Los legisladores porteños Gustavo Vera y Pablo Bergel presentaron una denuncia penal contra directivos de las distribuidoras eléctricas. "Están manejando los cortes para generar una situación de pánico a los efectos de imponer un ajuste de tarifas", dijo Vera.
 |
Gustavo Vera y Pablo Bergel, legisladores porteños por UNEN
|
Además, incluyeron en su presentación al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), al Gobierno de la Ciudad y funcionarios de la Jefatura de Gabinete “por el delito de sabotaje y de alteración del orden público, previsto en la ley 13.985”.
“Los estamos acusando de haber desorganizado un servicio esencial y la fuerte sospecha de que se están manejando los cortes para generar una situación de pánico a los efectos de imponer un ajuste de tarifas sobre la base del terror en la población”, afirmó Vera.
Asimismo, la denuncia permitiría determinar cuáles serían las medidas para prevenir que vuelva a presentarse un escenario como el que se vivió en las últimas semanas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
“El objetivo es que la Justicia nos indique cuál es el diagnóstico. Porque por un lado están hablando de un problema de transmisión, de cables que son muy viejos, por el otro lado están hablando de especulación para imponer un tarifazo, por otro lado están diciendo que es una situación transitoria y que tiene que ver con una ola de calor récord", enfatizó Vera, a lo que agregó: "pero ningún funcionario es creíble después de haber leído los balances de las empresas y que nadie haya hecho absolutamente nada para anticipar el colapso”.
Asimismo, señaló que “es una denuncia que implica avanzar hacia un allanamiento de las empresas, determinar claramente las responsabilidades y las causas que tienen que ver con esta situación dramática".
En cuanto a los funcionarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios, sostuvo que “son quienes debían controlar a las empresas distribuidoras de este servicio y, lejos de eso, hicieron la vista gorda a pesar de que los balances de años anteriores de estas empresas preanunciaban que podía ocurrir un colapso como el que vemos ahora”.
En tanto, señaló que “el ENRE, objetivamente, es responsable y no cumplió la función que tenía que cumplir, si es por omisión o cohecho lo tendrá que determinar la Justicia”.
“Por otra parte -añadió Vera-, estamos denunciando al Gobierno de la Ciudad porque no promueve acciones judiciales contra Edesur y Edenor para reparar el daño que han sufrido y están sufriendo los vecinos, lo cual nos da que suponer algún tipo de vinculación”.
Además, consideró que la investigación podría llevar a establecer la complicidad de las autoridades porteñas, ya que “es de público conocimiento que (Nicolás) Caputo, una persona fuerte y directamente vinculada a Macri, es uno de los accionistas principales del Edesur”.
El artículo 7 de la ley 13.985, prevé penas de entre uno y diez años de prisión para quien “por cualquier medio desorganizare, destruyere, deteriorare o inutilizare, en todo o en parte, temporal o definitivamente, documentos, objetos, materiales, instalaciones, servicios o industrias de cualquier naturaleza, con el propósito de perturbar, retardar o impedir el desarrollo militar, económico, financiero, social, científico o industrial de la Nación".
El artículo 10, por su parte, hace referencia a la "imprudencia, impericia, negligencia o inobservancia de los reglamentos". La denuncia fue radicada en el Juzgado Federal nº 10, secretaría 19.
No hay comentarios:
Publicar un comentario