Ramón Mestre fue imputado ayer en una causa por "defraudación calificada a la administración pública", en el marco de una investigación que sigue la Justicia federal de Córdoba por desvío de fondos.
La causa se inció por una denuncia del hermano del senador cordobés Luis Juez, el concejal Daniel Juez, por supuestos desvíos de fondos de subsidios del gasoil enviados por la Nación.
Además, fueron procesados en la misma causa el secretario de Transporte municipal, César Ferreyra, su antecesor, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, y el titular de Ersa, Juan Carlos Romero.
El fiscal federal N°2, Gustavo Vidal Lascano, a cargo de la investigación, manifestó que “tenemos una denuncia en la fiscalía desde marzo a partir de la cual se investigó y llevó a este resultado”.
El radicalismo apunta a De la Chota y a Juez por la imputación a Mestre
El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) adjudicó al gobernador de Córdoba, José Manuel de la Chota, y al senador nacional Luis Juez las “maniobras” para que el intendente capitalino, el radical Ramón Mestre, resultara imputado por la Justicia Federal por presuntas irregularidades con subsidios nacionales destinado al transporte de pasajeros.
Mediante un comunicado, el radicalismo sostiene que la imputación al intendente Mestre es una estrategia del delachotismo y de otras variantes con el objetivo de “perpetuarse en el poder”, tanto provincial como municipal.
El comunicado, que lleva la firma del titular partidario Jorge Font, añade que la decisión del fiscal federal, Gustavo Vidal Lascano, tiene que ver con un “vínculo funcional e ideológico con su antiguo jefe, De la Chota" y al secretario del fiscal, Daniel Maldonado, por ser ex funcionario de Juez cuando fue intendente capitalino.
Asimismo destaca que “la UCR es un partido identificado con la decencia pública y rechaza cualquier distracción en la persecución de actos ilícitos e inmorales en la acción de gobierno”.
Desde el punto de vista jurídico, el radicalismo considera que en la acusación “no existe ninguna prueba seria que un sólo peso de los subsidios pueda haber ido a parar al bolsillo de los funcionarios imputados, sino porque la misma calificación legal intentada por el fiscal aparece poco sólida” por la no consumación del presunto delito.
El martes último, el fiscal Vidal Lascano promovió la imputación contra el intendente Mestre por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, con alcances al ex secretario de Transporte Municipal, Juan Pablo Díaz Cardeilhac y al titular de la empresa de transporte Ersa, Juan Carlos Romero.
A los tres se los acusa de maniobrar de manera ilegítima para hacerse de subsidios nacionales destinados a la compra de combustibles para las unidades de transporte de pasajeros urbanos.
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