El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró ayer que fue una decisión “disparatada, absurda, ilógica, irracional, ridícula y violatoria (...) de la Constitución Nacional" la decisión del fiscal Alberto Nisman de llamar a declaración indagatoria a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a otros funcionarios y legisladores, por la firma del memorándum de entendimiento con Irán para esclarecer la responsabilidad de ciudadanos iraníes en el atentado a la Amia, ocurrido en 1994.
Pero, además, el jefe de Ministros señaló a “grupos del Poder Judicial, grupos mediáticos concentrados, grupos económicos e incluso ex agentes de inteligencia desplazados” como los mentores de esta estrategia “sin asidero ni razonabilidad”, tendiente a “hostigar” y “desestabilizar” al gobierno.
“Se trata de una decisión disparatada, absurda, ilógica, irracional, ridícula y violatoria de artículos esenciales de la Constitución Nacional, como son el 75, sobre las atribuciones del Poder Legislativo, y el 99, sobre las atribuciones del Poder Ejecutivo. El memorándum fue una ley sancionada por el Congreso de la Nación, y el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, rechazó por improcedente el pedido de declararla inconstitucional”, dijo Capitanich en su habitual conferencia de prensa matutina en Casa de Gobierno.
Agregó que la Presidenta “ha sido históricamente una férrea defensora” del esclarecimiento de la causa AMIA y que, en función de esa posición, es que ha promovido “los mecanismos necesarios para garantizar que se alcance la verdad” de lo sucedido a través del memorándum firmado con Irán en enero de 2013.
“Los principios esenciales que han animado la firma de este memorándum fueron el esclarecimiento de lo sucedido y la búsqueda de la verdad”, dijo el jefe de Ministros, que aclaró que el memorándum no impedía la aplicación del alerta roja por parte de Interpol, como algunos argumentan.
Capitanich dijo también que el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, “estuvo de acuerdo en establecer una estrategia para permitir la indagatoria de los imputados iraníes” y explicó que como Irán no permite la extradición, es que se acordó en el memorándum que el propio juez viajaría a Irán para indagar a los imputados, y en ese contexto, tomar las decisiones que correspondan.
Por eso, el ministro coordinador apuntó a “algunos miembros del poder judicial” que, junto con “grupos mediáticos concentrados y grupos económicos, hostigan” al gobierno nacional y “pretenden desestabilizar”.
“Advertimos claramente una actitud desde algunos miembros del Poder Judicial, una estrategia corporativa no del conjunto sino de algunos miembros, con grupos mediáticos concentrados y grupos económicos, con el objeto de hostigar y pretender desestabilizar en una clara actitud golpista”, agregó.
Según dijo, se trata de una “alianza clara, palmaria y evidente” del Poder Judicial con grupos mediáticos concentrados y grupos económicos, con colaboración de “grupos de inteligencia desplazados locales e intereses estratégicos internacionales”.
Finalmente, consideró que no se trata de “una trama aislada de un actor, como el fiscal Alberto Nisman, sino de una estrategia deliberada de un grupo que pretende establecer temas sin asidero ni razonabilidad”, en un contexto donde “la oposición no cabe la menor duda que ha sido funcional”.
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