La compleja causa judicial que lo vincula con los Gastronómicos de Barrionuevo y los empleados de Comercio. El ministro de Desarrollo Social de la provincia advirtió que Goye habló de "rumores" de asaltos a supermercados.
Los saqueos que ocurrieron el 20 de diciembre pasado en San Carlos de Bariloche colocaron al intendente de la ciudad rionegrina, Omar Goye, en el ojo de la tormenta. "Hubo impericia e irresponsabilidad en las declaraciones del intendente en los días previos a los desmanes", afirmó Ernesto Paillalef, ministro de Desarrollo Social de Río Negro. Y abundó sobre las consecuencias de lo sucedido: "En Bariloche hoy existe desconfianza política y vacío de poder".
El funcionario consideró irresponsables las declaraciones públicas en las que el mandatario municipal les solicitó alimentos a los supermercados locales. Goye había afirmado en los días previos a los desmanes: "Los rumores de posibles saqueos a supermercados existen. No concordamos con esa metodología, por eso estamos instrumentando alternativas a los aportes que ya realizaron empresas privadas alimenticias. Les solicitamos aportes a los supermercadistas, acordes a la facturación de cada uno. Se llegó a recaudar sólo el 12 o 15% del monto que pedimos".
Paillaleff también criticó que "en un programa televisivo, el domingo previo a los saqueos, el intendente señaló que el supermercado Chango Más no había colaborado. Allí se iniciaron los saqueos". No obstante, el ministro de Desarrollo Social provincial no vio una maniobra política de Goye sino "impericia" de su parte.
"Cuando el gobierno provincial acudió al lugar -dijo el funcionario- no sabíamos a quién remitirnos. El gobierno municipal estaba enredado en sus propias contradicciones". Por caso, cuando comenzaron los saqueos en Bariloche, el intendente estaba en una reunión en Buenos Aires.
De acuerdo al ministro, la situación se fue normalizando: "Se identificaron domicilios donde hay productos robados y vehículos relativamente nuevos que sirvieron como logística para los desmanes". Como contrapartida, a diferencia de otras ciudades donde hubo saqueos organizados, aún no hubo detenidos, aunque Paillalef aseguró que pronto habrá novedades al respecto. Sus declaraciones se dan cuando vuelven a surgir rumores de nuevos disturbios en Bariloche.
Otro factor que se suma al malestar que existe en un sector del kirchnerismo con Goye son sus vínculos con sindicalistas relacionados a Luis Barrionuevo, tal como se desprende de una causa por estafa agravada en perjuicio de la administración pública, donde el intendente está imputado.
El caso se remonta a 1999, cuando la Asociación Regional Bariloche de Obras Sociales (ARBOS) estaba muy mal económicamente, a punto de quebrar, y recibió como subsidio del gobierno nacional 2.022.989 pesos (era la época de la Convertibilidad) para obras en el policlínico. Según publicó el diario Río Negro, "los tres aportes que hizo el Ministerio de Salud de la Nación a través de la ‘Administración de Programas Especiales’ no tuvieron rendición de cuentas ni aparecieron en el activo de la Asociación cuando se analizó su patrimonio en el proceso de quiebra". Así se desprende de la causa judicial que comenzó en 2002 y continúa abierta. El juez federal de Bariloche, Leónidas Moldes, consideró que "se habían gestionado subsidios de la Nación con un objetivo falso". Por tal motivo, fueron procesados por presunta estafa cinco directivos de ARBOS (todos afiliados del PJ):
* Ovidio Zúñiga, presidente de la asociación y ex diputado nacional; entonces era secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), liderada a nivel nacional por Luis Barrionuevo.
* Walter Cortés, vicepresidente de Arbos. Entonces secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Bariloche.
* Víctor Carcar, tesorero de la entidad. Ex interventor de UOCRA.
* Gonzalo Madrazo, abogado de la entidad. Fue candidato a intendente en Bariloche en 2002.
* Omar Goye, contador de la asociación.
De acuerdo al diario de Río Negro, "los fondos habían sido derivados a dos empresas creadas poco antes del otorgamiento de los subsidios, con las que Arbos contrató supuestos servicios de consultoría y asistencia. Eran Surtsey SA y Foz Valley SA, ‘las cuales se encontrarían vinculadas con los imputados Madrazo y Goye’, sostiene la acusación original que formuló el fiscal federal de Bariloche Jorge Bagur Creta".
Ante este escenario, en la mañana de ayer referentes del gobierno provincial realizaron una conferencia de prensa en pos de la unidad partidaria en Río Negro. Mientras que el viernes compartieron un acto, con el mismo fin, el gobernador Alberto Weretilneck; el senador Pichetto; el intendente de Roca, Martín Soria –hijo del mandatario provincial asesinado por su esposa– y el vicegobernador, Carlos Peralta. Tal como revelaron fuentes provinciales, las internas partidarias fueron un germen de cultivo para los saqueos y la decisión política es resolverlas con urgencia.
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