Por Genaro Grasso
El BCRA denunció ante la Procuración que el Ministerio de Justicia de la Ciudad habilitó de manera ilícita casas de cambio que transaban dólares ilegales.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) autorizó de manera ilegal a casas de cambio para operar en moneda extranjera, de manera que blanqueó la operatoria de 17 entidades que vendían dólar ilegal.
Según informaron fuentes judiciales, la denuncia que presentó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el Ministerio Público Fiscal, los certificados de habilitación fueron "emitidos por la Agencia Gubernamental de Control de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo del Sr. Guillermo Tristán Montenegro".
"El mercado va a fijar el tipo de cambio, no vamos a intervenir", sostuvo el jefe de Gobierno de la Ciudad y candidato presidencial de Cambiemos, Mugrizio Macri, en un almuerzo en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP).
Lo que omitió en este reciente evento es que su propio gobierno intervino para que el tipo de cambio sea fijado por un mercado muy particular, el ilegal. En los hechos, la autorización de las "cuevas PRO" funciona como una forma de blanquear el dólar ilegal en el corazón del sistema financiero, que es la city porteña.
Según la normativa vigente, sólo el BCRA puede autorizar la apertura de nuevas entidades financieras o cambiarias, por lo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad estaría incumpliendo lo previsto. Por otro lado, el permiso otorgado por la Ciudad de Buenos Aires no era transitorio, ya que las 17 cuevas autorizadas no habían solicitado la habilitación correspondiente en el Central.
Por ello, en la denuncia consideraron que las casas de cambio clandestinas "buscan esta habilitación del gobierno de esta ciudad para aparentar legitimidad en la operatoria ilícita y marginal", es decir, que a partir del permiso ilegal otorgado por el macrismo, crearon una plataforma para comprar y vender divisas a un tipo de cambio mucho más alto que el oficial. Por otro lado, la Ciudad "estaría avasallando facultades que por ley le son propias a este Ente de Control, en su función de fiscalizador del Sistema Financiero y Cambiario", según la denuncia.
La Ciudad de Buenos Aires "no tiene las facultades necesarias para habilitar a ninguna persona para operar como 'Casa de Cambio', o cualquier otra actividad financiera o cambiaria, sin dar previa intervención a este BCRA o bien solicitar la constancia que este Ente Rector ha dado a fin de autorizar al solicitante a operar en cambio", señaló el texto presentado ante el Ministerio Público Fiscal.
El Central obtuvo las primeras pistas respecto de esta maniobra ilícita durante los allanamientos de las cuevas de Cabello 3717 y Luis María Campos 1181, el 23 y el 16 de febrero de este año, en marco de dos causas judiciales diferentes (Nº95/15 y Nº227/15, ambas en el Juzgado en lo Penal Económico Nº 5). Las dos entidades tenían habilitaciones del Gobierno de la Ciudad, una de las cuales databa de julio de 2009, bajo el código "604008", con la descripción "Casa de Cambios-Agencia de Seguros".
Asimismo, la entidad oficial informó en reiteradas oportunidades al Ministerio de Justicia y Seguridad porteño sobre la maniobra ilegal y advirtió que las entidades detectadas se dedicaban "en principio a la operatoria marginal de cambio". Ante la falta de respuesta, el 1 de julio pasado, el BCRA le pidió al ministerio "cesar en su accionar actual, la remisión de un nuevo listado completo de las habilitaciones extendidas e informar el curso de acción". Desde el Gobierno de la Ciudad sólo contestaron enviando un CD con las casas de cambio habilitadas, de las cuales 17 no estaban habilitadas por el Central para este tipo de operatoria, "conformando una infracción a la Ley de Régimen Penal Cambiario". En nueve de las cuevas, el encargado del local en el momento del allanamiento "coincidía con la persona titular de la habilitación otorgada".
Por ello, según la denuncia, aun habiendo sido informados "funcionarios del Gobierno de la Ciudad, se han arrogado una competencia que no le es propia". Esto implica un "delito doloso y de dolo directo. Ello quiere decir que conoce la ilegalidad de las resoluciones u órdenes que se dictan o ejecutan y, debe tener la voluntad de dictarlas, oponiéndose a la ley". Este tipo de delito está tipificado por el artículo 248 del Código Penal, que establece que "será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial a doble tiempo".
La denuncia fue explicada por el presidente del BCRA, Alejandro Vanoli, el último miércoles en una conferencia de prensa. El titular del banco de bancos calificó el delito como "una situación increíble" por no consultar a la entidad monetaria incluso conociendo la irregularidad en la que incurrieron, "lo que evidencia fallas administrativas y cuestiones penales que hay que averiguar".
Las autoridades porteñas, en vez de responder al cuestionamiento legítimo del Central "presentaron un listado incompleto de establecimientos habilitados para operar en cambios y la argumentación de que las habilitaciones se otorgaron para cotejar condiciones de higiene y seguridad", lo cual no justifica la licencia para comprar y vender moneda extranjera, que depende del BCRA.
Por otro lado, el hecho de que la supervisión de las entidades financieras esté en manos del Central implica que esta entidad debe realizar el doble trabajo de perseguir a los cueveros y a los funcionarios macristas. "El funcionamiento de locales habilitados por el Gobierno de la Ciudad para la actividad cambiaria sin la debida intervención del Banco Central perjudica notoriamente el normal desarrollo de las funciones de fiscalización y control", concluyó Vanoli en su presentación.
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