Las victimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre fueron homenajeadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación junto con el Sindicato Único de Conductores de Motos de la República Argentina y Motoqueros Trabajadores Argentinos, con un acto que se llevó a cabo en la Avenida de Mayo y Tacuarí.
Las víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001 fueron homenajeadas ayer por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación junto con el Sindicato Único de Conductores de Motos de la República Argentina y Motoqueros Trabajadores Argentinos, con un acto que se llevó a cabo en la Avenida de Mayo y Tacuarí, en el que predominaron los reclamos al accionar judicial.
Con la presencia de representantes de la secretaría, de la agrupación HIJOS, familiares de las víctimas, sobrevivientes y abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la jornada comenzó a las 16 con una radio abierta, y se espera que sobre el escenario que está sobre Avenida de Mayo, se presenten bandas musicales y haya un cierre a cargo de La Mancha de Rolando.
El subsecretario de Promoción de Derechos Humanos, Carlos Pisoni, sostuvo en diálogo con los medios presentes en el acto que este aniversario es distinto a los anteriores porque, entre otras cosas, el Estado se encuentra acompañando a los familiares de las víctimas en distintas formas e incluso desde la organización del evento para recordar aquella fecha.
"Este aniversario es distinto porque esa reparación que vienen pidiendo los familiares de alguna manera hoy desde el Estado se está dando. En primer término, desde lo legislativo, hay un proyecto de ley de reparación a las victimas del 19 y 20 en todo el país que tiene media sanción. Desde el gobierno nacional se vienen brindado distintos apoyos, como el apoyo psicológico que se ofrece desde la secretaría", remarcó.
También recordó que "en lo judicial, se esta desarrollando el primero juicio por lo ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires" en aquella fecha y se mostró esperanzado en que macrura lo mismo en todo el país.
Martín Galli, que fue herido de gravedad en las inmediaciones del Obelisco durante aquellos días y que brindó su testimonio en el juicio que comenzó el 24 de febrero de este año, aseguró que "hay mucho maltrato en las instancias del juicio por el que tuvimos que esperar más de 13 años; nos preguntan como si estuviésemos respondiendo en una comisaría en la época de la dictadura ya que, por ejemplo, nos preguntan por qué nos manifestábamos si había estado de sitio" y agregó que "muchos de los medios de comunicación que comieron con este hecho, hoy no sacan nada de lo sucedido".
Por otra parte, el abogado Rodrigo Borda, que patrocina a las familias de dos de los asesinados ese día, Gastón Riva y Diego Lamagna, resaltó que es importante "que se sienten precedentes de que los responsables de estos hechos, funcionarios responsables, respondan no sólo políticamente sino penalmente" y añadió que "el juicio se lleva adelante 13 años después del hecho, con lo cual ya ahí hay algo lamentable, cuestionable".
En ese sentido, sostuvo que "fue la actividad de las víctimas y de sus abogados lo que logró que el juicio comience" y consideró que "es sumamente positivo que el juicio avance porque, aunque hay cosas que a uno le pueden gustar más o menos, es altamente positivo que los testigos puedan hablar, ayudar a esclarecer los hechos".
"Todo juicio penal contribuye al registro histórico de los hechos y estamos ante uno de los hechos bisagra de nuestra historia", agregó.
Mariano Robles, secretario adjunto del sindicato de motoqueros, uno de los impulsores del acto, expresó que "todos los años hacemos este acto conmemorando esta fecha y a partir del 2004 en la Legislatura porteña se declaró el día del mensajero el 20 de diciembre".
"Lo importante es demostrar día a día que se puede, que hay que seguir luchando", expresó Robles, y señaló que "a los responsables de esas jornadas de represión no hay que buscarlos en ninguna parte, de (Fernando) De la Rúa para abajo salen en todos los medios".
Con respecto al ex presidente, que brindó testimonio en la causa que juzga esos hechos y está a cargo del Tribunal Oral Federal 6, Robles expresó que "él se fue escapando en un helicóptero pero antes de eso se fue dejando 32 muertes, así que no nos cabe ninguna duda de que es el principal responsable".
En ese sentido, sostuvo que "a la corporación judicial la venimos sufriendo desde hace años, porque el juicio parece pasar desapercibido, porque estos personajes tienen protección clara del poder judicial" y consideró que "hay sobradas pruebas para los autores materiales, hay 600 testimonios, no dos o tres, y lo que no queremos es que condenen solo al que tiró el tiro".
Por su parte, Anabella Ochoa, prima de una de los manifestantes asesinados en esas jornadas, Gustavo Benedetto, que tenía 23 años y trabajaba como repositor en un supermercado, recordó que "vino ese día a Capital por bronca porque había una manifestación de gente que reclamaba a un estado democrático que no tenía para comer".
Además remarcó que la persona que le disparó a su primo "esta libre porque presentó un recurso extraordinario y la Corte Suprema lo aceptó pero por lo menos se ha llegado a juicio".
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, asiste a los testigos de ese juicio a través del Centro Ulloa, un espacio de Asistencia a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos que tiene como función la asistencia integral de las víctimas lo que incluye el acompañamiento durante los procesos judiciales.
Esas jornadas de represión dejaron más de treinta personas asesinadas, centenares de heridos y cuatro mil quinientos detenidos en todo el país y que pusieron fin al gobierno de la Alianza están siendo juzgadas en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro 6, mientras que la etapa oral del proceso por las muertes ocurridas ese día comenzó el 24 de febrero de este año y está a cargo del Tribunal Oral Federal 6.
En la causa se analizan las responsabilidades materiales e intelectuales que tuvieron 17 acusados en los hechos represivos que sólo en el centro porteño causaron 5 muertos, 227 heridos y más de 300 detenidos.
Entre ellos se destacan el entonces secretario de Seguridad de la Alianza, Enrique Mathov, y el comisario Rubén Santos, a cargo de la jefatura de la Policía Federal.
Entre los autores materiales ocupan un lugar preponderante los policías Orlando Oliverio, Carlos López, Eugenio Figueroa y Roberto E. Juárez, Sebastián Saporiti, Horacio Berardi, Mario Seia, Norberto Sabbino y Ariel Firpo Castro.
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