Por Franco Mizrahi, para revista Ventintrés (*)
Las organizaciones agrarias que no se sienten representadas por la Mesa de Enlace defienden la expropiación del predio de la Rural: “Las patronales no son el campo, viven del campo”.
Desde que se creó, en el 2008, en pleno conflicto por la imposición de las retenciones móviles a la soja, el trigo, el maíz y el girasol, la Mesa de Enlace no dudó en autoproclamarse “el campo”.
Constituida por las cuatro entidades más poderosas del mundo agropecuario (la Sociedad Rural, las Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y la Federación Agraria), cada vez que aflora un conflicto en el sector rural, la Mesa se despliega y cobra voz. Al hacerlo defiende sus propios intereses y deja de lado los de decenas de miles de campesinos y productores familiares que no coinciden con su ideología oligárquica.
La fórmula se repitió el 20 de diciembre pasado, cuando el Gobierno Nacional decidió anular la cesión del predio de Palermo en el que está asentada la Sociedad Rural Argentina (SRA) al considerar que en 1991 “fue sustraído del patrimonio del Estado Nacional mediante la maniobra de asignarle un menor valor”, según explicó el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. El Estado basó su decisión en un fallo del juez federal Sergio Torres y un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación y podría reclamarle a la SRA 157 millones de pesos.
La reacción de las patronales agropecuarias no se hizo esperar. El 2 de enero la patronal presentó en la Cámara Civil y Comercial Federal una medida precautoria para que se dicte una cautelar que suspenda la decisión del Ejecutivo, un pedido que ya había sido rechazado por la jueza de primera instancia Silvina Bracamonte. La urgencia de la SRA radica en que el Ejecutivo la emplazó a entregar 12 hectáreas del predio en 30 días, plazo que expira el 20 de este mes. Las esperanzas de la entidad radican en que la cámara ante la que presentaron la apelación es la misma que tuvo fuertes controversias con el Gobierno en el marco de la aplicación plena de la ley de medios.
Frente a este escenario, el presidente de la SRA, Luis Etchevehere, calificó la decisión del gobierno de “aberración jurídica” mientras que el titular de la FAA, Eduardo Buzzi, acusó al Gobierno de actuar con “revanchismo”. Además, agregó: “Nos van a sacar hasta el apellido”. Pero “el otro campo” no piensa de la misma forma.
“Nos preocupa la falsedad con que las entidades hablan del campo. Parece que son la voz de todo el campo y son la voz del empresariado", explicó a Veintitrés Ángel Strapazzón, vocero del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). "Nosotros celebramos la expropiación. Ojalá que también se la aplicaran a los genocidas que se quedaron con tierras durante la última dictadura”, sumó el referente del Mocase Vía Campesina, una de las tantas corrientes que integran el movimiento que está presente en doce provincias.
“Contamos con unos 25 mil miembros permanentes y otros tantos miles forman parte de nuestras comunidades", aseguró Strapazzón y agregó que "brindamos asistencia técnica, infraestructura, caminos, sistemas de riego. Es integral lo que hacemos”.
El Foro Nacional de Agricultura Familiar (FoNAF) es otra de las organizaciones que integran “el otro campo”. Se originó a través de la Comisión de Agricultura Familiar y se constituyó formalmente el 15 de diciembre de 2005. Según fuentes del Foro, está compuesto por más de 850 organizaciones que asocian a más de 100 mil familias de productores en todo el país. “Somos un sector invisibilizado. No estamos representados por la Mesa de Enlace, que representan a la oligarquía rural. Estamos de acuerdo con la expropiación”, aseguró a Veintitrés su presidente, Miguel Fernández.
De acuerdo con los principios del FoNAF, el objetivo primordial de la agricultura familiar es la “reproducción social de la familia en condiciones dignas”. Para ello, la gestión de la unidad productiva y la inversión es realizada por los grupos familiares, que poseen los medios de producción para trabajar la tierra aunque no siempre son los dueños del terreno. El FoNAF considera agricultores familiares a los pequeños productores, colonos, minifundistas, campesinos, chacareros, contratistas, productores sin tierra, etc. El caso de Fernández es gráfico: es un pequeño productor de Valle Fértil, San Juan, que posee cabras. “Algunos compañeros tienen bovinos criollos, que ayudan a la economía familiar. Tener una vaca es como tener una alcancía”, contó.
Para el presidente del FoNAF, “la Sociedad Rural siempre negocia para sí. Nuestro principal problema es la falta de crédito y jamás se acordaron de nosotros. No son del campo realmente, hacen negocios con el campo”. Strapazzón coincidió: “El enlace entre las cuatro entidades más poderosas del campo tiene como referencia el agronegocio y la agroexportación. Ninguno de los que dicen ser del campo son del campo: viven del campo”.
