aunque por más pruebas en su contra, se trata de niños que entran en la franja etaria de la inimputabilidad.
El otro incendio sobre el que se tomaron medidas y existió un allanamiento con el secuestro de una motocicleta este lunes, tiene que ver con el incendio de cerro Radal, que ya fue sofocado.
Los sospechosos son dos menores de 16 y 17 años aunque por ahora, al igual que el caso anterior, son todas presunciones porque "nadie vio a los adolescentes cometiendo el supuesto delito".
Los restantes siniestros como el declarado en El Turbio y el reciente de Lago Puelo no pertenecen a la órbita provincial, pues se declararon en jurisdicción de Parques Nacionales y en ese caso la investigación corre por cuenta del juez federal con asiento en Bariloche.
Las hipótesis sobre el inicio del fuego son de las más variadas y van desde la intencionalidad a la simple torpeza. Para el gobernador del Chubut Martín Buzzi, "no hay ninguna duda que se está frente a incendios provocados para la especulación inmobiliaria" en lugares donde en la actualidad no se puede parcelar por la presencia de los árboles que se hacen desaparecer con el fuego para luego lotear y vender ya que ahora, al estar el bosque protegido como patrimonio, no es posible su ofrecimiento.
Bajo esa sospecha Buzzi firmó decretos anulando posibles operaciones de compra y venta y dispuso la intervención del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, organismo rector de las políticas de tierras fiscales,además de habilitar a una comisión investigadora para que analice lo actuado en los últimos años.
Hay opiniones sin embargo que discrepan con la mirada oficialista, como es el caso del ex diputado provincial y candidato radical a la gobernación, Carlos Lorenzo, quien descree de la intencionalidad con fines comerciales porque "un bosque quemado no le conviene a nadie, mucho menos al que lo quiere vender".
Para otros, como el diputado del Frente para la Victoria Eduardo Daniel, poblador de la cordillera y ex intendente de Lago Puelo, la intencionalidad, si es que existe "no debe ser atribuida a especulaciones comerciales sino a gente que tiene problemas mentales y comete actos de vandalismo".
También piensa igual el actual intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, quien considera que los que iniciaron el fuego son lisa y llanamente "terroristas ambientales".
Otros piensan que los menores pirómanos son solo instrumentos de mayores que, aprovechando que son inimputables, los instigan a cometer el daño con intenciones que pueden ir desde la venganza por cuestiones de vecindad a intereses económicos.
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