Legisladores opositores se comprometieron a prorrogar la ley que frena desalojos en tierras ancestrales

EN EL CONGRESO DE LA NACIÓN SE REUNIERON AYER REFERENTES CAMPESINOS INDIGENAS CON DIPUTADOS Y SENADORES DE TODOS LOS BLOQUES OPOSITORES. 

La reunión que comenzó a las 11:00 hs. tuvo lugar en el salón Delia Parodi del palacio legislativo. 

El proyecto de prórroga de la Ley 26160 que fue el centro del debate porque busca continuar el reelevamiento de tierras indígenas y contempla el impedimento de desalojos de tierras en litigios.

Encabezados por Leonardo Grosso y Silvia Horne, legisladores y legisladoras escucharon los testimonios de los referentes y se comprometieron a prorrogar la ley que se votará hoy, miércoles, acompañada de una gran movilización que llegará a las puertas del Congreso en horas del mediodía.

Durante toda la actividad se reclamó la aparición con vida de Santiago Maldonado por haber desaparecido en el marco de un conflicto de tierras. Leonardo Grosso, vicepresidente de la comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional dijo que “el objetivo es que los legisladores es escuchemos la visión de las comunidades de cara a la prorroga de la ley 26160. Destacamos que la situación de Santiago Maldonado precipitó esta discusión por que fue desaparecido en un operativo de gendarmería nacional donde la comunidad mapuche esta disputando la propiedad de tierras ancestrales con el Grupo Benetton”.

Lucila De Ponti diputada por Santa Fe dijo que “en nuestro país existen cientos de conflictos de comunidades indígenas y campesinas que defienden su tierra, que es su fuente de trabajo y vida frente al avance del agro negocio, de poderes económicos mayoritariamente extranjeros que solo logran ganancias para unos pocos”.

Cabe destacar que este miércoles 27 desde las 11:00 hs. partirá una movilización de 9 de Julio y Av. de Mayo hacia las puertas del palacio legislativo donde se realizará una vigilia de pueblos originarios hasta que el Senado vote la media sanción de la nueva ley que prorrogará la 26.160.

El régimen macrifascista presiona para limitar la protección de las tierras a pueblos originarios

QUIERE BAJAR LA PRÓRROGA DE CUATRO AÑOS A UNO Y MEDIO. LAS COMUNIDADES ACAMPAN EN EL CONGRESO. TENSIÓN EN EL PERONISMO.

El Senado tratará hoy la prórroga a la ley para identificar y resguardar las tierras de los pueblos originarios, pero hasta último momento la alianza de derecha Cambiemos insistirá en extenderla por sólo un año y medio y no por cuatro, como exigen las comunidades.

Desde el sábado los pueblos originarios realizan un acampe en la plaza del Congreso, aún cuando un día antes Marcos Peña Braun Menéndez había confirmado en su cuenta de twitter que tratarían la ley, que vence en noviembre.

La exigencia de las comunidades, ahora, es que se respete la prórroga de 4 años mencionada en los proyectos de las senadores Norma Durango (PJ La Pampa) y Anabel Fernández Sagasti (FPV-PJ), incluidos en el temario de la sesión.

Cambiemos quiere retocarlos en el recinto. "Nuestra propuesta es extender la ley por un año y medio, pero la oposición insiste con los cuatro. Se definirá poco antes de la sesión, en la reunión de labor parlamentaria", admitió una fuente oficialista.

El debate, entonces, se traslada al Frente para la Victoria-PJ, que tiene la mayoría de los senadores y no encuentra consenso pleno en este tema. De hecho, en la última sesión votaron divididos cuando Fernando "Pino" Solanas exigió tratar esta ley. El serete mal cagado de Miguel Ángel Pichetto se unió a Federico Pinedo para evitarlo, pero muchos de sus pares le dieron la espalda.

