Quedó como un clásico. Por eso el titular del Senado oriental, que debería laudar en caso de empate en la votación por la tasa que propone el primer mandatario sobre los grandes terratenientes, salió a enfrentar las sospechas.
Danilo Astori, el vicepresidente uruguayo, sostuvo que es “impensable” que vote en contra del Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR) y que por lo tanto rompa con su presidente, como ocurrió en la Argentina con Julio Cleto Cobos.
En una entrevista con el semanario Búsqueda no se bajó de su postura inicial -divergente de la de Mujica- pero afirmó que la lealtad “además” de su función es su obligación. “Creo que una parte de la lealtad es decir las cosas que uno piensa”, remarcó el presidente del Senado oriental. “No creo que en Uruguay sean factibles situaciones de esa naturaleza (como ocurrió con la famosa Resolución 125), pero me estoy metiendo en cosas que no me corresponden”, alegó Astori.
El vicepresidente consideró que no hay “ningún quiebre” entre el actual equipo económico y el anterior -que él dirigió- y sostuvo que cambiar el rumbo económico tendría “consecuencias nefastas”, como el final del “gasto social”. Y, añadió: “no hay margen para eso”.
El jueves, en su habitual audición, que transmite la emisora M24 de FM, el presidente José Mujica se refirió el tema del nuevo impuesto a consideración del Parlamento.
Contó que las zonas alejadas de las ciudades viven “pequeños productores y peones que son los escalones más humildes de lo que se puede llamar la clase media rural”. Pero en estos tiempos en los que la modernidad está por todos lados, “no es conveniente que los pobladores de la campaña tengan esa problemática para moverse”, sostuvo, y detalló: “Andan como pueden en algunas camionetas en general viejas, motos y todavía en algún carrito de pértigo”.
Luego dijo que en Uruguay hay más de 24 mil camiones de carga pesada con un valor de 2000 millones de dólares aproximadamente. Estos vehículos trasladan la mercadería desde su origen y transitan por caminos rurales que demoran horas entre carga y descarga de mercadería. Eso, resaltó, genera pérdidas en la productividad, entre muchas otras cosas, “por lo que se hace necesario mejorar la caminería”.
“Es obvio que las intendencias (gobernaciones) no pueden hacer frente a esta situación, porque se ha multiplicado el tránsito pesado, y es notorio que cuanto más pesado es, más destruye el camino. Es un problema que se alimenta a sí mismo”, sostuvo el presidente, y aseguró que “hay que invertir mucha plata en caminería rural”, inversión que “la tienen que pagar en parte los hombros más fuertes, porque son aquellos que en los últimos años recibieron enormes beneficios por la vía de la capitalización, y seguirán recibiéndolos”.
“No estamos hablando de cifras aterradoras”, indicó el presidente y agregó que “un grupo pequeño de grandes empresarios pagará lo mismo que pagaba antes del año 2000, (...) hablando de valores constantes”. También recordó que el impuesto agropecuario afectará al 2% de los terratenientes, que concentran “el 35% o 36% del mapa del país, pocas empresas que tienen muchas tierras”. La Federación Rural, y la Asociación Rural rechazan la iniciativa al igual que casi toda la oposición.
Nos gustaría escuchar ahora a Duhalde, Alfonsinito, Carrió, De Narváez, La Nazión, Clarín, TN, Majul, Lanata y compañía; poniendo a Uruguay como ejemplo a imitar.
Aprendé Cobos, la reputísima madre que te parió.
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