La juez federal María Servini de Cubría aplazó la indagatoria prevista para ayer al asesor del jefe de gobierno porteño, Mugrizio Macri, luego de un nuevo pedido de los imputados.
Además, la investigación corre riesgo de diluirse luego de que la justicia porteña reclamara para sí el expediente radicado en la justicia electoral, que oportunamente ordenó las pericias, aduciendo que como la del 15 de julio pasado era una elección local debería tramitarse en ella.Por lo pronto, el primero de los tres imputados que debía ser indagado el miércoles, Juan José Garat, socio del ecuatoriano Durán Barba en su consultora, no se presentó y pidió nueva postergación, a lo que se plegaron el propio Durán Barba y Rodrigo Lugones, citado para el hoy, sin que se fijara nueva fecha.
Los tres están acusados de violar el artículo 140 del Código Electoral, que pena con dos meses a dos años de prisión a quien "con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo".
La campaña consistió en una falsa encuesta telefónica en la que se inducía a votar en contra del senador porteño preguntando si lo votaría aun a sabiendas de que su padre, Salomón Filmus, era arquitecto y trabajaba para Sergio Schoklender, el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, investigado por presunto fraude.
El engaño fue denunciado días antes de los comicios del 10 de julio -en que se renovaba jefe de gobierno y legisladores- ante la jueza federal con competencia electoral en la Capital, Servini de Cubría, y ante la justicia porteña.
Las pericias pedidas por Servini a la división informática de la Policía Federal determinaron que las llamadas partieron de las computadoras de la empresas Tag Continental, Conectic SRL y NSS, desde cuyas computadoras se despacharon para triangularse en servidores ubicados en Estados Unidos.
Los tres imputados estarían relacionados con esas empresas, que además están ubicadas en el mismo edificio de la consultora "Opinión Confidental", propiedad de Durán Barba y Asociados.
Filmus reclamó que además de penar a los responsables directos se determine si la operación se pagó con fondos del erario publico porteño, dado que el beneficiario directo era el aspirante a la reelección, Mauricio Macri.
Ahora Servini deberá determinar si retiene la investigación que iniciara hace seis meses y, en ese caso, fijar nueva fecha de indagatorias.
La condición de hijo de puta y la de cobarde a la hora de dar la cara, suelen ir de la mano. Durán Barba no podía ser la excepción.
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