Solanas irá al recinto a todo o nada por la prórroga de cuatro años y exigirá garantías presupuestarias. "Las partidas asignadas son escasas y así es imposible hacer un trabajo de catastro para identificar a las pueblos originarios", plantean cerca del cineasta.

La ley, sancionada en 2006, obliga a hacer esta tarea para determinar cuáles son las comunidades aborígenes, entregarles su título de propiedad y evitar conflictos.

"El territorio comunitario tiene instituciones que lo gobiernan y lo administran y es equivalente a la propiedad privada", explicó el pasado jueves en el Senado Jorge Nahuel, de la comunidad mapuche, en el centro de la escena tras la desaparición de Santiago Maldonado. Ese día llegaron referentes de las comunidades tobas, kollas y diaguitas, entre otras, todos con el temor a ser desalojados.

En Cambiemos no ignoran la preocupación pero la relativizan. "Desalojos no hay, porque el artículo 75 inciso 17 de la Constitución protege la propiedad de los pueblos originarios. Y no tiene sentido seguir con este registro por tiempo indefinido si no logramos terminarlo", dijo un senador del bloque de oficialista.

Pinedo los citó anoche para planear la estrategia a seguir. La sesión de hoy tiene también en agenda la ley de responsabilidad penal empresaria, acordada la semana pasada entre el oficialismo y el FPV-PJ. En ese tema, lograron saldar las diferencias.

Los pueblos orinarios reclamaron en el Senado la prórroga a la ley de tierras de pueblos originarios

LEGISLADORES NACIONALES Y REFERENTES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DENUNCIARON AYER EN EL SENADO QUE HAY UNA "CAMPAÑA" DESTINADA A INSTALAR UN "CONSENSO ANTI INDÍGENA" Y RECLAMARON LA PRÓRROGA DE LA LEY QUE SUSPENDE LOS DESALOJOS DE LAS TIERRAS OCUPADAS POR ESAS COMUNIDADES.

El senador de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas organizó un debate abierto sobre la situación de los pueblos indígenas y sus tierras, del que participaron el referente de la comunidad mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel; el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y los senadores Juan Manuel Abal Medina (PJ-FPV), Alfredo Martínez (Cambiemos) y Alfredo Luenzo (PJ Chubut).

El debate se llevó a cabo en momentos en que empieza a recalentarse en el Congreso del debate sobre la ley 26.160, que dispone la suspensión de los desalojos de tierras ocupadas por comunidades indígenas hasta que se realice un relevamiento de esos terrenos y que vence el 23 de noviembre próximo.

Durante la jornada, Solanas afirmó que "se ha instalado en la opinión pública una suerte de consenso anti indígena y esto es grave" porque "en un dominio mediático que milita en esa tendencia y ante la desinformación reinante, se instalan campañas que buscan avalar una historia de injusticia".

El senador recordó que la Constitución Nacional "reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas y, entre varios derechos, reconoce el derecho a la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan" pero que aún no se cumple de manera efectiva.

Respecto de la ley 26.160, que fue sancionada en 2006 y cuyo espíritu es cumplir con esa manda constitucional, el cineasta indicó que "no se ha entregado un sólo título de propiedad siguiendo los lineamientos de la ley".

"Han pasado 11 años de la 26.160. Hoy nos reunimos para decir que al menos prorroguen unos años más la ley, cuyo objetivo es impedir los desalojos hasta que se haga el relevamiento catastral y se entregaran los títulos. Los más optimistas dicen que se ha hecho el relevamiento del 30% de las tierras reclamadas, pero difícilmente llegue a eso", agregó.

Por su parte, Pérez Esquivel insistió en ese punto al remarcar que "no se entregó un sólo título" de propiedad a las comunidades indígenas y que "eso significa que no existe la voluntad política de hacerlo".

"No es solo este Gobierno, viene de arrastre de muchos gobiernos hasta hoy y hay que asumirlo esto", agregó el Premio Nobel de la Paz, quien advirtió sobre una "complicidad tremenda e intencionalidad de desconocer a los pueblos originarios y destruirlos, al atacar la cultura, la identidad, los valores y el territorio".

