El fiscal Novo y el comisario Rebollo son las espadas punitivas de Massa

El armado represivo del Frente Rejuntador. El intendente de Tigre no tiene sino palabras de elogio para el polémico funcionario judicial. Su aliado, Gustavo Posse, apoya al ex policía, a pesar de su pasado. La convivencia entre intendentes, fiscales y uniformados.

 

Massa y el fiscal Novo

Fue notable la transfiguración de Sergio Massa. El líder máximo del Frente Rejuntador había cifrado su campaña en mostrarse como un hombre afable, lleno de sentido común y muy preocupado por la seguridad de los argentinos.

 

Pero ciertas circunstancias –entre ellas, las derivaciones del robo en su hogar del barrio cerrado Isla del Sol– revelaron súbitamente en él una veta nerviosa, irritable y hasta pendenciera.

 

En cambio, sus desvelos punitivos sobreviven. Y con una plataforma que incluye el endurecimiento penal, la flexibilidad de las garantías procesales y la saturación de cámaras en las calles. Tales iniciativas son festejadas por sus partidarios en el corredor norte del Gran Buenos Aires y cuentan con el aval de otros intendentes alineados a su espacio político.

 

Todos ellos (Humberto Zuccaro, en Pilar; Luís Andreotti, en San Fernando; Gustavo Posse, en San Isidro, y Jorge Macri, en Vicente López) controlan con destreza desde sus respectivos municipios los índices de la violencia urbana a través de una encomiable convivencia con fiscales y policías. En este punto, justamente, cobra relevancia la figura del fiscal general de San Isidro, Julio Alberto Novo, una especie de gerenciador de semejante cofradía, cuya presencia en los actos proselitistas de Massa es tan profusa como las denuncias y pedidos de jury que acumula.

 

No menos significativa es la alta exposición del candidato a concejal de San Isidro por el armado de Posse, Juan Carlos Rebollo, un alto dignatario de la Maldita Policía de Eduardo Duhalde –según consignó Tiempo Argentino en su edición del 7 de agosto– que habría integrado el personal del Centro de Operaciones Tácticas (COT) 1, de Martínez, un centro de exterminio durante la última dictadura. Detalles, apenas, de una posible política de Estado.

 

Hombre de armas plantar. "El fiscal general hace bien su trabajo", fueron las palabras con las que Massa se refirió a Novo el 29 de julio, luego de que el diario Página/12 pusiera al descubierto la estrecha relación de ambos. Aún se ignoraba que el funcionario judicial había designado a uno de sus más directos subordinados, el fiscal de Rincón de Milberg, Mariano Magaz, para instruir la causa por el "escruche" cometido por el prefecto y puntero massista, Alcides Díaz Gorgonio, el perjuicio de su jefe político, hecho por entonces todavía no difundido a raíz de un inexplicable pacto de silencio. Lo cierto es que entre el jefe municipal de Tigre y el fiscal también hay un estrecho vínculo. Al menos, en cierto modo, Magaz le debe a Massa su lugar de trabajo. 

 

La fiscalía de Rincón de Milberg  fue inaugurada por Massa el 12 de marzo de 2010, tras financiar su construcción. En aquella oportunidad, Novo elogió al intendente: "Su gran colaboración demuestra que es posible tener fiscalías cerca de la gente". Magaz, en tanto, asentía con un exagerado corcoveo. Entre los invitados especiales aplaudía con fervor un sujeto de ojos rasgados y kilos de más. No era otro que el comisario retirado Ángel Casafuz, quien años antes había ocupado la titularidad de Delitos Complejos y Narcocriminalidad, de la Bonaerense. 

 

En los corrillos de la Bonaerense aseguran que en la mañana del 3 de junio de 2002, Casafuz recibió una llamada telefónica. Se dice que desde el otro lado de la línea estaba nada menos que el fiscal general de San Isidro. El doctor Novo, un hombre con fama de duro e implacable, no había comenzado ese lunes de la mejor manera. Al parecer, mientras él todavía tomaba los últimos sorbos de café y su esposa se disponía a llevar a los chicos al colegio, irrumpieron tres ladrones en su hogar, ubicado en la calle Catamarca al 600, de Acassuso.

