La Sala I dio lugar al recurso de queja presentado por el fiscal Gómez Barbella, en el marco de la causa que investiga el desapoderamiento accionario de la empresa Papel Prensa en la última dictadura cívico-militar.
La Sala I del tribunal, por mayoría, hizo lugar a los recursos de queja presentados por el fiscal Leonel Gómez Barbella y por el secretario de Derechos Humanos, Juan Martín Fresneda.
Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler hicieron lugar a la queja del fiscal para analizar la apelación y decidir si ordenan las indagatorias de los acusados, en tanto que Eduardo Farah se opuso.
Freiler y Ballestero indicaron que "de acuerdo con la jurisprudencia parcialmente concurrente de esta Cámara, la crítica formulada por el Fiscal y la querella reúne los presupuestos -gravamen de imposible reparación ulterior y arbitrariedad del decisorio- pertinentes para cimentar la procedencia del recurso de apelación".
El fiscal federal Leonel Gómez Barbella había presentado el 30 de marzo último un recurso de queja ante la Cámara Federal porteña contra el rechazo a citar a declaración indagatoria a los directivos de los diarios Clarín y La Nazión.
La fiscalía advirtió en aquella oportunidad que se "impide de hecho perseguir y juzgar posibles crímenes contra la humanidad" y que en la causa "se encuentra comprometida la responsabilidad del Estado por un posible incumplimiento de sus obligaciones internacionales en la materia". Gómez Barbella advirtió que "el expediente se podría transformar en instrumento de impunidad".
En este contexto, Freiler y Ballestero sostuvieron en el escrito que "toda vez que la denegatoria de los recursos de apelación -debidamente fundados- dejan al Ministerio Público y a la querella sin herramientas" para impulsar la revisión de la decisión "entendemos que corresponde, en consonancia con los precedentes citados, hacer lugar a las quejas introducidas y declarar mal denegados los recursos de apelación".
El fiscal Gómez Barbella fue en queja a la Cámara luego que el 20 de marzo pasado el juez de la causa, Julián Ercolini, rechazara por "improcedente" la apelación presentada contra su negativa a citar a declaración indagatoria a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Raymundo Podestá y Guillermo Gainza Paz. Podestá era Secretario de Estado en 1976 y Gainza Paz está imputado como supuesto "intermediario".
Para la fiscalía, la causa tiene "indudablemente interés institucional suficiente" para justificar la intervención de la Cámara, aunque por regla general esa instancia de apelación no se abre por negativas a citaciones indagatorias en el marco de una causa penal.
En este caso, "la resolución impugnada resulta equiparabale a sentencia definitiva por sus efectos y por el gravamen que ocasiona", señaló el fiscal. La causa penal se abrió en el 2010 por denuncia del juzgado nacional en lo Comercial 2, que extrajo testimonios y se acumuló a otro expediente abierto en La Plata por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El fiscal pidió llamar a indagatoria a los imputados por el delito de "extorsión" en el marco de un delito de lesa humanidad por persecución por motivos políticos y religiosos.
Ercolini rechazó el planteo aduciendo que en la causa hay medidas probatorias aún no concluidas como un peritaje contable para establecer si las acciones de Papel Prensa se traspasaron a un "precio vil" por parte de la familia Graiver a las empresas de los imputados.
La fiscalía sostuvo que "el estudio contable, dispuesto por el magistrado sin haber sido pedido por alguna de las partes, no es en absoluto dirimente para dar por configurada o no la hipótesis delictiva".
En este caso, "la resolución impugnada resulta equiparabale a sentencia definitiva por sus efectos y por el gravamen que ocasiona", señaló el fiscal. La causa penal se abrió en el 2010 por denuncia del juzgado nacional en lo Comercial 2, que extrajo testimonios y se acumuló a otro expediente abierto en La Plata por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El fiscal pidió llamar a indagatoria a los imputados por el delito de "extorsión" en el marco de un delito de lesa humanidad por persecución por motivos políticos y religiosos.
Ercolini rechazó el planteo aduciendo que en la causa hay medidas probatorias aún no concluidas como un peritaje contable para establecer si las acciones de Papel Prensa se traspasaron a un "precio vil" por parte de la familia Graiver a las empresas de los imputados.
La fiscalía sostuvo que "el estudio contable, dispuesto por el magistrado sin haber sido pedido por alguna de las partes, no es en absoluto dirimente para dar por configurada o no la hipótesis delictiva".
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