A su turno, el referente mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel, aseguró que son un "pueblo bajo estado de amenaza" y agregó que "tenemos un marco jurídico excepcional que nos debería permitir disfrutar de tiempos mejores pero estamos viviendo escalada de violencia, odio racial, un retroceso".

"La ley 26.160 es una obligación de Estado y a 11 años de su aprobación hay absoluto incumplimiento del Gobierno provincial y del Gobierno nacional", afirmó Nahuel al tiempo que sostuvo que "atrás de la no aprobación de la prórroga hay todo un clima de represión organizado".

No obstante, sentenció que "la ley es instrumental. La cuestión de fondo es que acá hay derechos constitucionales, internacionales que nos dan aval. Ese marco jurídico nos da plena vigencia y con ley o sin ley lo vamos a hacer valer".

En tanto, el constitucionalista Roberto Gargarella consideró que "es preocupante" cómo "el Gobierno nacional quiere gestionar el conflicto social" y se refirió al caso de la desaparición del joven Santiago Maldonado tras un operativo de Gendarmería en la comunidad mapuche Pu Lof, en Chubut.

Al respecto, sostuvo que "no es casual la presencia" en el operativo del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, sino que "es la afirmación de un tipo de práctica que viene desarrollándose en la Argentina desde hace mucho tiempo".

El Senado postergó el tratamiento de la prórroga de ley que prohibe desalojos de los pueblos originarios

SU TRATAMIENTO EN LA SESIÓN DE AYER FUE UN PEDIDO DE "PINO" SOLANAS Y ALGUNOS SENADOR KIRCHNERISTAS. PICHETTO Y PINEDO DEMORARON EL DEBATE HASTA EL 27.

El peronismo y la alianza de derecha Cambiemos volvieron a unirse en el Senado, esta vez para demorar, al menos 20 días, la prórroga de una ley que protege la tierra de los pueblos originarios, en medio de la tensión generalizada por la desaparición de Santiago Maldondo tras participar de una protesta mapuche.

La búsqueda del artesano no impidió que el sorete de Miguel Ángel Pichetto y Federico Pinedo apelaran a la cordura y en la reunión de labor parlamentaria consensuaran posponer para el 27 de septiembre cualquier tema vinculado al conflicto indígena.

Pero en la sesión Fernando "Pino" Solanas, siempre ajeno a esos pactos, pidió no escaparle al conflicto y aprobar ahí mismo la prórroga de la ley 26.160, que declara la "emergencia en materia de posesión y propiedad" en tierras "que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país".

La última extensión vence el 23 de noviembre próximo y el cineasta exigió tratar un proyecto de los pampeanos Norma Durango y Daniel Lovera, que la extiende hasta 2021.

"Queremos dar un mensaje de que el 23 de noviembre se suspenda cualquier desalojo. Los jueces hasta hoy vienen negando el título de propiedad", solicitó "Pino".

"Estamos en una campaña para crear miedo al indígena. ¿Qué harían ustedes si se le instalan en su propio campo? ¿O si su propio campo es vendido? ¡Las comunidades indígenas están defendiendo sus derechos!", gritó el senador y pidió tratar ahí mismo la protección a la propiedad de los pueblos indígenas.

Ignoró la propuesta de Pichetto para demorar 20 días el debate, que luego reiteró el jefe del bloque de la alianza de derecha de Cambiemos Ángel Rozas, hasta que su par Federico Pinedo le quitó la palabra. "No voy a hacer un debate por este tema", lo frenó, ante el asombro del chaqueño.

"¡Hicimos una acuerdo en labor parlamentaria para tratar este tema! Le pusimos fecha y todo: el 27, cuando vamos aprobar la ley penal para empresas. ¡Si esto sigue así tenemos que repensar las sesiones en tiempos de campaña!", gritó Pichetto, sacado por una sesión que parecía irse de las manos.