Al FoNAF y el MNCI se suma el Frente Nacional Campesino que se constituyó en el 2008, al no sentirse “representado por las diversas organizaciones del sector que hasta el momento se han expresado en los cortes de ruta y han producido el desabastecimiento de nuestro pueblo”, se lee en su documento fundacional que tiene un destinatario preciso: la Mesa de Enlace.
Según Emilio Pérsico, subsecretario de Agricultura Familiar, “en la Argentina hay 350 mil productores de los cuales 250 mil son pequeños –que están afuera de la cadena de distribución de alimentos– y los restantes 100 mil son los que representan la Mesa de Enlace. La SR tiene 10 mil socios y 200 familias que votan. En números, el ‘otro campo’ es más numeroso”.
Para el funcionario, la invisibilidad de este sector se debe a que “la Sociedad Rural ha avasallado culturalmente a la Argentina diciéndonos que ellos son ‘el campo’. Pero sobre todo, esto se debe a que las cuatro entidades concentran el 90 por ciento del PBI agropecuario. Para comenzar a revertir la situación, los pequeños productores debieran producir el 40 por ciento de los alimentos que se consumen en el país, una media que se repite en el resto de América latina. El problema es económico, cultural y político”, concluyó.
Acaso, una de las principales dificultades para subvertir el statu quo se encuentre en las inequidades demográficas: según Pérsico, “la Argentina es el país que menos población rural tiene en América latina: tenemos un 5 por ciento contra un promedio del 25 por ciento de la región. La Argentina necesita un millón de habitantes en el campo. Para lograrlo es necesario industrializar la ruralidad”.
El primer objetivo es la organización. “Este sector no esta organizado, recién ahora se esta armando. Creo que se ha construido una base firme para el despegue. Tendríamos que constituir una Confederación Agraria Argentina elegida democráticamente donde cada productor implique un voto para reemplazar a la Mesa de Enlace", se entusiasmó el subsecretario de Agricultura Familiar.
Por lo pronto, la voz del otro campo, otrora silenciada, comienza a escucharse. Y cada vez con más fuerza.
NdR: la nota de Franco Mizrahi, fue publicada en la revista Ventintrés bajo el título "Campo adentro".
Las organizaciones agrarias que no se sienten representadas por la Mesa de Enlace defienden la expropiación del predio de la Rural: “Las patronales no son el campo, viven del campo”.
Desde que se creó, en el 2008, en pleno conflicto por la imposición de las retenciones móviles a la soja, el trigo, el maíz y el girasol, la Mesa de Enlace no dudó en autoproclamarse “el campo”.Constituida por las cuatro entidades más poderosas del mundo agropecuario (la Sociedad Rural, las Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y la Federación Agraria), cada vez que aflora un conflicto en el sector rural, la Mesa se despliega y cobra voz. Al hacerlo defiende sus propios intereses y deja de lado los de decenas de miles de campesinos y productores familiares que no coinciden con su ideología oligárquica.
La fórmula se repitió el 20 de diciembre pasado, cuando el Gobierno Nacional decidió anular la cesión del predio de Palermo en el que está asentada la Sociedad Rural Argentina (SRA) al considerar que en 1991 “fue sustraído del patrimonio del Estado Nacional mediante la maniobra de asignarle un menor valor”, según explicó el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. El Estado basó su decisión en un fallo del juez federal Sergio Torres y un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación y podría reclamarle a la SRA 157 millones de pesos.
La reacción de las patronales agropecuarias no se hizo esperar. El 2 de enero la patronal presentó en la Cámara Civil y Comercial Federal una medida precautoria para que se dicte una cautelar que suspenda la decisión del Ejecutivo, un pedido que ya había sido rechazado por la jueza de primera instancia Silvina Bracamonte. La urgencia de la SRA radica en que el Ejecutivo la emplazó a entregar 12 hectáreas del predio en 30 días, plazo que expira el 20 de este mes. Las esperanzas de la entidad radican en que la cámara ante la que presentaron la apelación es la misma que tuvo fuertes controversias con el Gobierno en el marco de la aplicación plena de la ley de medios.
Frente a este escenario, el presidente de la SRA, Luis Etchevehere, calificó la decisión del gobierno de “aberración jurídica” mientras que el titular de la FAA, Eduardo Buzzi, acusó al Gobierno de actuar con “revanchismo”. Además, agregó: “Nos van a sacar hasta el apellido”. Pero “el otro campo” no piensa de la misma forma.
