Por Martin Piqué, para Tiempo Argentino
Los abogados del Grupo apuntan a una asimilación entre la inminencia de la adecuación a la Ley de Medios en la Argentina y lo ocurrido en Venezuela con Radio Caracas Televisión (RCTV) y el presunto hostigamiento a periodistas por parte del chavismo. Dos episodios con diferencias claras.
La sucesión de presentaciones judiciales del Grupo Clarín viene generando intriga, sorpresa y hasta indignación (por la denuncia penal a periodistas) en algunos casos.
El 21 de noviembre, el Grupo que encabezan Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto se presentó ante la Corte con un argumento inédito –se consideró víctima de "indefensión y privación de justicia"– para solicitar la extensión de la medida cautelar que lo favorece (el máximo tribunal, en un revés muy fuerte para el Grupo, rechazó el pedido y lo consideró "inadmisible").
El 22 de noviembre, un día después de recurrir a la Corte, Clarín presentó una denuncia penal por incitación a la violencia y coacción agravada contra periodistas (a los que trató como "propaladores del mensaje"), funcionarios y legisladores ante la justicia federal. Los acusó de ser los "instigadores y determinadores del delito de incitación a la violencia colectiva en perjuicio del Grupo Clarín y sus directivos" y pidió la cárcel para ellos. La condena generalizada que despertó la denuncia contra periodistas –Roberto Caballero, Sandra Russo y el relator de fútbol Javier Vicente– dejó espacio luego al interrogante sobre por qué Clarín estaba dando esos pasos, que una primera lectura podría considerar atolondrados y poco serios.
¿Cuál es la estrategia jurídica de Magnetto y del enorme estudio jurídico que lo asesora, con el penalista Hugo Wortman Jofré, ex socio de Luis Moreno Ocampo, como cara visible y presunto estratega? La respuesta que circula entre los abogados especializados en comunicación, como también entre los investigadores que siguen de cerca el litigio por la aplicación de la ley, tiene una explicación concreta. Según esa lectura, los abogados de Clarín están intentando forzar una asimilación entre la situación que debe asumir el Grupo, con el panorama que atravesó la empresa venezolana Radio Caracas Televisión (RCTV) en mayo de 2007, al vencerse la concesión que le había otorgado el Estado para explotar el canal VHF 2 de TV abierta.
La intención de Clarín de asimilar ambas situaciones choca, sin embargo, con la propia realidad. El vencimiento de la licencia de RCTV fue un procedimiento legal, administrativo, a través del cual el gobierno de Hugo Chávez decidió no renovar la concesión de un solo medio (a los demás se les renovó la licencia) al cumplirse el plazo de 20 años que duraban las concesiones previstas por el Reglamento sobre Concesiones para Televisoras y Radiodifusoras.
El argumento para no renovar la licencia de RCTV fue que ese canal había utilizado su pantalla para promover el golpe de Estado contra Chávez, en abril de 2002. La situación en la Argentina es muy distinta, porque más allá de la absoluta legalidad del acto administrativo dispuesto en Venezuela, aquí se votó una nueva Ley de Medios con un amplio consenso en la sociedad y en ambas cámaras del Congreso.
El contenido de la ley incluso recibió muchos elogios fuera de las fronteras, como ocurrió esta semana con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mexicano Emilio Álvarez Icaza. "La ley (de Medios) sirve para la construcción de una mayor normalidad democrática. El tema tiene que ver con el avance en el ejercicio de la profesión de periodista y a la vez con el avance normativo para defender el derecho a comunicar", dijo. Los elogios de la CIDH son importantes para el avance definitivo hacia la plena aplicación. Y pueden resultar, también, un anticipo de lo que podría pasar en el caso de que el Grupo Clarín decida acudir al sistema interamericano de Derechos Humanos, que está integrado por la Comisión de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para poder acudir a la CIDH, y que ese organismo acepte la presentación y la gire a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el demandante tiene que poder demostrar que se encuentra en una situación de "indefensión y desprotección jurídica", que se están violando –en perjuicio suyo– artículos del Pacto de San José de Costa Rica y que, además, agotó todas las instancias judiciales ante el Poder Judicial local. Y esta alternativa parece ser la apuesta final de Clarín.
¿Pero cómo podría el grupo de Herrera de Noble y Magnetto presentarse ante la CIDH y que su presentación sea aceptada para, así, iniciar un "caso contencioso" (como los define la Corte interamericana) contra el Estado argentino? La única alternativa que parece quedarle a Clarín es tratar de convencer al sistema interamericano de Derechos Humanos sobre la existencia de un supuesto clima de hostigamiento e intimidación impulsado desde la administración de Cristina Fernández que pondría en riesgo la práctica profesional del periodismo. Para intentar esta alternativa, Wortman Jofré y sus socios deberían lograr que la CIDH considere que los directivos y periodistas del Grupo Clarín están siendo víctimas de una campaña alentada desde el gobierno. Esto es, justamente, lo que Clarín planteó en la controvertida denuncia penal que tramita en el Juzgado Federal Nº 9, a cargo de Luis Rodríguez.
Si llegara a avanzar en esta estrategia, el multimedios cuenta con dos antecedentes ("casos contenciosos" que tramitaron en la Corte Interamericana) que también provienen de Venezuela. Se trata de las causas "Ríos, Luisiana y otros c/ Venezuela" y "Perozo, Gabriela y otros c/ Venezuela", en los que hubo sentencias parcialmente desfavorables para el gobierno venezolano. En el primer caso, un grupo de periodistas de la cadena RCTV denunció al Estado por hostigamiento y agresión de miembros de los Círculos Bolivarianos en el marco de los hechos que sucedieron durante el intento de golpe de Estado contra Chávez y su regreso triunfal como presidente legítimo. La segunda denuncia fue hecha por periodistas de Globovisión, otra cadena antichavista. En la sentencia de fondo del caso "Ríos c/ Venezuela", en las consideraciones previas (página 35), la Corte Interamericana mencionó la existencia en Venezuela de "un clima de agresión y amenaza contra la libertad de expresión y, en particular, contra la integridad personal de periodistas, camarógrafos, fotógrafos y demás trabajadores de la comunicación social". El fallo además mencionaba la "falta de investigación por parte de la Justicia venezolana" de esos episodios de violencia, como también la existencia de "restricciones indirectas" a la libertad de expresión.
En la Argentina no se produjeron incidentes del tipo de los que, en su momento, denunciaron los periodistas de RCTV y Globovisión. Los últimos episodios de violencia contra periodistas se produjeron en Malvinas Argentinas y en los cacerolazos del 13S y 8N. La apuesta de Clarín, a cinco días del 7D, es equiparar aquellos hechos, que transcurrieron en la convulsionada Venezuela de 2002, con la polémica denuncia por "incitación a la violencia" y "coacción agravada" que presentaron el 22 de noviembre.
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