Los hechos de corrupción siguen golpeando al macrismo

Una fiscal pidió la indagatoria de la ex directora general de Fiscalización y Control de la Ciudad, Vanesa Berkowski, quien en agosto pasado renunció a su cargo sospechada de recibir coimas.

Según la investigación judicial, se sospecha que recibía coimas a cambio de dar aviso a boliches y locales bailables ubicados en territorio porteño a cambio de coimas.

Aunque en su texto de renuncia, que se produjo a mediados de agosto pasado, afirmó que los impulsores del expediente en su contra representan "intereses económicos" a los que ella "enfrentó denodadamente" y acusa al juez Juan Ramos Padilla de mostrar animosidad en su contra, lo cierto es que el magistrado actuante tiene escuchas telefónicas que involucrarían a Berkowski en presuntos actos de corrupción.

Siempre de acuerdo a fuentes judiciales, Berkowski habría puesto en práctica un "sistema de avisos" por medio del cual el dueño o el encargado de un boliche podía estar "suscripto" para evitar la visita de inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) porteña o para conocer el día de la inspección.

De ese esquema habrían participado los gestores Leandro Camani, Federico Garaglia y el abogado Matías Pantarotto, que patrocinó a los propietarios del boliche Beara, de Palermo, donde murieron dos jóvenes al derrumbarse un entrepiso.

Pero la corrupción en esa área del gobierno de la Ciudad podría llegar más lejos. "¿Qué otros funcionarios o cómplices existen en esta suerte de asociación ilícita? ¿Hasta dónde llegan los niveles de corrupción que se observan en esta incipiente pesquisa?", se pregunta el juez Ramos Padilla.

En esas notas se contaba cómo actuaba un grupo de personas conocidas en el ambiente de la noche, que asesoraban a boliches y ofrecían, a cambio de entre $ 5000 y $ 25.000, garantías para evitar clausuras y obtener habilitaciones transitorias.

El magistrado a cargo calificó los hechos como "una suerte de asociación entre funcionarios, abogados y particulares, destinada a cometer delitos" y pudo saberse que los montos que se manejaban por los “avisos” iban desde los 5.000 a los 25.000 pesos, aunque se sabe del dueño de un boliche ubicado en Rivadavia al 10.700 a quien le habrían exigido hasta 25.000 dólares para otorgarle una habilitación.

"Naa gordo... o sea... tipo.. nada... ¿viste? No me vas a negar que la nuestra es una corrupción más paqueta", dijo una militante del Pro, residente en Barrio Parque.