Después del furor por el Papa, los laicos contratacan

Por Lucía Alvarez, para Tiempo Argentino.

 

Preocupación por la injerencia de la Iglesia en la educación pública y la reforma al Código Civil. La designación de Jorge Bergoglio en la máxima instancia de la Iglesia Católica despertó fervor no sólo en los feligreses de ese culto, sino un avance sobre lo público. En esta nota muchos defienden la neutralidad religiosa del Estado.

Calles y avenidas en las ciudades de La Plata, Paraná y Tucumán; un solar en una plazoleta de Córdoba inaugurada por el gobernador Juan Manuel De la Chota; una foto en la guardia del Hospital "Luis Pasteur" en La Rioja; un proyecto de ordenanza para declarar a Salta "Ciudad Pro-Vida"; un circuito papal en el barrio  de Flores organizada por el Poder Ejecutivo porteño; un nuevo sello del Correo Argentino; asuetos escolares en las provincias de Formosa, Chaco, La Rioja, Santa Cruz y Ciudad de Buenos Aires en el inicio del pontificado; una gigantografía de Jorge Bergoglio de 88 metros por 44 en el Edificio Del Plata; un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para acuñar una moneda con el rostro del ex arzobispo; un bandera del Vaticano izada en la Plaza de la República; una propuesta en la Cámara Baja que busca bautizar "Papa Francisco" a la Ruta Nacional Nº 9; otra que aspira a cambiar el nombre de la Escuela pública Nº 8, Distrito Escolar Nº 11, la primaria a la que asistía el actual obispo de Roma.

No pasaron ni dos meses desde la unción del Papa Francisco. Pero su designación no sólo trajo un renovado fervor católico, sino un avance de las apelaciones religiosas en el ámbito de lo público. 

El listado se completa con la visita a la ciudad vaticana de legisladores, referentes de organizaciones de Derechos Humanos y sindicales; intercambios epistolares con jefes de Estado e integrantes de la Suprema Corte de Justicia; la inauguración de las sesiones legislativas con una virgen del Luján en el recinto de la Cámara de Diputados, y las declaraciones de líderes políticos que, como el senador Aníbal Fernández, reconocieron que la designación del ex arzobispo de Buenos Aires condicionará la agenda política. "Me parece imposible sacar el tema del aborto ahora", respondió el ex jefe de Gabinete recientemente en una entrevista. 

Preocupados por la vitalidad del catolicismo en la cultura política, pero sobre todo en las instituciones estatales, referentes laicos exigieron que se respete la separación entre lo público y lo confesional, y reiteraron el pedido para que la Iglesia Católica deje de ser considerada "una persona jurídica de carácter público", tal como lo define el proyecto de reforma al Código Civil y Comercial, elaborada por el Poder Ejecutivo, que aún se discute en el Parlamento. 

Esa categoría le otorga una posición excepcional frente a los otros credos que conforman "personas jurídicas privadas" y deben inscribirse como asociaciones civiles sin fines de lucro, una categoría que comparten, por ejemplo, con los clubes de futbol. 

"Nos preocupa que se vean afectados derechos adquiridos o futuros, como es la reforma al Código Civil. Otro ámbito clave es la educación pública, a la que se descuida en beneficio de las escuelas confesionales, que reciben cerca de tres mil millones de pesos en subsidios. Pero también hay que observar la permeabilidad de los sindicatos ante la doctrina social de la Iglesia", subrayó Fernando Lozada, de la Coalición Argentina por un Estado Laico. 

Desde ese espacio redactan una carta a la presidenta Cristina Fernández solicitándole que no asista al tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral metropolitana. "Vulnera el principio de neutralidad del Estado. Ese día se festeja la emancipación del yugo español. Es tan incoherente como festejarlo en la embajada de ese país", agregó. 

A pesar de que la ciudad de Buenos Aires se caracteriza por ser menos tradicional que el resto del país, sus gobernantes fueron los primeros en subirse a la euforia papal. 

La gestión PRO no sólo empapeló las calles con la leyenda "La ciudad celebra con orgullo y alegría al Papa Francisco", instaló una gigantografía en el Edificio del Plata –el que se erige sobre la avenida 9 de Julio– e izó la bandera del Vaticano en la Plaza de la República. También decretó un asueto escolar, que fue apelado por distintos organismos, entre ellos la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Esa ONG presentó una nota al Ministerio de Educación y a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural porteños, y aún esperan la resolución de esta última, para evaluar las acciones legales a seguir. "La decisión fue violatoria de la neutralidad religiosa del Estado y el derecho de los habitantes a una educación laica. Estaremos atentos y haremos lo que esté a nuestro alcance para garantizar el carácter laico del Estado", indicó Felicitas Rossi, abogada de ADC. 

