En un documento de 2011 Greenpeace advierte sobre el incumplimiento por parte del gobierno de la ciudad con la Ley de Basura Cero, vigente desde 2007.
En torno a la problemática de la basura en la ciudad de Buenos Aires, la organización ambientalista Greempeace publicó ayer en su página una declaración titulada "La solución a la crisis de la basura no es la incineración" donde advierte, además que "que la falta de implementación de la Ley Basura Cero en la CABA, y la actual crisis de la basura, es consecuencia, entre otras cosas, de los niveles de inversión desproporcionados entre el sistema que realiza la recolección de los residuos húmedos, cuyo destino final es el relleno sanitario y el sistema de recuperación y reciclado. Mientras que la recolección de la basura que va a entierro recibió durante 2011 más de 1.500 millones de pesos (sin contar el canon de enterramiento), las políticas sustentables de recuperación y reciclado recibieron un poco más de 115 millones de pesos. Estas proporciones se mantienen en el presupuesto 2012 de la Ciudad de Buenos Aires".
La raíz del problema hay que buscarla en lo que la misma organización, en un documento de 2011, caracteriza como "desidia" por parte de las autoridades del Gobierno de la ciudad. En ese texto se plantea que el no cumplimiento con la Ley de Basura Cero, puesta en vigencia en 2007 es el núcleo de una problemática que ahora está empezando a tomar ribetes verdaderamente preocupantes. Leemos:
"Desde el año 2008, Greenpeace viene denunciando que, con el cambio de gestión en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la aplicación de la Ley Nº 1.854 sufrió un retroceso en los siguientes puntos:
1) Interrupción y desarticulación del sistema de doble contenerización en la vía pública. 2) Interrupción del servicio de recolección diferenciada de residuos (reciclables y no reciclables) contemplado en el contrato firmado por la Ciudad y las empresas que prestan el servicio de recolección.
2) Falta de desarrollo e implementación de una campaña de educación y concientización acerca de la separación domiciliaria de residuos.
3) Extensión de los contratos con las empresas recolectoras de residuos superando lo establecido por el mismo contracto.
4) Nuevos pliegos para la concesión del Servicio Público de Higiene Urbana (SPHU) con grandes falencias.
5) Desarrollo de la campaña publicitaria 'Jugá Limpio' y 'EY!' alejadas de los contenidos establecidos por la Ley y los contratos vigentes.
6) Desarticulación del Cuerpo de Promotores Ambientales (Res. Nº 85/SSHU/06), creado con el fin de promover la toma de conciencia respecto de la relevancia que revisten los RSU como cuestión ambiental, propiciando la separación en origen y disposición inicial selectiva.
7) Falta de inversión y mantenimiento en los Centros de Selección, llamados Centros Verdes, en donde los residuos reciclables son recibidos, seleccionados, acopiados y preparados para su venta por las cooperativas de cartoneros.
8) No se avanzó en la recolección de residuos orgánicos para compostaje en Grandes Generadores como hoteles o restaurantes. En conclusión, a partir del año 2008 se desmanteló el incipiente sistema de gestión de residuos establecido por la Ley Nº 1.854, agravado por la desidia del Poder Ejecutivo, quien abonando mensualmente a las empresas por el servicio de recolección diferenciada establecido por contrato; contando con presupuesto para la realización de campañas de comunicación, educación y concientización ciudadana sobre la separación de RSU en origen; contando con el programa de promotores ambientales; y teniendo una superficie aproximada del 25% de la Ciudad con contenedores diferenciados, llevó al abandono al sistema, no solo atentando contra el cumplimiento de la Ley sino derrochando el dinero público en su plan de desaliento del sistema de separación y recuperación de residuos.
Este fragmento (aquí el documento completo) lleva a pensar si el problema es la falta de gestión de Macri o, lo que sería peor, un accionar definitivamente irresponsable por parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En tanto, en desde el PRO se justifican afirmando que "el problema es que si aplicamos la Ley de Basura Cero, la Ciudad se queda sin jefe de Gobierno".
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