El máximo tribunal consideró que era "inadmisible" el recurso presentado por las defensas contra el fallo de la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal.
La Corte Suprema rechazó un recurso presentado por la defensa del ex dictador Reynaldo Benito Bignone contra la sentencia que confirmó su condena a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, indicaron ayer a la mañana fuentes judiciales.
En su habitual acuerdo de los días martes, los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda resolvieron que era "inadmisible" el recurso presentado por las defensas de Bignone y su camarada de armas Eugenio Guañabens Perelló contra el fallo de la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó sus condenas.
El octogenario último dictador del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976 ya registra diversas condenas -a perpetuidad, entre otras- por gravísimas violaciones a los derechos humanos consistentes en secuestros, torturas y homicidios.
En este caso la sentencia ratificada fue dictada en abril de 2010 por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín que lo encontró culpable de más de medio centenar de secuestros entre 1976 y 1978 cuando se desempeñaba como subjefe del Comando de Institutos Militares, con sede en Campo de Mayo, donde funcionaron los campos clandestinos de detención y torturas "El campito" y "La casita".
En diciembre de 2012 la sala II del máximo tribunal penal del país confirmó las condenas a prisión perpetua de Bignone y el represor ex intendente de Escobar Luis Abelardo Patti dictadas el 14 de abril de 2011 por el secuestro y homicidio del militante de la JP Gastón Goncálvez, y el secuestro ilegal del ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto, quien murió en un simulacro de accidente en Entre Ríos.
El 14 de mayo último la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal elevó a 25 años la condena a Bignone por el "plan sistemático" para el robo de bebés nacidos cuando sus madres estaban prisioneras en ilegal cautiverio en centros clandestinos de detención y torturas.
En esa oportunidad los camaristas Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Mariano Borinsky elevaron la pena inicial de 15 años de prisión que le había dictado el Tribunal Oral en lo Federal 6 (TOF6) que lo juzgó por más de 30 hechos de apropiación de niños cometidos durante la última dictadura.
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