Por Pablo Waisberg
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA RECIBIÓ UNA NUEVO PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO CONTRA EL JUEZ FEDERAL POR SU DESEMPEÑO EN LA INVESTIGACIÓN DEL ENCUBRIMIENTO DEL ATENTADO.
El Consejo de la Magistratura recibió una nueva denuncia contra el juez federal Claudio Bonadio: un pedido de juicio político y destitución por su desempeño en la investigación del encubrimiento del atentado contra la AMIA. Según la presentación, Bonadio mantuvo bajo su órbita una causa, que se desarrollaba en paralelo a la que analizaba las maniobras para encubrir el ataque a la mutual judía, con el objetivo de beneficiar al ex comisario Jorge "Fino" Palacios, acusado de participar de ese esquema de ocultamiento.
De acuerdo a la denuncia, Bonadio "utilizó la instrucción" de la causa "Castañeda, Carlos Antonio, Camarero Claudio Alberto sobre delito de acción pública" para "recabar información y material probatorio que para la defensa de su amigo" el ex comisario Palacios. Así lo afirmó el diputado y consejero, Rodolfo Tailhade, quien sostuvo que el objetivo de ese expediente fue "desligarlo de su responsabilidad como imputado en la investigación del encubrimiento del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina".
Allí, Bonadio -según denunció Tailhade- simulaba investigar a Palacios por haber frustrado allanamientos en el marco de la denominada "pista siria" para lograr la desvinculación de Palacios. Es que mismos hechos estaban siendo investigados por el juez Ariel Lijo, que era el magistrado competente para investigar el encubrimiento. De esa manera, Bonadio trabajaba -pese a haber sido apartado de la causa principal- en espejo a Lijo y podía -de acuerdo a la presentación- ofrecerle a Palacios el conocimiento por adelantado de los resultados de las medidas.
Todo esta operatoria se habría desarrollado desde 2005 hasta 2010. "Retuvo el expediente a pesar de la incuestionable conexidad con la causa" que investiga Lijo sobre las irregularidades cometidas en la causa por el atentado a la AMIA, indicó el escrito.
"Utilizó la jurisdicción a su cargo para ayudar a su amigo Palacios mediante dos maniobras: por una parte, desviar la pesquisa de la responsabilidad que le cabía por la falsificación de las firmas en un procedimiento que estaba a su cargo, y por otra, recopilar toda la información que fuera de utilidad para su defensa en la causa principal del encubrimiento, que se encontraba tramitando por ante el Juzgado Federal 4, luego de la resolución de la Cámara que apartó a Bonadío", insistió Tailhade.
"Sin duda, mención aparte merece la visita a la cárcel que el Juez Bonadío realizó en diciembre de 2009, a su amigo el ex comisario Palacios, mientras éste se encontraba detenido en la Unidad Penitenciaria de Marcos Paz, por su participación en la causa penal en la que se investigan escuchas ilegales realizadas a diferentes personas, entre ellas, familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. Es decir, cuando ya había sido procesado por el Juez Lijo", completó el diputado kirchnerista en su denuncia de doce páginas, que en los próximos días comenzará a ser instruída por un vocal de la Comisión de Disciplina y Acusación.
Esa visita se hizo -indicó la denuncia- "sin la presencia de su abogado defensor" y "mientras el juez 'investigaba' al detenido que visita". Asimismo, subrayó que solo ese comportamiento "configura, sin lugar a dudas, una causal de mal desempeño del magistrado".
Una vez que se complete ese proceso, se elaborará un dictamen acusatorio o absolutorio. Si el vocal que instruya la denuncia considera que debe ser acusado, el dictamen aprobado en la comisión será elevado al plenario del Consejo de la Magistratura, donde se analizará el planteo. Ese proceso puede demorar hasta dos años.
"Hoy Bonadío quiere 'honrar' al fiscal Alberto Nisman y presentarse como un abanderado de la causa AMIA, pero fue un histórico conspirador contra el fallecido fiscal y encubridor de los encubridores del atentado", señaló Tailhade al referise a la causa que impulsó Nisman. Los hechos denunciados por el legislador son investigados por el Juez Casanello, en una causa en la que el fiscal requirió numerosas medidas de prueba y deslizó la posibilidad de que Bonadío sea convocado a prestar declaración indagatoria.
En una segunda presentación, Tailhade solicitó al Consejo de la Magistratura que investigue las manifestaciones de Ibar Pérez Corradi sobre Ernesto Sanz. Sostuvo que es necesario que "el Plenario le ordene al Cuerpo de Auditores la apertura de una información sumaria para deslindar responsabilidades por los dichos del narcotraficante Perez Corradi que, luego de haber sido traído con honores y recibido como si fuese un jefe de estado por la ministra (Patricia) Bullrich, declaró ante el Juzgado de Servini de Cubría que le había dado 200 mil dólares a Sanz que era consejero para que atacara a Faggionato Márquez a fin de impulsar un juicio político".
"Los hechos son extremadamente graves como para que nos hagamos los distraídos, nos afecta a todos como sociedad, a este Consejo, a los consejeros que estuvieron en aquel momento y a los que estamos ahora mismo, por lo que debemos saber si esos hechos sucedieron o no y en su caso, determinar la responsabilidad que le cabe a cada quien", completó.
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