EL MINISTRO DE TRABAJO, JORGE TRIACA, CONFIRMÓ QUE LOS ESTATALES, LOS JUBILADOS Y LOS BENEFICIARIOS DE LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO NO RECIBIRÁN ESTE AÑO UN PLUS PARA AFRONTAR LOS GASTOS DE LAS FIESTAS. DIJO QUE NO ES NECESARIO EL ADICIONAL PORQUE LOS AUMENTOS DE PRECIOS QUEDARON CUBIERTOS CON LO QUE SE ACORDÓ EN LAS PARITARIAS.
Al ritmo de los tarifazos y la reforma laboral que recorta derechos adquiridos, el ajuste anunciado por Mugrizio Macri Blanco Villegas -como parte de su llamado reformismo permanente- llegó ahora hasta los trabajadores estatales, jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo que a diferencia de años pasados esta vez no recibirán ningún plus para pasar los gastos de las fiestas.
El año pasado, la central obrera había logrado que el régimen fascista pagara un bono a los jubilados y pensionados con la mínima.
La información fue confirmada por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien aseguró que “no estaba planeado” el bono de fin de año para este diciembre porque "la cláusula gatillo que se pactó en las paritarias de acuerdo a la inflación no lo hace necesaria”. Lo dijo a la salida de la reunión de gabinete que se realizó ayer en la Casa de Gobierno.
A diferencia del 2016, cuando el régimeno, acorralado por el reclamo de los gremios y para evitar la conflictividad social en un año preelectoral, cedió en el pedido del bono de fin de año, esta vez desde el Ejecutivo decidieron que no habrá ningún plus. Ni para los jubilados ni para los pensionados, ni para las familias que reciben la AUH ni para los trabajadores estatales. Hace un año los trabajadores recibieron entre 2.000 y 3.000 pesos según su jerarquía en el escalafón.
"No vamos a enviar un solo peso más", habían avisado desde la Rosada antes de la confirmación oficial por parte de Triaca. Según consignó el pasquín ultraoficialista Clarín, los únicos que recibirían una asignación extra este fin de año serían los trabajadores cooperativistas agrupados en las organizaciones de la economía popular como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Ese pago depende del Ministerio de Desarrollo Social, bajo la conducción de Carolina Stanley.
Las organizaciones, sin embargo, reclaman que el régimen apruebe la Emergencia Alimentaria, para aumentar las raciones de alimentos que reciben los comedores populares, donde dicen que la comida ya no alcanza para alimentar a la cantidad de chicos y familias que aumentaron en el último tiempo.
Sobre los indicios que manejan los empleados públicos por un posible nuevo recorte de la planta laboral hacia fin de año, cuando vencen cientos de contratos, Triaca remarcó que en la reunión del Ejecutivo de este martes se trató la propuesta del régimen -más específicamente del Ministerio de Modernización- para “optimizar” la estructura del Estado, aunque no brindó detalles sobre lo que eso implicaría. Según un informe elaborado por el ministerio que conduce Andrés Ibarra, sólo en el INTA sobrarían 750 trabajadores y en el Ministerio de Trabajo, unos 400.
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