El gobierno nacional publicó ayer un escrito en el que volvió a cuestionar la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el presunto encubrimiento de los acusados iraníes del atentado a la AMIA y, en ese marco, se preguntó si el objetivo de esa acusación era "buscar un efecto político desestabilizador".
Por medio de una solicitada titulada "Compromiso, Verdad y Justicia" publicada en los principales diarios del país, el Gobierno difundió fragmentos del fallo del juez Rafecas en el que desestima la denuncia de Nisman contra Cristina y hace un llamado a la sociedad argentina y la comunidad internacional a escuchar a las víctimas del atentado de la AMIA y sus familiares y acompañar el juicio oral que se llevará adelante por el verdadero encubrimiento del atentado.
"El Gobierno de la República Argentina pone en conocimiento del pueblo argentino y de toda la comunidad internacional, la decisión adoptada el día 26 de febrero por la Justicia Federal, mediante la cual se desestimó la denuncia efectuada por el Fiscal Alberto Nisman, sostenida luego por el Fiscal Gerardo Pollicita", comienza la solicitada.
"Desestimada la denuncia, queda preguntarse qué objetivos perseguía el fiscal Nisman con su denuncia plagada de contradicciones, carencia lógica y sustento jurídico. ¿Puede pensarse una hipótesis diferente que no sea la de buscar un efecto político desestabilizador?", se pregunta en el texto.
La solicitada, que está firmada por el "Gobierno de la República Argentina", hace especial hincapié en los "documentos hasta ahora desconocidos" de Nisman que Rafecas citó en su resolución.
"Un elemento de prueba en el que especialmente sustenta el desestimiento de la denuncia es el hallazgo en la fiscalía especial de la causa AMIA de dos escritos judiciales idénticos -firmados por el fallecido fiscal Nisman y fechados en los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015-, nunca presentados. Allí, Nisman solicitaba al Poder Ejecutivo que remitiera al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un pedido de conminación a la República de Irán a fin de que detenga y extradite a sus nacionales acusados por el atentado terrorista", recordó.
"¿De qué dependía la opción de impulsar una estrategia conjunta con el Poder Ejecutivo ante las Naciones Unidas o de denunciar a la Presidenta de encubrimiento? Las respuestas a estas preguntas no tienen la virtud de buscar la verdad y menos aún de garantizar la justicia a las víctimas y sus familiares", prosigue la solicitada.
"En este contexto, solo es posible ratificar el camino trazado por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional a través del memorándum de entendimiento, una herramienta que permitiría interrogar a los ciudadanos iraníes acusados, y a partir de allí, llevar el caso hacia un juicio oral y público. Esa situación pondría al Estado argentino en un mejor contexto frente a Irán y la comunidad internacional para exigir la extradición o al menos para negociar la realización del juicio oral en un tercer estado", se considera en el texto.
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