La denuncia es por los delitos de "entorpecimiento de servicios públicos y violación de deberes de funcionario público" alcanzó a Telmex, e Ibercom Multicom, responsables de las obras que provocaron el apagón que afectó esas zonas.
El juez federal porteño Luis Rodríguez quedó a cargo ayer de la denuncia penal efectuada por la cartera a cargo de Julio de Vido. En la presentación se denunció a las empresas Telmex, Ibercom Multicom SA y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por diversos delitos como "entorpecimiento de servicios público" y "abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público". El magistrado deberá ahora darle vista a la fiscalía para que dictamine si corresponde impulsar investigación y realizar imputaciones.
Unos 45 mil usuarios y decenas de semáforos continuaban sin funcionar ayer a la tarde por el corte de energía provocado por una tuneladora durante trabajos encargados por Telmex en la esquina de la avenida Figueroa Alcorta y Vaz Ferreiro.
Edesur detalló que "la acción de esta maquinaria que trabajaba en la vía pública provocó un severo daño perforando en dos ternas de alta tensión de 132 kv dejando fuera de servicio a las Subestaciones Azcuénaga y Paraná".
Además, informó que "dispuso de 60 grupos electrógenos -que ya fueron repartidos- con el fin de que nuestros clientes recuperen paulatinamente el suministro, mientras se continúan con los trabajos de reparación". También indicaron que se está disponiendo una ayuda especial para personas electrodependientes, y se está coordinando con Defensa Civil la entrega de agua mineral en las viviendas afectadas.
Por su parte, el ministerio de Planificación indicó en un comunicado que la denuncia se realiza "por expresas instrucciones del Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido” y “contra los Directivos de la empresa Telmex S.A, los Directivos de la empresa Ibercom Multicom S.A. y los funcionarios responsables del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que se investigue la posible comisión de los delitos contemplados en el Título VII: Delitos contra la Seguridad Pública”.
La denuncia además solicita que “se determine sus autores y responsables que hayan participado de alguno de los ilícitos denunciados en perjuicio de todos los usuarios del servicio público de energía eléctrica, que se vieran afectados por el corte general ocurrido el 13 de octubre”, en la zona concesionada a la distribuidora Edesur S.A. que afectó principalmente los barrios de Recoleta, Palermo y Barrio Norte.
De acuerdo a la presentación, “respecto de los directivos de la empresa Telmex S.A. como responsables directos de la obra, correspondería su imputación por su accionar imprudente y/o negligente al no controlar a su personal dependiente y/o al personal de la contratista, en este caso, Ibercom Multicom S.A. A esta última, sus titulares y personal a cargo por su obrar negligente y/o por su impericia que directamente causaron el daño en las redes de alta tensión y el consecuente corte de suministro. Ello sin perjuicio que su conducta podría ser encuadrada como dolo eventual en virtud de los hechos expuestos precedentemente”.
En línea con ello y por su parte, en el escrito se establece que “los funcionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al autorizar la ejecución de la obra, no solo tenían el deber de proporcionar la información adecuada para evitar cualquier incidente, sino que no podía ser ajena la existencia del tendido de la red eléctrica en el área de influencia de la obra, por lo que debían haber extremado los recaudos que correspondieran y por su obligación, efectuar los controles necesarios en la ejecución de la misma”.
“Al respecto se aprecia una total ausencia de supervisión y control en la ejecución de la obra lo que desencadenara en la ocurrencia de los hechos aquí expuestos y como consecuencia de ello, los funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resultarían responsables por la omisión en el ejercicio del poder de policía y control lo que determina su responsabilidad 'in vigilando' de la obra”, cita otro párrafo del documento.
Asimismo, determina que “la gravedad de la conducta omisiva de los agentes gubernamentales trajo como consecuencia inmediata la afectación de miles de usuarios del servicio público de energía eléctrica aquejados por el corte y cuantiosas pérdidas derivadas de los trabajos de reparación de las averías”.
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