 

Sólo los dichos del fiscal consignan esa cantidad de intrusos. Otra versión señala que había un solo delincuente. El caso es que este último ahora yacía en el suelo con tres tiros en la espalda. Y Novo empuñaba una pistola aún humeante. Al parecer, el muerto estaba desarmado. Los vecinos aseguran que, antes de llegar la policía, acudió al domicilio en cuestión un hombre de ojos rasgados y kilos de más. Curiosamente, en el expediente –instruido por una subordinada de Novo, la doctora Alejandra Dotti– quedaría asentado que, junto al cadáver del ladrón había "un revólver calibre 32".

 

En 2009, 13 fiscales de San Isidro impulsaron un pedido de jury para Novo. Lo acusaban de arbitrariedad, filtración de datos reservados, trabas burocráticas, parcialidad, malos tratos e intromisión en casos como el del asesinato de María Marta García Belsunce. 

 

En esa ocasión, Novo interpuso desde su cargo un cúmulo de obstáculos para entorpecer la investigación. Desde el envío de allegados suyos para retirar partes del expediente hasta remplazar al fiscal Diego Molina Pico por otro, para luego reponerlo al iniciarse del primer juicio, pero con tres fiscales adjuntos que en realidad estuvieron alineados con la defensa.

 

En resumidas cuentas, la gran contribución de Novo a la justicia provincial consistió en consolidar un sistema que a los fiscales les exige mano dura, condenas sin pruebas, acusar por las dudas. Y con un férreo control sobre ellos. Un control cifrado en el hostigamiento, en coacciones de toda índole. Para así desalentar a quienes tuvieran la osadía de meter un palo en la rueda abocada a la fabricación de culpables en escala mayorista.

 

Lo cierto es que, en paralelo, Novo tiene numerosos pedidos de juicio político por estorbar causas por narcotráfico y ajustes de cuentas en el marco de dicha actividad. Así, por ejemplo, ocurrió con la pesquisa que investiga la ejecución de dos traficantes colombianos a mediados de 2008 en el Unicenter, de Martínez. En definitiva, el fiscal general influiría negativamente en el esclarecimiento de los delitos para los que Massa propone aumentar las penas. No obstante, el intendente insiste: "Novo hace muy bien su trabajo".

 

Massa y Juan Carlos Rebollo

Segunda oportunidad. Tras las revelaciones del diario Tiempo Argentino sobre el trepidante pasado de Rebollo, el intendente Posse, una de las actuales espadas del massismo, sólo dijo: "Juan Carlos es un gran vecino de Beccar, en donde fue comisario, por lo que conoce como nadie los problemas de la gente".

 

No es extraño que el padrino político de Rebollo sea precisamente Posse, quien en 2009, tal vez influenciado por el apartheid sudafricano, llegó a levantar un muro preventivo entre los opulentos vecinos de La Horqueta y los desarrapados habitantes de Villa Jardín. Rebollo lo secundó en esa gesta. También aplaudió a Posse cuando se puso al frente de la campaña para destituir al juez de San Isidro, Rafael Sal Lari, por ser demasiado garantista para el paladar de ambos. 

 

Lo cierto es que los vínculos del comisario con la dictadura y su vidriosa presencia en la cúpula policial encabezada por Pedro Klodczyk generaron repudios y pedidos por parte de legisladores y dirigentes para que abandone su postulación, además de una investigación sobre su persona en el Senado bonaerense. Pero ello no hizo mella en él ni en Posse, quien ahora lo apoya más que nunca.

 

No menos cierto es que su condición de presunto represor no es simbólica. Rebollo, quien jamás figuró en San Isidro como funcionario público, dirige la política de seguridad del municipio, tiene a su cargo un programa de patrullajes con más de 100 vehículos y un envidiable presupuesto, y efectúa tareas de inteligencia sobre marchas opositoras a la gestión de Posse desde el centro de monitoreo comunal. 

 

El policía que arrancó con Ramón Camps tiene ahora una segunda oportunidad.