La Legislatura porteña, cuyas campanas se sumaron a las de los templos católicos para festejar el inicio del pontificado, fue la más prolífica en proyectos de ley para honrar al Papa de origen argentino. 

Cristian Ritondo y Roberto Quattromano solicitaron colocar una placa en una vivienda de la calle Membrillar –que ya fue colocada–, lugar de su infancia; Daniel Amoroso pidió que se bautice "Papa Francisco" a la avenida Carabobo; Ritondo y Jorge Garayalde también propusieron ese nombre para la nueva estación de la línea A y Daniel Lipovetzky lo hizo para la escuela pública en la que hizo la primaria. Fernando de Andreis, Victoria Morales Gorleri, Daniel Lipovetzky, Daniel Amoroso y Adriana Montes presentaron, además, proyectos de declaración de beneplácito y orgullo por la proclamación de Jorge Bergoglio.

El mito de la nación católica y las apelaciones a lo religioso como una fuente de legitimidad en la arena política son fenómenos de larga data, pero de enorme actualidad en Argentina. Según señala el sociólogo Juan Cruz Esquivel, investigador del CONICET,  en el artículo "La carrera por un Papa propio", los clérigos contribuyeron en el proceso de integración de la sociedad y participaron de manera activa en sucesos como la Revolución de Mayo, la independencia de 1816 y la Constitución Nacional de 1853. 

Más tarde, la generación del '30 estuvo empeñada en catolizar al Estado, a sus estructuras y a sus cuadros dirigentes, y delegó en la Iglesia el diseño y la implementación de políticas públicas, sobre todo en materia educativa, de planificación familiar y social. Un rasgo que no fue modificado en las décadas siguientes, como sí lo hicieron países vecinos, entre ellos, Uruguay y México. “Prevalece una cultura política que naturaliza la presencia de la institución católica en la sociedad basada en la percepción de que el vínculo con las autoridades eclesiásticas proporciona un crédito extrapolítico”, advierte Esquivel. 

Además del reclamo por modificar el carácter público de la Iglesia en el Código Civil, las organizaciones laicas concentran su atención en el retiro de símbolos religiosos de las instituciones del Estado. A nivel nacional, uno de los pioneros fue el actual embajador argentino en Bolivia, el ex diputado Ariel Basteiro, quien presentó en 2010 un proyecto para retirar la imagen de Nuestra Señora de Luján entronizada en el Salón de los Pasos Perdidos y habilitar un espacio multirreligioso.

Un año después, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Asociación Civil Ateos Mar del Plata interpusieron una demanda ante la Justicia Contencioso Administrativa de la provincia de Buenos Aires para que se declare la nulidad de una resolución de la Cámara de Diputados bonaerense de 2010 que dispuso entronizar una imagen de la Virgen de Luján en el Salón de los Pasos Perdidos. El antecedente judicial más cercano era una acción de amparo de abril de 2003 que había conseguido el retiro de la Virgen María Reina de la Paz Medjugorje en la entrada principal del Palacio de Tribunales de Buenos Aires, en Talcahuano 550.

En 2010 también María José Lubertino presentó en la legislatura porteña una propuesta que prohíbe la instalación o exhibición permanente de imágenes o motivos religiosos en todos los edificios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con excepción de aquellos ubicados en hospitales y cementerios siempre y cuando "se encuentren en un espacio reservado y se garantice la multiplicidad de credos".

Otro tema que preocupa a las organizaciones que defiende el carácter laico del Estado, es la educación religiosa que imparten algunas instituciones públicas, por ejemplo en la provincia de Salta. El año pasado, la justicia local ordenó que las escuelas dejen de imponer prácticas de la religión católica a sus alumnos violando el derecho a la igualdad, la no discriminación y la dignidad de los niños que no profesan esa religión. Sin embargo, el gobierno provincial todavía incumple el fallo. En la actualidad, el expediente está en la Corte Suprema de Justicia provincial.

NdR: la deformación del apellido del gobernador de Córdoba es responsabilidad de la redacción de Currín y no de la autora de la nota.