Para ponerlo más nervioso, a su lado, el neuquino Marcelo Fuentes, reconocido kirchnerista, propuso aprobar la prórroga de la protección a los pueblos originarios y repensar leyes de fondo el 27. "¡Nooooo!", se escuchó desde todos los rincones del recinto.

La preferencia pedida por Solanas fue rechazada con 33 votos a 11, entre quienes hubo kirchnerista como Ruperto Godoy y Marcelo Fuentes, pero otros como Virginia García, cuñada de Máximo Kirchner, se fue antes de pulsar el botón. Tanto quemaba la votación, que Juan Manuel Abal Medina no quería sumarse, pidió abstenerse, pero no lo dejaban. El 27 nadie podrá escaparse. 

Contra el "clima de época", la UBA reclamó que se prorrogue la ley que protege a los indígenas

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES EXIGIÓ LA APARICIÓN CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO Y CONDENÓ LA CAMPAÑA DE XENOFOBIA CONTRA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.

Luego de que Página/12 advirtiera que el parlamento no está trabajando en la prórroga de la Ley 26.160, de comunidades indígenas, cuyo vencimiento anticiparía eventuales desalojos similares a los que sufrió la comunidad Pu Lof Cushamen el 1º de agosto, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires reclamó, en una resolución de su Consejo Directivo, que se retome la discusión en en ambas cámaras del Congreso Nacional la "demanda unánime de comunidades y organizaciones indígenas de todo el país” que “evitaría futuros conflictos vinculados con las disputas territoriales”.

La UBA señaló que la falta de tratamiento de la iniciativa se inserta dentro del contexto de “una campaña mediática de neto corte racista (...) que intenta trasmitir la idea de una 'amenaza'” por parte de las comunidades originarias, pero también exigió “la aparición con vida de Santiago Maldonado” y el “esclarecimiento” del desalojo en Chubut.

Las autoridades de Filosofía y Letras aseguran que tienen el “deber”, dados los numerosos equipos de investigadores que trabajan junto con diferentes pueblos originarios, de ratificar que la prórroga de la ley “resulta imprescindible para evitar desalojos a comunidades indígenas". Para el Consejo Directivo, no es casual que la falta de debate suceda en este momento de “estigmatización y criminalización de los pueblos indígenas” que tiene como trasfondo “el interés por los territorios ancestrales por parte de diversos emprendimientos privados”, entre ellos los de Benetton, Lewis, Braun, Menéndez Behety y Rocca, quienes tienen un “evidente entrelazamiento” con las “nuevas autoridades nacionales”.

La ley en cuestión, la 26.160, sancionada en 2006 y prorrogada en 2009 y 2013, reconoce la emergencia en materia de “posesión y propiedad” de las tierras que “tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”. En su artículo 2 establece la suspensión de la “ejecución de sentencias o actos procesales o administrativos”, que tengan por objeto “el desalojo o desocupación de las tierras contempladas” en la norma.

En su resolución, los académicos también piden la intervención del INADI ante la profusión de mensajes que generan "confusión” en la opinión pública, “despertando y promoviendo en ella sentimientos discriminatorios y racistas (...) en un clima de época", que apunta claramente “a cercenar y hacer retroceder diferentes derechos de los sectores populares”.

El Consejo Directivo de Filosofía y Letras denunció, además, una “maliciosa e interesada identificación” de esos mensajes con los discursos de algunos funcionarios que demonizan a los pueblos originarios, y subrayó las insólitas manifestaciones de la beoda ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, quien caracterizó a los mapuches como "una amenaza terrorista", tergiversando y banalizando sus reclamos y desconociendo décadas de trabajo de diversos organismos estatales.

Por último, los directivos de la UBA exigieron "el cese de toda forma de violencia, la aparición con vida de Santiago Maldonado y el esclarecimiento de los graves hechos acaecidos en la zona de la comunidad 'Pu Lof en Resistencia' del Noroeste de Chubut”.