A través de una solicitada que publicada hoy, los funcionarios se despegaron del ataque de un sector de la justicia.
Alrededor de cien fiscales y funcionarios judiciales suscribieron un pronunciamiento de respaldo a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, luego de que recibiera una serie de ataques de la corporación judicial –entre ellos de la Asociación de Fiscales–.
La solicitada que se difunde hoy es una respuesta "a las expresiones que se han hecho públicas recientemente a través de distintos comunicados difundidos por grupos que se arrogan una representación plural, cuando sólo enuncian intereses particulares de algunos de sus miembros".
De acuerdo con los firmantes, detrás de "la campaña de criminalización de la gestión del Ministerio Público", que incluyó denuncias penales, se esconde una resistencia "de ciertos sectores de la administración de justicia" a la adopción de un nuevo sistema acusatorio.
"La gestión de la procuradora molesta a un sector del Poder Judicial", aseguró el fiscal Horacio Azzolín, uno de los firmantes del comunicado. Para Azzolín, Gils Carbó "hizo cambios drásticos" durante su gestión, lo que generó "la desaprobación de ciertos sectores".
"A eso se suman las modificaciones que se vienen en el código acusatorio, que cambian radicalmente la forma de trabajar dentro del Ministerio Público", señaló el fiscal, para quien, este escenario "genera un clima en el que cualquier cosa que haga la procuradora general puede ser atacada".
"Son ataques políticos y no jurídicos. La pauta es la publicidad de las denuncias en los diarios. Buscan deslegitimar a Gils Carbó y así atacar al nuevo código", añadió Azzolín.
Su colega Abel Córdoba, fiscal de juicio y titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), coincidió: "las objeciones buscan impedir o retrasar el proceso de autonomía del Ministerio Público, que fortalecerá las investigaciones complejas. Eso toca a corporaciones y sectores de poder que reaccionan". Con la reforma del sistema acusatorio "estamos intentando superar un atraso de décadas".
Uno de los sectores que cuestionó en los últimos días a la procuradora general fue la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, que emitió un duro comunicado en el que señaló que Gils Carbó "presiona" a los funcionarios y "politiza" su función.
La solicitada publicada hoy responde, entre otros, a ese documento y lleva la firma de muchos integrantes de esa organización que cuestiona a la jefa de los fiscales: "no hemos sido consultados sobre el contenido de sus comunicados, de los cuales pretendemos diferenciarnos", se lee en el texto.
Tal es el caso del fiscal general Guillermo Friele, socio de la Asociación de Fiscales y vocal suplente de su comisión directiva. "Estoy en total desacuerdo con la solicitada que sacó la Asociación de Fiscales. Ni siquiera tuvieron la amabilidad de llamarme", señaló.
La solicitada dedica un apartado al último ataque que sufrió la titular del MPF, el viernes pasado, cuando el juez federal Enrique Lavié Pico decidió obstaculizar mediante una medida "precautelar" las designaciones de 16 nuevos fiscales que había dispuesto la procuradora general, en diciembre. "Sin estas designaciones, el resultado sería la impunidad", expresan los fiscales.
Azzolín consideró que la decisión del juez fue "un claro ataque a Gils Carbó. El Poder Judicial vive con jueces subrogantes que no tienen acuerdo del Senado y sin embargo nadie dice nada".
Ante este escenario, quienes suscriben la solicitada sostienen que las descalificaciones contra Gils Carbo revelan "la indolencia de quienes optan por defender espacios de poder individual en lugar de brindar respuestas a la población mediante la lucha contra la impunidad en el marco de un estado constitucional de derecho".
Entre los firmantes del documento se destacan los fiscales generales Alejandro Alagia, Jorge Auat, Miguel Ángel Osorio, Miguel Palazzani y Pablo Parenti, y los fiscales Félix Crous y Gabriel De Vedia, entre otros.
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