El gobierno de Mugricio Macri desoyó advertencias de insepctores sobre lo que luego se convertiría en el derrumbe del edificio de Monserrat, formuladas antes de que se diera comienzo a la obra lindera.
El 26 de septiembre pasado, más de un mes antes de que se derrumbara el edificio de la calle Bartolomé Mitre 1232, provocando la muerte de Isidoro Madueña, un inspector de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) había alertado sobre la posibilidad de que la excavación en la obra lindera, que entonces aún no había comenzado, pusiera en riesgo al inmueble que finalmente colapsó el pasado viernes. Sin embargo, el gobierno de Mugricio Macri desoyó la advertencia.
Aunque ayer, ante la Legislatura porteña, el director de la AGC, Javier Ibáñez -como lo hiciera antes el propio Macri-, apuntó directamente contra los constructores de la obra lindera de Mitre 1220/24 (propiedad de la firma Taclet SA y a cargo del arquitecto Ezequiel Rivarola), por no tener “rigor profesional”, lo cierto es que existía una luz roja previa al derrumbe e incluso al comienzo de la construcción sobre la que nadie hizo caso.
Según informa Tiempo Argentino que declaró el propio jefe de Gobierno, la obra había sido inspeccionada siete veces, cinco de las cuales se produjeron en octubre, después del alerta del inspector de la AGC, pero sólo por cuestiones laborales y realizadas por la Dirección de Protección del Trabajo.
En las dos que hizo la AGC no se encontraron irregularidades, pero la segunda (Nº 19247, realizada a las 10 de la mañana del 26 de septiembre) agregaba una observación puntual que la AGC decidió ignorar: “El miércoles comienza excavación”, apunta el inspector en su informe y advierte: “Dos edificios linderos de importante altura y de antigua data. Se realizarán 3 subsuelos. Importante verificar submuración”. La verificación nunca llegó.
El dato se conoció ayer en la Legislatura durante la exposición de Ibáñez. Desde la Agencia indicaron al mencionado didario que “en cada una de las observaciones lo que hace el inspector es un diagnóstico clínico, dice todo lo que ve, pero no significa que si no se hace eso, el edificio se cae. Funciona de esa manera, todas las inspecciones del gobierno hacen esa observación”.
Sin embargo, en la Legislatura se escucharon duras críticas contra el gobierno de la Ciudad. Eduardo Epszteyn (Frente Progresista y Popular) afirmó que el Ejecutivo “tuvo una alerta clave que fue desoída. Se repite lo sucedido con Beara: no hace lo que corresponde, no cumple con la ley y no escucha las alertas”.
A su turno, Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro) le recriminó a Ibáñez que en lo que va del año hubo 13 derrumbes y 23 desde 2008, a lo que el director de la AGC respondió: “Suceden todos los días en ciudades como Nueva York, que recibieron innumerables premios y reconocimientos por sus avances en ingeniería y construcción”.
Fabio Basteiro (Buenos Aires para Todos) indicó que “los problemas técnicos surgen por la falta de contralor sobre las excavaciones y la irresponsabilidad política del oficialismo porteño de no reglamentar la ley 3562 que fue sancionada en 2010”.
Eva Lilian Rodríguez, titular de la Asociación de Profesionales Peritos Verificadores, también hizo hincapié en la norma que aún no se pone en marcha. “Nunca se implementó que haya un profesional verificador de obra cero, en la etapa inicial de la excavación, que presenciaría al responsable de la obra”.
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