La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer el envío al Parlamento del proyecto de ley de democratización de la Justicia que posee seis puntos principales, y aseguró que los argentinos "necesitamos jueces que estén dispuestos a jugarse por una sociedad democrática".
La Presidenta justificó el envío del proyecto al señalar que "necesitamos que la justicia logre un equilibrio en los derechos de toda la sociedad", y sostuvo que "no podemos aceptar más la violencia y la extorsión, por eso queremos una justicia legítima, ágil y para todos los argentinos".
Cristina lo expresó en un discurso pronunciado en Casa de Gobierno, donde adelantó el inminente envío al Parlamento del proyecto de Ley que, entre otros puntos, prevé la elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura mediante el voto popular y la regulación de las medidas cautelares contra el Estado.
En ese marco, la Presidenta aseguró que "estamos cumpliendo con la palabra empeñada y llevando a cabo, a través del Parlamento, esto que se ha internalizado en la sociedad, como lo es la democratización de la justicia".
El anuncio fue acompañado por el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez; la presidenta provisional del Senado, Beatriz Rojkés de Alperovich; el ministro de Justicia, Julio Alak; y el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, además de miembros del gabinete y de la justicia.
En ese marco, Cristina afirmó que "con la democratización de la justicia no estamos tratando de antidemocrático al Poder Judicial, porque la situación de la justicia es producto de una larga y mala historia".
"Esto requería una puesta a punto y una apuesta a la modernización de una Argentina del siglo XXI, que exige participación y conocimiento para darle mayor legitimidad a uno de los tres poderes del Estado", señaló.
En ese contexto, la Presidenta dijo que "no hay ningún ciudadano de los cuarenta millones de argentinos que dude que las decisiones del Poder Ejecutivo se toman en la Casa Rosada, y se toman por quien está sentado en el sillón de presidente, o presidenta".
Enseguida destacó las iniciativas que forman parte del proyecto de Ley, entre las que se encuentran la "ley de reforma del Consejo de la Magistratura, la ley de ingreso democrático al Poder Judicial y al Ministerio público Fiscal y de la Defensa".
También se enviarán iniciativas de reforma de la ley de publicidad del Poder Judicial y la ley de Casación, que dijo incluye "agregar tres Cámaras más y la ley de publicidad y acceso directo a las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado", entre otras medidas.
La presidenta agregó que la elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura "no es politización de la justicia o partidización".
"Si uno forma parte de un organismo que conduce y dirige políticamente un poder (del Estado) debe estar sometido a las reglas del sistema político", agregó la Presidenta.
En cuanto a las medidas cautelares, señaló que "hay juzgados en los cuales hay radicadas miles de medidas cautelares que han implicado pérdidas para el Estado" y que "fundamentalmente ha sido un gran negocio para muchísimos estudios jurídicos".
La jefa de Estado agregó que "cada vez que al Estado argentino le ha ido mal, finalmente le ha ido mucho peor a las grandes mayorías".
La presidenta afirmó que en los concursos para selección de jueces "se garantizará la ecuanimidad" y que se establecerá en la ley "una mecánica que establece igualdad de condiciones y no discriminación para quien no forma parte del Poder Judicial".
Al retomar el tema de las medidas cautelares, enfatizó que "esperemos que los jueces que no escuchan a la Corte, escuchen al Parlamento".
También dijo que "hay una publicidad de los actos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo que debe trasladarse al Poder Judicial", por lo que "lo menos que esperamos es que la Justicia logre un equilibrio entre los derechos de todos".
Agregó que "no podemos más soportar la violencia y la extorsión. Que se recurra a la Justicia y no ejercerla por mano propia".
Por último, añadió que "están en juego las garantías y los derechos del Estado y los derechos de todos deben ser respetados".
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