La presentación fue hecha por la Defensoría General, que relevó casos donde las ambulancias del gobierno porteño se negaron a ingresar a los barrios de emergencia. En seis oportunidades los vecinos terminaron perdiendo la vida.
El jefe de gobierno porteño, Mugrizio Macri, fue denunciado penalmente por la Defensoría General de la Ciudad, que lo hizo responsable del delito de abandono de persona seguido de lesiones y de muerte como resultado de la negativa expresa de las ambulancias del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) de asistir a los vecinos que se encuentran en las villas de la Capital Federal. La misma acusación fue formulada contra el ex ministro Jorge Lemus -a cargo de la cartera de Salud cuando se produjeron los hechos mencionados- y el titular del SAME, Alberto Crescenti.
"En otras palabras, los ciudadanos se mueren esperando", sostuvo la Defensoría y agregó que, como agravante, los hechos relevados integran "un obrar sistemático tendiente a la segregación de los sectores más empobrecidos (…) por su condición económica y por su nacionalidad ligada a países limítrofes".
La denuncia presentada ante la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal lleva las firmas del defensor General porteño, Mario Kestelboim, y del defensor general adjunto Roberto Andrés Gallardo, y hace foco en cinco hechos ocurridos en la Villa 21, de Barracas. También menciona otros dos episodios que tuvieron lugar en la Villa 31, de Retiro. En todos los casos, las ambulancias del SAME se negaron a ingresar a estos barrios de emergencia para asistir a pacientes que, en seis oportunidades, luego terminaron perdiendo la vida. "Asimismo, como una de las víctimas se encontraba embarazada al momento de los hechos, los imputados deberán responder por el aborto ocasionado", agregó la Defensoría.
Kestelboim y Gallardo señalaron que fueron tomando conocimiento de "numerosos actos ilícitos de carácter profundamente discriminatorio, que derivaron en daños severos a la integridad física y la salud de numerosísimos habitantes de las villas". Los defensores consideraron que "todo fue producto de una definición política ilegal e ilegítima previamente establecida por las autoridades del estado local a partir de la cual se dispuso la restricción en el acceso a los recursos estatales por parte de buena parte de los sectores más empobrecidos de la ciudad". En ese sentido, los funcionarios del Poder Judicial porteño señalaron "la existencia de una disposición ilegal que, desconociendo la constitución nacional y local, priva de atención médica a pobres e inmigrantes a punto negar asistencia incluso con peligro de muerte".
Entre los hechos consignados figura el ocurrido el 20 de julio pasado, cerca de las 13, cuando Daniel Acuña fue baleado en una calle de la Villa 21. Los vecinos llamaron al SAME, mientras llegaban al lugar "diez o 15 oficiales de la Prefectura", que también se contactaron con el servicio de ambulancias. Pero después de 50 minutos, los médicos no llegaban. Los propios vecinos cargaron el cuerpo de Acuña y lo llevaron al Hospital Penna, donde fue intervenido sin éxito: murió luego de un segundo paro cardíaco. Según relató su madre, el cirujano interviniente le dijo que el cuadro fue resultado de los disparos recibidos "y por haber permanecido el cuerpo tirado en la calle" tanto tiempo.
Otro de los casos mencionados en la denuncia data del 26 de julio último, cuando se incendió la casa 20 de la manzana 3 de la Villa 21. Leonela Berrioz, de 20 años y quien se encontraba embarazada, murió junto a sus hijos Román y Rodirgo Sinchicay, de uno y siete años de edad, respectivamente; "quienes murieron por quemaduras y el abandono", sostuvo la Defensoría. Una tercera hija de Leonela, Brisa Sinchicay, de cuatro años, llegó al Hospital Ricardo Gutierrez con la mitad del cuerpo quemado, en una ambulancia privada que interceptaron los vecinos, cansados de comunicarse con el 911 pidiendo el auxilio de los bomberos y del SAME. "Habrá transcurrido alrededor de media hora desde que efectuó el primer llamado y arribaron los bomberos y ambulancias", relató un testigo.
Para Kestelboim y Gallardo, estos y los otros casos recopilados en su denuncia configuran un botón de muestra de una política estructural del macrismo porteño: "Al igual que el resto del comportamiento del Estado local, está impregnado por una visión discriminatoria, que segrega a los pobres e inmigrantes de países limítrofes".
Los defensores remarcaron que "el abandono de personas denunciado fue –y sigue siendo– el resultado de una orden clara, precisa y deliberada: las ambulancias del SAME no deben ingresar a las villas de emergencia (...). Y esta orden ha sido impartida por los señores Macri y Lemus y acatada por el señor Crescenti y los médicos y choferes del servicio de 'asistencia médica' que dirige". Por otra parte, aseguraron que "dicha orden no responde a razones de seguridad, sino a cuestiones discriminatorias repletas de odio y prejuicio. En efecto, como surge de los hechos aquí denunciados, la seguridad estaba garantizada por personal de Prefectura".
En la presentación judicial también fueron mencionados los casos de Gustavo Maldonado y Humberto Ruiz, dos vecinos de la Villa 31, de Retiro, muertos en circunstancias que involucraron la negativa del SAME a ingresar al barrio. El 2 de marzo de 2012, Maldonado, de 35 años, sufrió una descarga eléctrica y "falleció al no poder recibir atención médica ya que la ambulancia del SAME recién llegó a los 50 minutos del primer llamado y cuando arribó ya había dejado de respirar". La Defensoría afirmó que si bien el accidente ocurrió en la manzana 14 de la Villa 31, "Maldonado murió en el destacamento móvil de la Comisaría 46°, ubicado a 100 metros de la Avenida Ramón Carrillo, un sector de fácil acceso según vecinos del lugar".
En cuanto a Ruiz, que sufría de epilepsia, su fallecimiento sucedió el 5 de abril de 2011 y los defensores sostuvieron que el SAME no quiso ingresar a la villa "aun cuando contaban con la custodia de la Policía Federal y cuando el episodio ocurrió a plena luz del día".
Por esta razón, Kestelboim y Gallardo concluyeron que tanto las muertes relatadas como las gravísimas lesiones sufridas por otros vecinos "son, lamentablemente, la perfecta síntesis del abandono sistemático y de la discriminación en la villas de la Ciudad de Buenos Aires".
Para Macri la denuncia por "abandono de persona" resulta incomprensible, porque para él, sencillamente, los habitantes de la villa no son personas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario