El turno de los civiles

Por Franco Mizrahi, para Revista Veintrés

De Blaquier a Magnetto, hay más de doscientos civiles vinculados a expedientes de la represión durante la última dictadura. Los nombres y las causas emblemáticas.

"Los grupos económicos también fueron la dictadura”, rezaba el eslogan en el acto conmemorativo del 36º aniversario del golpe de Estado. El caso emblemático que corrobora esta afirmación sostenida por los organismos de derechos humanos es el juicio contra Pedro Carlos Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, que se desarrolla en Jujuy. Al empresario se lo acusa por su rol en dos operativos diferentes: el secuestro y la desaparición del ex intendente de Libertador General San Martín, Luis Aredez, quien fue “chupado” en mayo del ’77. Y por la privación ilegítima de la libertad de otras 27 personas en la causa Burgos, que investiga el operativo de “La Noche del Apagón”, que ocurrió en julio de 1976. La gran cantidad de pruebas recolectadas en este proceso refleja el estrecho vínculo que mantuvieron las grandes corporaciones con la última dictadura militar. “Muchos civiles fueron tan responsables del genocidio como los militares -afirmó a Veintitrés Luis Alén, subsecretario de Derechos Humanos-. Se trató de una dictadura cívico-militar, donde se impuso un modelo económico. Los civiles dirigieron ese modelo de país que se instrumentó mediante el disciplinamiento del terror de la sociedad argentina”. Esos civiles vestían todo tipo de ropajes que les permitieron adaptarse incluso en democracia.

Los elementos de prueba con que cuenta la Justicia para imputar al dueño de la azucarera son variados: investigaciones realizadas por antropólogos, declaraciones de testigos, testimoniales y allanamientos. Según Pablo Pelazzo, fiscal ad hoc en el juicio y ex querellante, “durante un allanamiento se encontraron documentos relacionados con personas desaparecidas en la empresa. También hubo vehículos con logos de la compañía que se utilizaron para transportar secuestrados. Así surge del testimonio de las víctimas, quienes relataron cómo los detenidos-desaparecidos eran llevados a predios de la empresa, como el destacamento de Gendarmería que estaba dentro del ingenio. También se encontraron fotografías de la esposa de Blaquier con la esposa de (el dictador Jorge Rafael) Videla en la empresa”, relató el letrado a esta revista. “El caso de Blaquier -sumó Alén- es como el de otros empresarios que participaron del terrorismo, donde la represión tuvo por objeto eliminar todo foco de resistencia y cuestionamiento al modelo patronal que se impuso”.

El horizonte judicial de Carlos Pedro Blaquier es complicado. A pesar de que el 6 de julio no pudo ser indagado -denunció en la Justicia que fue atacado por militantes de los derechos humanos, por lo que no logró llegar a tribunales-, el titular de Ledesma debe volver al Palacio de Justicia. Esta fue la segunda vez que el empresario evadió la indagatoria. “Por ahora está suspendida, está pendiente de fecha”, explicó Pelazzo.

Pero Blaquier no está solo en su “cruzada”. En el banquillo de los acusados lo acompaña Alberto Lemos, ex administrador de la compañía durante “La Noche del Apagón”. Según atestiguó Olga Aredez, Lemos fue quien le dijo que “ayudó a limpiar la provincia de subversivos, como su esposo”. “Este caso es paradigmático por el avance de la causa y la cantidad de pruebas recolectadas -aseguró Pelazzo-. Esto motivó que la organización de derechos humanos de Alemania European Center for Constitution of Human Rights (ECCHR) se presentase como amicus curiae”.

Un dato basta para tener una dimensión del proceso de profundización de los Juicios por la Verdad. Según un relevamiento realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a los primeros días de julio de este año hay 202 civiles vinculados a causas de lesa humanidad. Su situación procesal es la siguiente: 82 están procesados, 24 condenados, 30 tan sólo denunciados, 14 con falta de mérito, 7 prófugos, 13 indagados, 6 sobreseídos y 24 fallecidos. Se trata de dos centenares de personas que para el CELS no revisten rango jerárquico dentro de las Fuerzas Armadas ni en las fuerzas de seguridad. Incluye a 55 civiles que revistieron como Personal Civil de Inteligencia en las tres armas; a 24 apropiadores; 19 médicos; 9 ministros; 2 gobernadores; 17 jueces; 4 abogados; 4 sacerdotes; 7 fiscales; 1 periodista y 6 empresarios.

Entre los 9 ministros se destaca el ex titular de la cartera económica y emblema civil de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz; también se destacan el ex secretario de Hacienda Juan Alemann, y los hermanos Julio y Emilio Méndez, condenados en Tandil en el marco de la desaparición del abogado laboralista Carlos “El Negro” Moreno, quien representaba a trabajadores de la cementera Loma Negra. Los Méndez proveyeron la quinta que sirvió de centro clandestino de detención. “Se trata de los dos primeros civiles condenados que no formaban parte de una estructura estatal. Uno de los Méndez trabajaba en el sector agropecuario y el otro en un banco, las dos patas más claras del plan económico del régimen. Pero Blaquier, por el lugar que ha ocupado durante tantos años en los sectores dominantes del país, tiene otra entidad”, explicó Luis Alén.

A estos casos se suman otros emblemáticos, como el del sacerdote Christian Von Wernich. Y procesos que no avanzaron mucho, como el que investiga a los directivos del Grupo Clarín y el diario La Nación en el marco de la causa Papel Prensa, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre. O los de los jueces Luis Miret y Otilio Romano, que fueron destituidos de sus cargos, aunque su situación procesal no ha progresado. “Los que más avanzaron fueron los que estaban vinculados a la represión directa de las Fuerzas Armadas”, argumentó Alén.

Signo de una época, “comenzó a abrirse una nueva veta judicial en el marco de estos procesos a civiles -destacó Lorena Baladini, investigadora del CELS-: la de los empresarios que fueron cómplices en los delitos penales cometidos por la dictadura. Esta lista no incluye a los civiles que contribuyeron al plan económico capitalista perverso del Proceso sino a los que participaron en los crímenes de lesa humanidad”.

Este avance coincide con la aparición del primer fallo judicial que describe el golpe de Estado como una dictadura cívico-militar: fue el del TOF 1 de La Plata en la causa 9.

Además de los casos del Ingenio Ledesma y de Loma Negra también resaltan, por su importancia, otros dos casos de empresarios relacionados con la dictadura. Uno es el de Marcos Levin, dueño de la compañía de transportes La Veloz del Norte, quien fue indagado en febrero pasado. Por lo menos doce trabajadores de su firma -afiliados a la UTA- fueron secuestrados en enero del ’77 y llevados al mismo centro clandestino, donde, según los testimonios, aparecía Levin. El segundo caso involucra a la Editorial Atlántida en el marco de la causa ESMA. Aquí se investigan las notas de prensa que se publicaron en las revistas Para Ti, Gente y Somos. “Son artículos periodísticos que fueron elaborados, en forma combinada, entre los oficiales de Inteligencia de la Armada y la mencionada empresa periodística, cuyo objetivo era realizar lo que ambos llamaban ‘acciones psicológicas’ sobre la población como parte del plan de exterminio”, se lee en la demanda. El escrito hace mención a los casos de Thelma Jara de Cabezas y Alejandrina Barry -de apenas 3 años-. En el marco de este expediente estuvo citado a declarar, en junio pasado, quien fuera el responsable periodístico de Para Ti, Agustín Botinelli. No se presentó por estar de viaje, según argumentó. “Editorial Atlántida tenía todo para saber que lo que estaba publicando era falso”, afirmó el letrado Luis Bonomi, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH). Y luego recordó que el director de Gente en la misma época era el periodista Samuel “Chiche” Gelblung.

“Hay muchas empresas que estuvieron gozando de una u otra forma del terrorismo de Estado -aseveró Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo-. Aunque traducir eso de una empresa general a un nombre en particular es bastante difícil. Es una tarea que deberían fijarse los fiscales. Las empresas no van presas. Lo mismo sucede con la Iglesia, cuya complicidad política es muy clara. Pero la complicidad en sí no implica un significado penal”, explicó. Los casos de Mercedes-Benz y Ford son paradigmáticos: allí está claro que no se puede avanzar penalmente sobre una persona jurídica. La imputación penal es hacia un individuo que comete un delito.

“En lo que respecta a la apropiación de niños -continuó Iud-, se observa una gran participación civil. En muchos casos los civiles niegan conocer el origen de los niños que se apropian. Pero en la mayoría queda acreditado que no es así”. Uno de los casos paradigmáticos de apropiadores civiles es el de María Eugenia Sampayo. Los apropiadores eran Osvaldo Rivas y María Gómez Pinto. Ambos sabían que era hija de desaparecidos; se las había entregado un militar amigo, como se pudo comprobar en el juicio por el robo de bebés cuya condena se conoció el jueves pasado. Fueron condenados en el 2009.

“A medida que se profundiza la investigación en esta materia surgen datos de cómo era el funcionamiento de la represión -analizó Baladini, del CELS-. Una represión de esta magnitud sin la aquiescencia de los actores civiles era imposible. Ha habido un gran progreso pero todavía cuesta conseguir información sobre esta complicidad en particular. El caso de los empresarios es complejo. Está claro que todavía hay un entramado de relaciones de poder que impide profundizar estas investigaciones. Pero el avance es claro”, resaltó.

Con este escenario, y a casi tres décadas del final del terrorismo de Estado, quienes fueron parte del proceso cívico-militar se preocupan por el porvenir. Se sabe, la Justicia es lenta. Pero avanza.