LA DIRIGENTE SOCIAL FUE INTERNADA EN LA CLÍNICA LOS LAPACHOS. LA AUTORIZACIÓN LA DIO EL JUEZ PABLO PULLEN LLERMANOS, EL MISMO QUE INCUMPLIENDO LA CAUTELAR DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) LA HABÍA CONFINADO NUEVAMENTE EN EL PENAL DE ALTO COMEDERO.
La detenida dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, fue internada ayer a la mañana en una clínica de la capital jujeña para realizarse distintos estudios médicos que corroborarán cuál su estado de salud, producto del nuevo encarcelamiento que se le dictó hace dos semanas tras una revocatoria de la prisión domiciliaria. La medida fue dictada luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiterara que el régimen macrifascista es el responsable por la “salud física, psíquica y moral” de la líder de la organización social.
Sala fue trasladada desde el Penal de Alto Comedero a la Clínica Los Lapachos, la misma que había sido requerida por su defensa y rechazada la semana pasada por el juez Isidoro Cruz. Ante la negativa del magistrado, que pretendió que Sala se hiciera los controles en otro centro asistencial, la dirigente fue víctima de autoagresiones producto del hostigamiento que hay en su contra por parte de los poderes Judicial y Ejecutivo de Jujuy.
Al final, la autorización de la internación en la clínica de la capital provincial fue firmada por Pablo Pullen Llermanos, el mismo que había trasladado arbitrariamente a Sala a Alto Comedero, luego de quitarle el beneficio de la prisión domiciliaria en su vivienda del barrio La Ciénaga.
El pedido de internación había sido manifestado a los médicos del Poder Judicial, "tal como lo autoriza la ley de Ejecución Penal 24660, que fue rechazada por el juez Isidoro Cruz la semana pasada, en otro acto de hostigamiento hacia Milagro Sala”, confirmó un comunicado de la Tupac.
La medida fue aprobada en el marco del actual incumplimiento de la medida cautelar dictada por la CIDH en julio pasado y ratificada la semana pasada, durante la 165º Audiencia realizada en Montevideo, Uruguay.
Allí, el caso Sala fue nuevamente puesto sobre la mesa y las autoridades del organismo reiteraron la responsabilidad del gobierno argentino sobre “la vida e integridad” de la diputada del Parlasur.
El organismo también lamentó la revocatoria de la prisión domiciliaria y ratificó que la medida cautelar “es obligatoria” para la Argentina, por ser parte del sistema interamericano y estar sometida a las decisiones de la comisión.
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