El alcalde de la Ciudad llegó al récord de anular un promedio de 20 normas por cada 12 meses de gobierno. Los rechazos más cuestionados están vinculados con la salud pública, como el caso de la venta de remedios en kioscos.
Desde el viernes, cuando el jefe de gobierno, Mugrizio Macri, decidió vetar la ley porteña que impedía la venta de medicamentos en kioscos, bares y supermercados, su fuerza se adjudicó un llamativo récord para su gestión de gobierno. Desde fines de 2007 hasta 2011, la gestión del PRO vetó un promedio de 20 leyes por año, con un total de 82 normas anuladas desde que el hijo bobo de Franco Macri asumió la conducción del gobierno porteño.
Curiosamente, según un estudio del Centro de Estudios Porteños (CEP) la saga de decretos que anularon esas leyes sancionadas por la Legislatura porteña durante el primer mandato del líder del PRO, empezó y terminó con temas vinculados a la salud pública: el 29 de diciembre de 2007, el primer veto que firmó el empresario, frenó la aplicación de la Ley 2566 e impidió la creación de un Laboratorio Estatal de Producción de Medicamentos. El último, que data del 16 de diciembre de este año, desarticuló la norma 4015 que adhería a la ley federal que sólo le permite la comercialización de los remedios de venta libre a las farmacias. Si bien el veto en sí mismo se produjo en el segundo mandato de Macri, corresponde a una ley que fue aprobada por la Legislatura antes del 11 de diciembre, cuando aún transcurrí el primero de los mandatos.
Entre un veto y el otro, no sólo hay una extensa lista de 80 leyes que quedaron sin efecto. También aparece una serie de sospechas que conducen al poderoso lobby de las empresas de la industria farmacéutica.
A finales de 2007, cuando Macri tiró por la borda la creación de una fábrica estatal de medicamentos genéricos, había cedido a la presión de los principales laboratorios médicos. Todos se encargaron de evitar la pérdida del Estado porteño como cliente y apelaron a los buenos oficios de Ralph Kirby, el ex gerente de Química Estrella y vocal del Hospital Británico que, desde 2007, ejerce el verdadero control económico de la cartera sanitaria encabezada por Jorge Lemus. “Ralph”, como le dicen sus amigos, se desempeña desde septiembre de 2008 como subsecretario de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud porteño, pero dentro del gobierno PRO, sus allegados lo identifican como el principal impulsor del primer veto de Macri.
Desde entonces, el discreto ingeniero químico de origen inglés, se desempeña como el verdadero “gendarme financiero” que impulsó una serie de recortes presupuestarios en los 33 hospitales públicos de la Ciudad, entre ellos, la redistribución del sistema de compras de medicamentos.
Cuatro años después del primer dedazo de Macri, el veto a la Ley 4015 de medicamentos de venta libre, no tuvo que ver con Kirby, sino con el empresario Juan Tonelli, novio de la ex vicejefa de gobierno Gabriela Michetti y director ejecutivo de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales de Venta Libre (Capemvel).
El hombre, que conoce a Kirby desde que ambos asesoraban a la Fundación Creer y Crecer, habría hecho todo lo posible para que esa norma quedara sin efecto. A esa misión también se habrían sumado algunos funcionarios del área de comunicación del gobierno PRO que, además de trabajar en esa repartición, también se encargan de cuidar la imagen de la mayor cadena argentina dedicada a la comercialización de comestibles, artículos de tocador y medicamentos de venta libre .
El último veto de Macri, que desató un debate de sospechas que aún no ha terminado, es el decimoctavo decreto de anulación de leyes que el alcalde firmó en 2011.
Antes, había dejado sin efecto, entre otras, la ley que creaba un registro de los mal llamados “trapitos”, la norma que prorrogaba la emergencia habitacional por otros tres años, la creación de un área dedicada a la atención del consumidor sobreendeudado, la inclusión laboral para jóvenes en situación de vulnerabilidad social, la creación de un programa de prevención civil en situaciones de riesgo o catástrofes, la protección integral de los derechos de personas en situación de calle, la adhesión porteña a la ley nacional que entrega pasajes de transporte público a personas con discapacidad y, finalmente, la que establecía el uso obligatorio de equipamientos de seguridad en los autos vendidos en territorio porteño.
Desde que asumió, Macri vetó cuatro leyes en 2007, once en 2008, otras doce en 2009, treinta y ocho en 2010 y dieciocho en 2011. El total es de 83, con un promedio de 20 anulaciones por año.
Para el senador Daniel Filmus, titular del Centro de Estudios Porteños (CEP), que año tras año analiza la evolución de los vetos de Macri muestra el “deterioro institucional”.
“Los vetos marcan claramente una dirección ideológica contraria a la ampliación de derechos, a la inclusión social o a la solución de los problemas de los más necesitados”, concluyó el legislador del FPV.
Estos son los que decían, allá por el 2009, cuando el kirchnerismo quedó sin mayoria parlamentaria, que iban a empezar los vetos de Cristina. Son también los que critican al gobierno nacional por la falta de calidad institucional.
Y, mal que nos pese, son los que ganaron con más del 60% de los votos en segunda vuelta. Por eso, habemos un 40% de porteños, que sabemos de qué hablamos, cuando hablamos de tenerla adentro.
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