La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación identificará la semana próxima dos lugares como sitios de memoria en San Pedro y San Isidro, que fueron centros clandestinos de detención y tortura durante la última dictadura cívico militar.
La primera señalización se hará el martes 7 a las 11.30 en la comisaría de San Pedro, en Bartolomé Mitre 1980 de esa localidad, donde autoridades nacionales, provinciales y municipales, junto al Encuentro Regional por Memoria y Justicia, sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos homenajearán a los detenidos-desaparecidos.
Las operaciones represivas en San Pedro eran comandadas desde el Batallón de Ingenieros de Combate 101, a cargo del Área Militar 132, bajo el mando de los tenientes coroneles Manuel Saint Amant (entre 1975 y 1977) y Norberto Ferrero (entre 1977 y 1979), cuya jurisdicción abarcaba ciudades como San Nicolás, Ramallo, Pergamino y Baradero, entre otras.
En tanto, el jueves 9 a las 16, será señalizado el sitio donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como "Casa del S.I.N." (Servicio de Inteligencia Naval), en Colectora Panamericana (mano hacia Capital) y Thames, en el partido bonaerense de San Isidro, donde participarán familiares e integrantes de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, junto a funcionarios nacionales y locales.
El predio donde hoy se erige un complejo de oficinas, fue construido en la década del '70 como residencia del Comandante en Jefe de la Armada Argentina y desde 1976 fue utilizado como centro ilegal de detención por parte del S.I.N., dependiente de la Armada, que operaba en conjunto con la ex ESMA.
Allí permanecieron detenidos y fueron torturados hombres y mujeres perseguidos por su militancia política, social y sindical y al menos dos niños estuvieron también secuestrados en este lugar durante el cautiverio de sus padres.
La “Casa del S.I.N.” fue demolida antes de finalizada la dictadura, en un intento por borrar las evidencias de los crímenes que allí se cometieron, y en democracia el predio fue cedido a la Municipalidad de San Isidro, utilizándose durante años como campo de deportes hasta que en 2009, la Intendencia vendió el terreno a una empresa privada.
La decisión fue resistida por los organismos de derechos humanos y sobrevivientes que acompañados por la Secretaría de Derechos Humanos lograron la intervención de la Justicia para que el lugar fuera preservado. A pesar de ello, la medida fue levantada en 2011 y se permitió que la empresa propietaria del predio construyera un edificio de oficinas.
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