“Nos preocupa la falsedad con que las entidades hablan del campo. Parece que son la voz de todo el campo y son la voz del empresariado", explicó a Veintitrés Ángel Strapazzón, vocero del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). "Nosotros celebramos la expropiación. Ojalá que también se la aplicaran a los genocidas que se quedaron con tierras durante la última dictadura”, sumó el referente del Mocase Vía Campesina, una de las tantas corrientes que integran el movimiento que está presente en doce provincias.
“Contamos con unos 25 mil miembros permanentes y otros tantos miles forman parte de nuestras comunidades", aseguró Strapazzón y agregó que "brindamos asistencia técnica, infraestructura, caminos, sistemas de riego. Es integral lo que hacemos”.El Foro Nacional de Agricultura Familiar (FoNAF) es otra de las organizaciones que integran “el otro campo”. Se originó a través de la Comisión de Agricultura Familiar y se constituyó formalmente el 15 de diciembre de 2005. Según fuentes del Foro, está compuesto por más de 850 organizaciones que asocian a más de 100 mil familias de productores en todo el país. “Somos un sector invisibilizado. No estamos representados por la Mesa de Enlace, que representan a la oligarquía rural. Estamos de acuerdo con la expropiación”, aseguró a Veintitrés su presidente, Miguel Fernández.
De acuerdo con los principios del FoNAF, el objetivo primordial de la agricultura familiar es la “reproducción social de la familia en condiciones dignas”. Para ello, la gestión de la unidad productiva y la inversión es realizada por los grupos familiares, que poseen los medios de producción para trabajar la tierra aunque no siempre son los dueños del terreno. El FoNAF considera agricultores familiares a los pequeños productores, colonos, minifundistas, campesinos, chacareros, contratistas, productores sin tierra, etc. El caso de Fernández es gráfico: es un pequeño productor de Valle Fértil, San Juan, que posee cabras. “Algunos compañeros tienen bovinos criollos, que ayudan a la economía familiar. Tener una vaca es como tener una alcancía”, contó.
Para el presidente del FoNAF, “la Sociedad Rural siempre negocia para sí. Nuestro principal problema es la falta de crédito y jamás se acordaron de nosotros. No son del campo realmente, hacen negocios con el campo”. Strapazzón coincidió: “El enlace entre las cuatro entidades más poderosas del campo tiene como referencia el agronegocio y la agroexportación. Ninguno de los que dicen ser del campo son del campo: viven del campo”.
Al FoNAF y el MNCI se suma el Frente Nacional Campesino que se constituyó en el 2008, al no sentirse “representado por las diversas organizaciones del sector que hasta el momento se han expresado en los cortes de ruta y han producido el desabastecimiento de nuestro pueblo”, se lee en su documento fundacional que tiene un destinatario preciso: la Mesa de Enlace.
Según Emilio Pérsico, subsecretario de Agricultura Familiar, “en la Argentina hay 350 mil productores de los cuales 250 mil son pequeños –que están afuera de la cadena de distribución de alimentos– y los restantes 100 mil son los que representan la Mesa de Enlace. La SR tiene 10 mil socios y 200 familias que votan. En números, el ‘otro campo’ es más numeroso”.
Para el funcionario, la invisibilidad de este sector se debe a que “la Sociedad Rural ha avasallado culturalmente a la Argentina diciéndonos que ellos son ‘el campo’. Pero sobre todo, esto se debe a que las cuatro entidades concentran el 90 por ciento del PBI agropecuario. Para comenzar a revertir la situación, los pequeños productores debieran producir el 40 por ciento de los alimentos que se consumen en el país, una media que se repite en el resto de América latina. El problema es económico, cultural y político”, concluyó.Acaso, una de las principales dificultades para subvertir el statu quo se encuentre en las inequidades demográficas: según Pérsico, “la Argentina es el país que menos población rural tiene en América latina: tenemos un 5 por ciento contra un promedio del 25 por ciento de la región. La Argentina necesita un millón de habitantes en el campo. Para lograrlo es necesario industrializar la ruralidad”.
El primer objetivo es la organización. “Este sector no esta organizado, recién ahora se esta armando. Creo que se ha construido una base firme para el despegue. Tendríamos que constituir una Confederación Agraria Argentina elegida democráticamente donde cada productor implique un voto para reemplazar a la Mesa de Enlace", se entusiasmó el subsecretario de Agricultura Familiar.
Por lo pronto, la voz del otro campo, otrora silenciada, comienza a escucharse. Y cada vez con más fuerza.
NdR: la nota de Franco Mizrahi, fue publicada en la revista Ventintrés bajo el título "Campo adentro".
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