Lo hizo a través de un escrito enviado al juez Alfonso Ziulu, en el que solicita el cese de las cautelares que le exigen la reducción del valor del abono básico del cable, porque de lo contrario quebrará y dejará de prestar el servicio.
Más allá de las diferencias ideológicas y las disquisiciones políticas en el marco de los debates parlamentarios, lo que debería primar entre los sectores en pugna debería ser cierto grado de coherencia con las causas que se defienden y se atacan.
En los últimos 15 días, y al calor del debate del proyecto de ley de reforma de la justicia, quedó en evidencia una posición corporativa de algunos sectores de la oposición, de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y de grupos de medios como Clarín, los que manifestaron su rechazo, con sus argumentos e intereses, a la iniciativa que ideó el kirchnerismo.
Paralelamente a esta posición monolítica –que puso como eje de la discordia las supuestas presiones futuras del Ejecutivo sobre los jueces y cruzó duro respecto de los nuevos plazos para las medidas cautelares de la reforma–, uno de esos sectores críticos a la nueva norma hacía, por otro lado, todo lo contrario a lo que pedía en público sobre el mismo tema: el respeto a la justicia.
Es que Cablevisión, la cablera del Grupo Clarín, acechada por distintas sentencias en la provincia de Buenos Aires que la obligan a facturar el servicio básico en $ 130 mensuales, tal como ordenó el Estado en lugar de los más de $ 250 actuales, salió a presionar fuerte a los magistrados que fallaron en su contra.
Y el término "fuerte" no es decorativo: la cablera amenazó con irse a la quiebra si los jueces no dejan sin efecto los fallos favorables a las cautelares que limitaron las tarifas. También aseguraron que echarían a toda la plantilla de trabajadores, planteo que desarrollan buscando arrastrar al sindicato de la actividad a pelear a favor de los intereses de su empleador, aunque sea contra la justicia.
Concretamente, Cablevisión pide suspender el proceso normal de la justicia por considerar que los fallos afectan su estructura económica, una premisa por lo menos cuestionable a la hora de ver las enormes rentabilidades que ha obtenido la empresa sobrefacturando.
El pasado 8 de marzo, el letrado patrocinante de Cablevisión, José Francisco Sánchez Peralta, envió al Juzgado Federal 2º de La Plata, a cargo de Adolfo Ziulu, un escrito de 15 páginas en el que asegura que el cumplimiento de las resoluciones tarifarias de la Secretaría de Comercio Interior, "implica poner en riesgo la propia existencia de Cablevisión como empresa". En la nota, el abogado de la empresa asegura que "dicho de manera simple, si Cablevisión debe cobrar el precio fijado por la Secretaría de Comercio Interior, su negocio se torna inviable", y si esto sucede, "los usuarios se quedarán sin poder acceder al servicio de televisión por cable e Internet". Este último servicio está prestado por Fibertel, una empresa de Clarín a la que el gobierno denunció por operar con una licencia vencida pero contra la cual nunca logró avanzar en una investigación judicial seria.
El texto de presión a los magistrados tiene una particularidad: fue enviado un mes antes, el pasado 4 de abril, de que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata le rechazara a Cablevisión un recurso extraordinario para evitar corregir su tarifa. Es decir, Cablevisión buscó presionar con un supuesto colapso económico y pérdida de puestos de trabajo para revertir una decisión judicial que se dio, en todas las instancias, a favor de los usuarios bonaerenses.
La causa se inició el año pasado, cuando el defensor del Pueblo bonaerense, Carlos Bonicatto, inició una acción colectiva en representación de los más de un millón de clientes de Cablevisión en la provincia para que se respete la tarifa asignada. La acción surgió de más de 60 denuncias formales (hubo muchas anónimas) y pedidos de intendentes y legisladores. Cabe destacar que Cablevisión incumple más de diez fallos judiciales por tarifas en su contra emanados de juzgados de diversos puntos del país, y afronta amparos pedidos por más de 17 municipios bonaerenses. Además, la oficina que conduce Bonicatto inició acciones similares contra Telefónica y DirecTV por cuestiones vinculadas al servicio que prestan.
La nota de Cablevisión a la justicia asegura que los tribunales nunca analizaron los costos del servicio para saber si se puede o no establecer una tarifa de $ 130 mensuales con algo de renta. Y solicita que mientras tanto "se suspenda el cumplimiento de la medida cautelar (…) a fin de evitar que el negocio de Cablevisión se torne inviable". Asimismo, y mostrando un comportamiento binario respecto a las cautelares, Cablevisión le dice a los jueces que "ratifica la plena y efectiva vigencia de la medida cautelar colectiva obtenida por la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), en la Justicia Federal de Mar del Plata", la única decisión judicial a favor de la empresa.
El tema de los costos es una verdad a medias: desde la Asociación de las pymes de TV por cable se dijo en repetidas oportunidades que se puede prestar –y ellas lo hacen– igual servicio que Cablevisión por la tarifa exigida por Comercio Interior, y con muchos menos clientes. Y, además, la falta de información sobre los costos del servicio es responsabilidad de la compañía, y luego del Estado, ya que la firma nunca envío el detalle tantas veces pedido por la secretaría que conduce Guillermo Moreno.
La carta a la justicia asegura que, por no considerar el Estado costos extra del servicio –que la empresa se negó a informar– la empresa estaría resignando "$ 1.228.356.892 en el año 2010", suma que "hoy es bastante mayor", por cobrar $ 130 en lugar de los $ 250 que factura mensualmente. Asimismo, la cablera de Clarín afirma que “si el balance de Cablevisión al 31/12/2010, que arrojó un resultado positivo de $ 660.153.646, se le aplica la fórmula matemática prevista por la Resolución 50 (el cálculo que hizo el Estado ante la negativa de la firma a dar datos de costos), el mismo arrojaría un resultado negativo de –$798.431.980 como consecuencia de los costos no contemplados por la misma".
Llamativamente, la cablera presenta a la justicia datos del balance de 2010, pero omite intencionalmente cuantificar el excedente que le generó en los últimos años la sobrefacturación por la vía de la evasión de los fallos judiciales. Lo cierto es que en los últimos tres años la firma percibió $ 7400 millones extras por especular con las tarifas. El esquema de renta extraordinaria por sobrefacturación es sencillo, porque se nutre del cobro directo de un abono mensual caro: la cablera de Clarín tiene, según sus propios registros y balances, algo más de 3,5 millones de clientes en todo el país. En lo que va del año, en lugar de cobrar los $ 130 exigidos por resolución facturó hasta $ 205 mensuales, es decir, $ 75 más de lo debido por abonado. Así, terminaría 2013 (siempre y cuando no vuelva a subir la tarifa) obteniendo $ 3200 millones extras por no respetar la tarifa oficial.
Consultada la Defensoría del Pueblo sobre si, en alguna instancia, había mantenido reuniones con la empresa para abordar este tipo de prácticas para con la justicia, dijeron "no, nunca sucedió". Lo que sí ocurrió fueron varios pedidos de reuniones por parte del Sindicato Argentino de Televisión (SAT), cuyas autoridades provinciales se mostraron preocupadas por el futuro de sus fuentes de trabajo, luego de las amenazas de Cablevisión de mandar a la quiebra la empresa por los fallos de la justicia. La estrategia de presión de la firma ante los fallos adversos es muy similar, sin ir más lejos, a la aplicada por las empresa de medicina prepaga al momento de la sanción de la ley que regula la actividad. Por el rol de los medios de comunicación, la extorsión no tuvo éxito entre los diputados y senadores.
En los próximos días se sabrá si la justicia es permeable o no a la presión de Cablevisión.
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